El Gobierno vasco quiere ampliar la plantilla de Osakidetza con «2.000 nuevas plazas»

En lo político, ambas formaciones solo evidencian una discrepancia pactada: el tema del autogobierno. El desarrollo de un nuevo estatuto es el punto que más fricción puede crear, sobre todo al inicio de la legislatura. De todos modos, ambos marcan las reglas de juego claramente. Hacen suyos los acuerdos entre Pedro Sánchez y el PNV en Madrid; abogan por el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas vascas; avalan todo el trabajo 'ad hoc' realizado en las pasadas legislaturas y recuerdan que «cualquier iniciativa legislativa debe contar con la mayoría absoluta del Parlamento vasco y, con posterioridad, ser remitida a las Cortes Generales para su tramitación conforme a los cauces legales establecidos y, en su caso, ser sometida a decisión de la ciudadanía para que lo ratifique en referéndum».

Ambos partidos ensalzan y ratifican su «compromiso claro con el principio de estabilidad institucional y el desarrollo estatutario» que seguirán defendiendo «desde la lealtad». Tras reiterar su voluntad de lograr con la mayor celeridad posible las transferencias ya pactadas del Estatuto de Gernika que no lograron ser culminadas en la pasada legislatura, ambas formaciones también defienden que el nuevo Ejecutivo autonómico «impulsará la construcción europea y la presencia y participación de las instituciones vascas en las instituciones de la Unión».

El nuevo Gobierno vasco incrementará las retribuciones que reciben los profesionales de Atención Primaria, siempre que permanezcan en la misma plaza. Para fomentar su continuidad en el mismo centro de salud se les ofrecerá además flexibilidad laboral. Esta es una de las iniciativas con las que el nuevo lehendakari quiere favorecer las plazas de difícil cobertura en este nivel asistencial. El equipo de Pradales tratará además de ampliar la plantilla de personal facultativo y de enfermería en los ambulatorios «siempre que sea posible» y reducirá los tiempos de espera para ser atendido por el médico de familia.

Osakidetza cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 40.000 trabajadores, de los que 31.000 son personal estatutario y el resto temporales. En febrero el Consejo de Gobierno aprobó una nueva ampliación de 1.431 plazas fijas. Pradales avanza que seguirá dando continuidad a la estabilización de los puestos «actualmente ocupados por personal temporal», por lo que valora llevar a cabo un nuevo incremento de la plantilla de Osakidetza que alcanzaría «a otras 2.000 nuevas plazas». El Ejecutivo plantea también convocar más OPE y -esto sí es novedoso-, «evaluar nuevas fórmulas para estabilizar a médicos y enfermeras en situación eventual que trabajen en especialidades deficitarias». El Gobierno vasco buscará a su vez habilitar estratégias que le permitan atraer y retener talento en el ámbito sanitario.

Por otra parte, Osakidetza estudia crear un nuevo hospital específico centrado en la atención de las enfermedades crónicas, para dar así respuesta a las actuales necesidades de una población cada vez más envejecida. Además durante este mandato el Ejecutivo acometerá las ampliaciones de los hospitales de Basurto, Galdakao, Donostia, Txagorritxu y construirá nuevos centros de salud en Durango, Llodio, Vitoria y Bilbao.

Para dar respuesta a este creciente problema, en especial entre los jóvenes, se va a elaborar una nueva estrategia de salud mental en Euskadi. Una de sus acciones más llamativas será la creación de una unidad de apoyo psicosocial para atender al entorno familiar y social de las personas que se hayan suicidado. En 2022, último año con datos oficiales, se quitaron la vida 184 personas en el País Vasco. / TERRY BASTERRA

El documento recupera los compromisos adquiridos en la Ley de Educación aprobada en diciembre con el único apoyo de los partidos del Gobierno. Entre ellos, impulsar un pacto contra la segregación (según el cronograma del acuerdo educativo sobre el que se elaboró la normativa, debería haber sido aprobado en 2023); y crear el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y las Lenguas (con capacidad para elaborar material educativo e influir en los currículos) o el Consejo de la Escuela Pública (un nuevo ente que haga las veces de interlocutor de la escuela pública). Otros aspectos que aparecen son el impulso a las direcciones de los centros o medidas para reducir la carga burocrática, fomentar la lectura y «desarrollar un nuevo Plan de mejora de los resultados e indicadores escolares».

Lo único concreto que aparece en el acuerdo es avanzar en una serie de obras en centros públicos. En Bizkaia son los institutos de Etxebarri, Muskiz, Trueba (Barakaldo), José Miguel Barandiaran (Leioa), Elorrieta-Erreka Mari, Ispaster, San Jorge (Santurtzi) y Urkitze (Bakio). Se construirán nuevas infraestructuras en Sopela, Gatika, Manuela Zubizarreta (Etxebarria) y un centro de FP en Balmaseda. En Álava, mientras tanto, se contempla culminar las obras en ejecución de centros vitorianos como el IES Salburua o el CEIP Aldaialde, y diseñar y poner en marcha nuevas infraestructuras educativas como la que albergaría nuevos estudios de FP en el CPI Murgia de (Zuia). No obstante, en el documento no aparecen partidas económicas concretas para llevar a cabo todas estas medidas.

En cuanto a universidades, se habla de «fortalecer» el ecosistema universitario promocionar el euskera como lengua académica y de investigación, aumentar un 6% de media anual las inversiones en programas predoctorales y postdoctorales e invertir el 3% del PIB en investigación y ciencia. No se dice nada, en cambio, de dedicar el 1% del PIB a la universidad pública, un horizonte al que obliga la nueva Ley de Universidades estatal. / ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE LUCIO

El acuerdo de bases para esta legislatura deja un papel destacado al reto demográfico, que durante el pasado mandato se erigió en un «reto de país», en palabras de Iñigo Urkullu. Entre las principales medidas para facilitar la conciliación, y así dar un espaldarazo a la natalidad, que en 2023 volvió a tocar suelo, se encuentra extender más allá de los 3 años la ayuda mensual de 200 euros por hijo. Se trata de una prestación que entró en vigor en 2023 –en su primer año la percibieron 53.413 niños– y que PNV y PSE tienen ahora la intención de ampliar hasta que el menor cumpla los 7 años, edad que se elevará a 10 en el caso de las familias numerosas o monoparentales.

Otra de las iniciativas de mayor calado será la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 24 semanas. Serán iguales para ambos progenitores e intransferibles. En el documento suscrito por ambas formaciones no especifica cómo se regularán estas licencias, que deberán ser estudiadas también por sindicatos y patronal, pero Euskadi, pese a no tener competencias para legislar sobre los permisos, sí que dispone de otras fórmulas. A finales de 2019, la comunidad autónoma elevó hasta las 16 semanas el permiso de los progenitores no gestantes a través de excedencias voluntarias subvencionadas. En la actualidad, en el sector privado los padres y madres tienen derecho a 16, pero el Gobierno vasco ya anunció hace unos meses que, a finales de este año o comienzos del próximo, ascenderá a 18.

Si algo quedó claro también la pasada legislatura fue que los movimientos migratorios no son una tendencia, sino algo estructural. El País Vasco está en máximos de ciudadanos originarios de otros países, y las llegadas, marcadas por los conflictos y la inestabilidad política a escala global, no cesan. De ahí que otra de las necesidades de cara a estos próximos cuatro años sea facilitar la incorporación sociolaboral de las personas inmigrantes. Se elaborará, en ese sentido, un plan integral que contemple la cualificación, experiencia y la gestión de las autorizaciones de los permisos de trabajo y acogida para ofrecer una «gestión inteligente e inclusiva de quienes lleguen a Euskadi en busca de una oportunidad». / ALBA CÁRCAMO

Los Servicios Sociales constituyen uno de los puntos fuertes del programa de gobierno entre PNV y PSE. En este apartado destacan tres prioridades: la puesta en marcha de «un nuevo modelo de cuidados», que promueva una igualdad entre los tres territorios (habla de la necesidad de acabar «con la disparidad de apoyos y derechos») y, como tercera pata, «potenciar» la atención en el domicilio y «adecuar los centros residenciales» que en la actualidad son grandes instalaciones «reduciendo su tamaño» y transformándolos en «alternativas colectivas de convivencia» y logrando así que «se transformen en lo más parecido a un hogar».

Sobre el nuevo modelo de cuidados, el nuevo Ejecutivo habla de la necesidad de firmar un «pacto de país», aboga por la «prevalencia de la gestión pública directa» y se compromete con la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de cuidar a nuestros mayores. Literalmente apuesta por la «reversión de la desigual distribución entre mujeres y hombres de los trabajos de cuidado no remunerado»

Llama la atención el punto que detalla la necesidad de desarrollar un sistema vasco de Servicios Sociales porque deja entrever que, en la actualidad, hay tres modelos diferentes en función del territorio en el que se viva. Porque el pacto de gobierno apuesta por «un sistema de cuidados de país sin disparidad de apoyos y derechos, garantizando la igualdad y la equidad en los apoyos». Además, enfatiza que el Gobierno vasco debe tener la «competencia de coordinación» de las ayudas que se vayan a otorgar a los ciudadanos y también debe encargarse de «la distribución adecuada de recursos a nivel territorial».

Finalmente, el documento mantiene una línea similar a la de la pasada legislatura en su visión de lo que debe ser una residencia. Insiste en «potenciar el modelo de atención en el domicilio» y subraya la voluntad del Ejecutivo en «adecuar los centros residenciales», «reduciendo su tamaño», y promoviendo «alternativas colectivas de convivencia». / ALBA CÁRCAMO

Diálogo y pacto. Sin decirlo de esta manera, el programa insiste en la necesidad de solucionar el conflicto laboral de la Ertzaintza. Pactar un nuevo acuerdo regulador, tras años sin suscribir un nuevo convenio, figura en la parte más alta de las prioridades en esta materia después de los duros enfrentamientos registrados entre sindicatos y el departamento dirigido por Josu Erkoreka. En concreto, se habla de actualizar «las productividades, los índices correctores y el sistema de desarrollo profesional del personal». Los sindicatos reclaman la equiparación salarial con las policías locales mejor pagadas. También se busca «reforzar y adecuar los efectivos abordando un Plan de Cobertura de Plazas», lo que viene a decir que se convocarán nuevas promociones para tratar de solucionar los problemas de falta de agentes que sufre la Policía autonómica, que se encuentra bastante por debajo de los 8.000 policías previstos. También se requiere reforzar las unidades de investigación y de Tráfico, donde existen problemas organizativos por falta de personal.

Cámaras individuales. Dentro del plan de modernización de la Ertzaintza, otro de los objetivos vuelve a ser dotar a los ertzainas de dispositivos de grabación «con el objetivo de otorgarles seguridad jurídica, aportar elementos probatorios a la autoridad judicial ante la comisión de un ilícito penal y garantizar la transparencia de sus actuaciones». Se trata de un proyecto que no es nuevo. En 2020 se inició un proyecto piloto.Y, de hecho, las patrullas de actuación rápida, los denominados 'bizkor', ya las llevan en sus uniformes. La idea es extender la medida al conjunto de la organización.

Adaptarse a la «realidad criminológica actual» es otra de las prioridades. En este sentido, se apunta la necesidad de reforzar las unidades que luchan contra «delitos emergentes» como la delincuencia organizada. Desarrollar la CyberZaintza (Agencia Vasca de Ciberseguridad) para combatir los delitos informáticos, que no dejen de crecer año tras año. Y crear unidades «especializadas en investigación de fraudes, estafas, amenazas digitales y extorsiones». / DAVID S. OLABARRI

Euskadi se encuentra en récord histórico de cotizantes y el nuevo Gobierno quiere avanzar hacia el pleno empleo, pero garantizando su calidad. En este sentido, se compromete a promover en la Mesa de Diálogo Social un acuerdo interprofesional que recoja «un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica vasca». Por otro lado, el Ejecutivo seguirá trabajando en la experiencia piloto para reducir la jornada laboral pese a la oposición de Confebask.

Otro de los ejes en política laboral es avanzar en la transformación de Lanbide para que sea un servicio más eficaz. En este ámbito se compromete a realizar un acompañamiento específico a los mayores de 55 años y a reformar los incentivos para que los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) puedan compatibilizar la ayuda con un salario.

En un contexto de escasez de trabajadores en varios sectores, el Gobierno se propone impulsar el Basque Talent Center para atraer talento. El programa presta atención a la necesidad de simplificar la homologación de los títulos extranjeros, impulsar la atracción de estudiantes extranjeros en estudios de postgrado y doctorado y activar, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos, la integración del talento internacional «incluyendo el acceso de la vivienda y a los servicios educativos». / ANA BARANDIARAN

El Gobierno vasco impulsará la creación de un macrofondo de inversión, a imagen de los fondos soberanos que operan en algunos países del norte de Europa, como es el caso de Noruega, aunque con una combinación de recursos públicos y privados. El objetivo es tomar participaciones accionariales en grandes compañías -se alude de forma textual a «multinacionales vascas»- con el objetivo de influir para evitar la deslocalización de sus centros de decisión.

La experiencia de los últimos años ya ha demostrado que este objetivo difícilmente se puede conseguir con un fondo de algunos cientos de millones de euros, como es el Finkatuz del Gobierno vasco, y que hay que pasar a una dimensión de miles de millones, para lo que es necesario una confluencia entre recursos de la Administración pero también de inversiones privadas. Para reforzar aún más esa política PNV y PSE se comprometen a «agilizar» la toma de decisiones en Finkatuz -el fondo ha consumido el último año y medio sin nuevas inversiones-, al tiempo que se comprometen a a modificar la normativa de las EPSV para facilitar sus inversiones en empresas de la comunidad autónoma.

El programa recoge una clara apuesta por la industria para intentar que supere el listón del 40% del PIB vasco. También por la descarbonización, que incluye el compromiso del Ejecutivo de no participar como accionista en empresas que estén vinculadas a los combustibles fósiles -hay todavía alguna participación pública en empresas vinculadas al gas- más allá de 2030. Sin embargo recoge un guiño muy claro a la estrategia de Petronor, al incluir el respaldo a los procesos industriales vinculados a los combustibles sintéticos, en especial para el segmento de aviación, que es una de las apuestas estratégicas de la compañía vasca. / MANU ALVAREZ

La vivienda es uno de los grandes retos para el nuevo Gobierno, ya que está íntimamente relacionada con la emancipación juvenil. El acuerdo de PNV y PSE aborda esta cuestión en cuatro páginas, en las que se sitúa la vivienda como «eje estratégico de la legislatura».

Los socios se comprometen a impulsar políticas de construcción y fomento de viviendas sociales y protegidas, ampliando el parque público de vivienda, y reservando un 50% a menores de 36 años. Se fomentará el mercado del alquiler con incentivos fiscales y se pondrá el foco en los colectivos más vulnerables, como familias monomarentales, numerosas, víctimas de violencia machista, personas que lleven más tiempo en las listas de Etxebide o jóvenes. En este sentido, los ingresos mínimos para acceder a Gaztelagun o Emantzipa, los programas de ayuda al alquiler y para la emancipación, pasarán de 28.000 a 30.000 euros anuales. Además, se contempla explorar fórmulas «innovadoras» de residencia, como los alojamientos temporales, de vivienda colaborativa 'cohousing', las viviendas intergeneracionales y los apartamentos tutelados.

También se habla de «desarrollar, en el marco de nuestras competencias, los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico vigente relativo al derecho a la vivienda, especialmente los dirigidos al control de los precios de los alquileres gestionados por grandes tenedores, mediante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado». Este último punto está contemplado en la Ley de Vivienda estatal que el PNV ha recurrido en los tribunales, lo que ha provocado un enfrentamiento con el PSE. / IÑIGO FERNÁNDEZ DE LUCIO

El acuerdo prevé apretar el acelerador con las energías renovables. En concreto, jeltzales y socialistas se plantean promover la instalación de 900 MW de nuevos proyectos de producción eléctrica sostenible. En la actualidad, Euskadi cuenta en este ámbito con una potencia de 480 MW. Es decir, el objetivo a corto plazo es triplicar lo existente. Para ello se antoja imprescindible la aprobación del PTS de energías renovables, tal y como se deja entrever en el pacto firmado.

Respecto a los residuos, el nuevo Ejecutivo se propone reducir, reutilizar y valorizar. Y aunque estas ideas generales no se traducen por ahora en proyectos concretos, es cierto que Pradales y sus socios del PSE se plantean «valorizar» un millón de toneladas de desechos que anualmente acaban en los vertederos, cada vez más llenos en Euskadi. No se especifica cuál será el destino de estos residuos (¿envío a plantas, incineración...?) ni cómo se piensa gestionar este cambio.

El transporte público también es otro de los aspectos que abordan PNV y PSE. Una de las ideas trasladadas es tratar de aumentar su utilización. Para ello se proponen facilitar los transbordos y «completar la integración tarifaria que permita una intensificación del uso del transporte público en el conjunto de los servicios de transporte ofrecidos». Por último, se quiere avanzar hacia la gratuidad de los billetes para colectivos más vulnerables; posiblemente los jóvenes y las personas con escasos recursos. / JOSU GARCÍA

El acuerdo de gobierno firmado por PNV y PSE apuesta por impulsar Foronda como el aeropuerto de referencia de Euskadi para las conexiones transoceánicas y de mercancías, además de anunciar que dotará de medios a la infraestructura alavesa para que pueda acoger en un futuro los vuelos que sean desviados de Loiu por climatología adversa.

En Bizkaia, ambos partidos anuncian que impulsarán una lanzadera ferroviaria entre Carranza y Aranguren; que reducirán de 30 a 15 minutos las frecuencias de la conexión ferroviaria entre Amorebieta y Bermeo; y que encargarán un estudio para la construcción de un nuevo apeadero de tren a la altura del actual Astillero Murueta, futura sede del Guggenheim de Urdaibai. Anuncian además que se construirán unas nuevas cocheras en Arriagas (Erandio) para las unidades de tren que darán servicio a las líneas de metro 3, 4 y 5, operadas por EuskoTren.

En Álava, se apuesta por la ampliación del tranvía hasta Zabalgana, la construcción de unas nuevas cocheras en Betoño y por analizar la extensión del servicio hasta el pabellón Buesa Arena. Se anuncia además que se impulsará el corredor atlántico europeo, mediante la autopista ferroviaria Lille-Vitoria y la construcción de una plataforma multimodal en Jundiz.

Ambos partidos muestran además su deseo de impulsar un servicio ferroviario entre Baiona y San Sebastián. / JOSU GARCÍA

Dentro de la Autoridad del Transporte de Euskadi y en colaboración con las instituciones competentes se apuesta por un sistema común de bonificaciones y descuentos progresivos en función de la realidad socioeconómica de los usuarios, llegando incluso a la gratuidad en algunos medios.

Apostar de forma clara por la electrificación, con incentivos a la renovación del parque automovilístico estableciendo criterios de utilización, renta y reducción de emisiones, además de la ampliación de la red eléctrica de recarga en los tres territorios.

Favorecer a los vehículos con etiqueta cero en el tráfico por dentro de los cascos urbanos. Para ello, en colaboración con los ayuntamientos, se les permitirá aparcar con tasas bonificadas en las zonas azules y verdes gestionadas por el Servicio de Estacionamiento Regulado. Además, promover la creación de plazas de aparcamiento reservadas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables. / ALBA CÁRCAMO

El programa de gobierno plantea «tomar en consideración el marco del Plan para reactivar la comarca de Busturialdea y Lea Artibai y las actuaciones medioambientales» acordadas con el Gobierno central para «avanzar en el proyecto Guggenheim Urdaibai» en el seno del patronato «y en colaboración con la Diputación». El Gobierno también participará en la reforma y ampliación del Teatro Principal de Vitoria y en la mejora del Victoria Eugenia de San Sebastián junto a las instituciones locales y forales.

Asimismo propone elaborar una Ley de Sistema Cultural «para garantizar el derecho de la ciudadanía de acceder a la cultura, definir las competencias» de las instituciones y sentar las bases de un sistema «sólido y coordinado de cara al futuro».

El apoyo a los creadores es otro de los ejes de la acción cultural. PNV y PSE-EE abogan por fomentar programas de formación y residencias para artistas, con dimensión internacional. Para mejorar la profesionalización del sector, proponen elaborar un censo y una guía de buenas prácticas para la contratación de iniciativas culturales, además de iniciativas en el ámbito fiscal. / TERESA ABAJO

Pese al gran avance en cuanto a conocimiento del euskera en la sociedad vasca en las últimas décadas, lo cierto es que sigue siendo un idioma minoritario en las relaciones sociales. Ahí quieren poner el foco PNV y PSE, que impulsarán políticas «para que el euskera siga ganando terreno tanto en nuestra sociedad como en el complejo y cambiante mundo digital».

Para ello, la medida más relevante será impulsar la gratuidad para aprender euskera desde el nivel A1 al C2. Actualmente esta ayuda únicamente alcanza hasta el B2. También se facilitarán permisos y horas para que los trabajadores aprendan euskera y se creará una aplicación digital de autoaprendizaje desde los dispositivos electrónicos, entre otras iniciativas.

Desde el punto de vista de la industria audiovisual, el acuerdo de gobierno prevé promover «los subtítulos y el doblaje» en euskera y dar un impulso al uso de la lengua vasca en las extraescolares, para que los menores de 16 la utilicen «como lengua habitual» en estas actividades de ocio y deporte. / IÑIGO FERNÁNDEZ DE LUCIO

En materia de memoria, PNV y PSE han adquirido varios compromisos: desarrollar el espacio expositivo 'Gogoragune', poner en marcha un Museo de la Paz en Gernika e impulsar el nuevo Memorial 3 de Marzo en Vitoria, además de seguir colaborando con el Centro Memorial de Víctimas de la capital alavesa. También se seguirá fomentando el programa Adi-Adian para acercar el testimonio de las víctimas al alumnado de ESO, Bachiller y universitario.

Desde el punto de vista político, los socios de gobierno quieren impulsar la aceptación de un suelo ético para la convivencia que incluya todas las vulneraciones de derechos humanos y, de forma «expresa», las provocadas por el terrorismo de ETA. El objetivo es que «sea compartido, por primera vez, por todas las tradiciones políticas de Euskadi», en clara alusión a EH Bildu.

En definitiva, la consolidación de «una convivencia plural, integradora y comprometida con los derechos humanos» será una «prioridad» del nuevo Gobierno. / IÑIGO FERNÁNDEZ DE LUCIO

Con el viento a favor de un turismo que se ha transformado en uno de los sectores que ha posibilitado el crecimiento económico y del empleo, el acuerdo de gobierno apostará por un turismo sostenible y responsable con el medio ambiente que beneficie a todas las partes.

La hoja de ruta intensificará la presencia de Euskadi en ferias referentes de carácter internacional y apostará por consolidar a la comunidad autónoma como destino de excelencia, seguro y comprometido con la igualad y la diversidad. Estimulará el espíritu emprendedor y empresarial con actuaciones especificas dirigidas a los jóvenes y trabajará en la profesionalización del sector para fomentar la estabilidad del empleo.

En materia de comercio y hostelería, apuesta por mantener la evolución tecnológica y digital del comercio local para aprovechar la cercanía y atención personalizada. Impulsará una Ley de Cámaras de Comercio con el objetivo de mejorar la oferta de servicios de asesoría y apoyará programas que faciliten la transmisión empresarial de los pequeños comercios. Desarrollará un diagnóstico del comercio y la hostelería en zonas rurales desabastecidas para favorecer la creación de empleo y favorecerá políticas para garantizar la pervivencia de los mercados municipales en importantes localidades y pueblos. / LUIS GÓMEZ