Vivienda: 7.000 pisos de alquiler social, la mitad para los menores de 36 años

El anuncio supondría un impulso importante a la construcción de viviendas sociales. A modo de comparativa, en el periodo 2016-2020 se erigieron en Euskadi 4.124 pisos de este tipo, casi la cuarta parte de todos los que se construyeron en España en esos años.

El nuevo Ejecutivo también promoverá «convenios» con los ayuntamientos para impulsar planes municipales de vivienda y habilitar pisos de alquiler para jóvenes, generando 3.000 nuevas viviendas «de carácter rotatorio». En ese sentido, se fomentará, en colaboración con los consistorios, la construcción de alojamientos dotacionales, destinados preferentemente a la juventud.

El problema es que la vivienda anunciada no va a ser suficiente. En el primer trimestre había 94.000 personas inscritas en Etxebide a la espera de un alquiler protegido. El País Vasco necesitaría construir 103.000 pisos para satisfacer la demanda, según el Observatorio Vasco de Vivienda. Pero se construyen muy pocos inmuebles, independientemente de si son de tipo social o promociones libres. En 2023 sólo se erigieron 5.000 pisos en Euskadi. Seis años antes fueron 15.000. Es decir, hay poca vivienda, la que hay es cara y la construcción, al menos en Bizkaia, es complicada por la orografía. Un rompecabezas de difícil solución.

En ese contexto, PNV y PSE quieren fomentar las viviendas sociales y protegidas, ampliando el parque público de vivienda, y reservando un 50% a menores de 36 años. Se propulsará el mercado del alquiler con incentivos fiscales y se pondrá el foco en los colectivos más vulnerables, como familias monomarentales, numerosas, víctimas de violencia machista, personas que lleven más tiempo en las listas de Etxebide o jóvenes.

Otra novedad relevante es que los ingresos máximos para acceder a Gaztelagun o Emantzipa, los programas de ayuda al alquiler y para la emancipación, pasarán de 28.000 a 30.000 euros anuales. Además, se contempla explorar fórmulas «innovadoras» de residencia, como los alojamientos temporales, de vivienda colaborativa 'cohousing', las viviendas intergeneracionales y los apartamentos tutelados.

También se habla de «desarrollar, en el marco de nuestras competencias, los mecanismos que ofrece el ordenamiento jurídico vigente relativo al derecho a la vivienda, especialmente los dirigidos al control de los precios de los alquileres gestionados por grandes tenedores, mediante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado». Este último punto está contemplado en la Ley de Vivienda estatal que el PNV ha recurrido en los tribunales, lo que ha provocado un enfrentamiento con el PSE.