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Los Servicios Sociales constituyen uno de los puntos fuertes del programa de gobierno entre PNV y PSE. No en vano, ha sido uno de los temas de debate en el Parlamento vasco, sobre todo desde la pandemia y el efecto que el virus tuvo en ... las residencias. En este apartado, los socios en la Lehendakaritza destacan tres prioridades: la puesta en marcha de «un nuevo modelo de cuidados», que promueva una igualdad entre los tres territorios (habla de la necesidad de acabar «con la disparidad de apoyos y derechos») y, como tercera pata, «potenciar» la atención en el domicilio y «adecuar los centros residenciales» que en la actualidad son grandes instalaciones «reduciendo su tamaño» y transformándolos en «alternativas colectivas de convivencia» y logrando así que «se transformen en lo más parecido a un hogar».
Sobre el nuevo modelo de cuidados, el nuevo Ejecutivo habla de la necesidad de firmar un «pacto de país», aboga por la «prevalencia de la gestión pública directa» y se compromete con la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de cuidar a nuestros mayores. Literalmente apuesta por la «reversión de la desigual distribución entre mujeres y hombres de los trabajos de cuidado no remunerado».
Llama la atención el punto que detalla la necesidad de desarrollar un sistema vasco de Servicios Sociales porque deja entrever que, en la actualidad, hay tres modelos diferentes en función del territorio en el que se viva. Porque el pacto de gobierno apuesta por «un sistema de cuidados de país sin disparidad de apoyos y derechos, garantizando la igualdad y la equidad en los apoyos». Además, enfatiza que el Gobierno vasco debe tener la «competencia de coordinación» de las ayudas que se vayan a otorgar a los ciudadanos y también debe encargarse de «la distribución adecuada de recursos a nivel territorial».
Finalmente, el documento mantiene una línea similar a la de la pasada legislatura en su visión de lo que debe ser una residencia. Insiste en «potenciar el modelo de atención en el domicilio» y subraya la voluntad del Ejecutivo en «adecuar los centros residenciales», «reduciendo su tamaño», y promoviendo «alternativas colectivas de convivencia».
Además, el Ejecutivo de Imanol Pradales promete un «programa específico contra la soledad no deseada» que debe elaborarse «con el liderazgo del Gobierno vasco», en lo que vuelve a dar la impresión de ser un nuevo reproche a las políticas diversas de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa en este sentido.
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