Educación: un pacto contra la segregación escolar

El nuevo Ejecutivo que liderará Imanol Pradales se fija como prioridad impulsar un pacto contra la segregación escolar, que es una de las principales amenazas a la equidad y a la igualdad de oportunidades. Este compromiso ya estaba incluido en el acuerdo firmado en abril de 2022 entre PNV, PSE, EH Bildu y Podemos y que sirvió de base para la ley. Según aquel documento, el pacto contra la segregación debía haberse sustanciado en 2023.

En todo caso, el acuerdo de gobierno sí hace hincapié en la necesidad de un sistema educativo «inclusivo». En este sentido se plantean propuestas como abrir los comedores escolares para los alumnos de familias vulnerables en periodos vacacionales y consolidar el sistema de becas para «evitar desigualdades en el acceso a la educación». En relación con esto, el texto recoge, una vez más, el eterno compromiso de impulsar un estudio del coste de la plaza escolar. Se trata de una herramienta clave para avanzar en la gratuidad de la enseñanza y evitar que los centros concertados cobren cuotas a las familias, lo que impide a los alumnos desfavorecidos acceder a estos colegios.

El documento también se refiere al Consorcio de Haurreskolak, la red de escuelas infantiles públicas, aunque el epígrafe de 'Reto demográfico' le dedica más espacio que el de 'Educación'. Se dice que se promoverá la «extensión de la oferta» del consorcio y se plantea la posibilidad de establecer «horarios complementarios» para favorecer la conciliación. Desde que el servicio es gratuito, las solicitudes se han disparado y, por segundo curso consecutivo, habrá cientos de familias que se queden sin plaza.

Por lo demás, se recogen otras iniciativas ya anunciadas en la nueva ley como la creación del Instituto para el Aprendizaje del Euskera y las Lenguas (con capacidad para elaborar material educativo e influir en los currículos) o el Consejo de la Escuela Pública (un nuevo ente que haga las veces de interlocutor de la escuela pública). Otros aspectos que aparecen son el impulso a las direcciones de los centros, medidas para reducir la carga burocrática, fomentar la lectura e impulsar el Bachillerato Internacional, aunque no se concreta ninguno de ellos.

Por otro lado, el nuevo Ejecutivo se compromete a «desarrollar un nuevo Plan de mejora de los resultados e indicadores escolares». No obstante, el documento no hace referencia al bajón en el rendimiento académico de los alumnos vascos en la última década y se limita a señalar que impulsará una educación «de excelencia» con u marco «plurilingüe e intercultural» que tome como «ejes» el euskera y la cultura vasca.

Respecto a las nuevas tecnologías, el texto apunta a «abrir una reflexión compartida» con el profesorado y las direcciones de los centros acerca del «control de los dispositivos electrónicos en horario de clase». En estos momentos, Euskadi es la única comunidad autónoma de España que no tiene una regulación común del móvil para todos los centros educativos.

Lo único concreto que aparece en el acuerdo es avanzar en una serie de obras en centros públicos. En Bizkaia son los institutos de Etxebarri, Muskiz, Trueba (Barakaldo), José Miguel Barandiaran (Leioa), Elorrieta-Erreka Mari (Bilbao), Ispaster, San Jorge (Santurtzi) y Urkitze (Bakio). Se construirán nuevas infraestructuras en Sopela, Gatika, Manuela Zubizarreta (Etxebarria) y un centro de FP en Balmaseda. En Álava, el programa contempla, de entrada, culminar las obras en ejecución de centros vitorianos como el IES Salburua o el CEIP Aldaialde (se estrenará en septiembre) en Zabalgana, y diseñar y poner en marcha nuevas infraestructuras educativas como la que albergaría nuevos estudios de FP en el CPI Murgia de (Zuia).

En materia de FP, uno de los puntales del sistema educativo vasco, Pradales se compromete a erigirlo como «referente mundial», reforzar la formación dual e incrementar la presencia del euskera e inglés en los centros.

En cuanto a universidades, se habla de «fortalecer» el ecosistema universitario, promocionar el euskera como lengua académica y de investigación, aumentar un 6% de media anual las inversiones en programas predoctorales y postdoctorales e invertir el 3% del PIB en ciencia, tecnología e innovación para 2030. No se dice nada, en cambio, de aumentar la financiación de la universidad pública hasta el 1% del PIB, un horizonte al que obliga la nueva Ley de Universidades estatal. También se apuesta por la internacionalización y la atracción de estudiantes extranjeros.