La Fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión de varios condenados

En una sentencia inédita en Euskadi por el amplio número de condenados, la sala presidida por Jaime Tapia ha condenado a 15 de los 26 acusados por varios delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. «Era una trama destinada a cobrar comisiones. Creo que la sentencia habla por sí misma», zanjó el fiscal Josu Izaguirre, quien ha llevado el peso de la acusación. Se trata de la mayor condena a una trama de corrupción en Euskadi en toda la historia, un caso cuyas principales vertientes fueron desveladas por EL CORREO durante la fase de instrucción. A nivel individual, solo se acerca la condena a diez años que el Tribunal Supremo impuso al exdirector de la Oficina de Irún José María Bravo o la de Osakidetza en los noventa.

Este miércoles, la Fiscalía ha presentado un escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Álava en el que reclama el ingreso inmediato en prisión de los cinco principales condenados en el 'caso De Miguel'. La petición de la Fiscalía deberá resolverse en una vista a puerta cerrada. En todo caso, la Audiencia Provincial de Álava emitirá próximamente una providencia en respuesta a la petición del Ministerio Público, según han confirmado fuentes judiciales.

La Audiencia Provincial de Álava, en una sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, ha condenado a 15 personas por las actividades desarrolladas entre 2005 y 2009 por una red dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos.

Los principales condenados en este juicio son el exdiputado foral y antiguo 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo De Miguel, los también exdirigentes 'jeltzales' Koldo Ochandiano y Aitor Telleria, el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Xabier Sánchez Robles, el exconcejal de Leioa Iñaki San Juan y el empresario Josu Montes.

El fallo cierra, a la espera del previsible recurso que se presente ante el Tribunal Supremo, un caso que arrancó hace diez años con la denuncia de la abogada Ainhoa Alberdi. Más de mil folios en los que se establece de forma clara que los acusados urdieron una red para recibir pagos ilegales aprovechándose de los cargos que ocupaban y de los contactos que poseían mediante la adjudicación a dedo de concursos licitados por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, liderado entonces por Juan José Ibarretxe. El epicentro estaba situado en el parque tecnológico de Miñano, ubicado a las afueras de Vitoria.

En una demostración de lo que significa para el PNV lo ocurrido este martes, Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar comparecieron apenas dos horas después de hacerse pública la sentencia. A la misma hora, pero por separado. El primero en Lehendakaritza y el segundo en Sabin Etxea. Pero ambos con un objetivo muy similar. Delimitar los daños y evitar que el fuego se extienda de forma descontrolada.

En un gesto de calado y poco usual, los dos pidieron perdón y se esforzaron en recalcar que todos los acusados actuaron de manera individual. Que el 'caso De Miguel' poco tiene que ver con 'Gürtel', donde el PP fue condenado como partido por financiarse de forma irregular. Es decir, que la trama centrada en Álava estaba integrada por 'manzanas podridas' que montaron un grupo en beneficio propio sin conocimiento del partido y que la dirección tomó las medidas pertinentes en cuanto el escándalo salió a la luz.

En 2010, el ahora lehendakari era el presidente del Euzkadi buru batzar y exigió a los procesados la entrega de los carnés del PNV. Los acusados se lo tomaron con calma, entre otros motivos, porque contaban con el apoyo explícito y el arrope de parte del partido, en especial de Joseba Egibar. Seis meses después de que Urkullu se lo plantease, De Miguel y el resto de afiliados jeltzales se dieron de baja.

El problema para el PNV es que, aun siendo cierto que el fallo en ningún momento señala que el dinero obtenido de forma irregular fuese a las arcas del partido, sí se establece que altos cargos jeltzales se aprovechaban del poder que ostentaba el PNV en Álava para sacar tajada. La contundencia del escrito judicial deja poco margen a la interpretación. Los jueces de la Audiencia de Álava establecen que De Miguel, Tellería y Ochandiano idearon el segundo trimestre de 2005 «la creación de una red societaria y personal organizada en torno a sí mismos para aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al PNV».

La trama tendría como objetivo «obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el partido en el que militaban (PNV), ya fuera para empresas vinculadas a ellos o para terceras personas». Los magistrados establecen que los acusados llegaron a cobrar o percibir «en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realmente hechos».

Uno de los pocos consuelos que le queda al PNV es que las condenas son sustancialmente inferiores a las que exigía la Fiscalía. En el caso de De Miguel, Izaguirre pedía 29 años de prisión. Al final, han sido 13, aunque estará un «máximo» de nueve en prisión. Aun así, el mazazo es considerable. De Miguel también tendrá que afrontar el pago de una multa de 351.000 euros, Tellería otra de 180.000 euros y Ochandiano una de 182.000. No son los únicos altos cargos vinculados con el PNV que, previsiblemente, pasarán por prisión. A Xabier Sánchez Robles, antiguo director del Departamento de Juventud del Ejecutivo autonómico, le han caído siete años y un mes de cárcel.

A pesar de todos los esfuerzos por relativizar el impacto de la condena, el PNV se enfrenta a un escenario hasta ahora desconocido para la formación jeltzale. La imagen de Euskadi como un oasis a salvo de la corrupción queda difuminada y abre a los partidos de la oposición una vía para intentar desgastar a Urkullu, que siempre ha defendido la «ética» en la gestión pública. Además, De Miguel y Ochandiano trabajan en estos momentos en sociedades públicas dependientes del Gobierno vasco.

Los más furibundos en los ataques fueron EH Bildu y el PP. Alfonso Alonso se preguntó si el lehendakari asumirá «responsabilidades políticas» y se cobró su particular venganza. «Urkullu y Sánchez apoyaron una moción de censura contra Mariano Rajoy bajo el argumento de la corrupción», recordó el presidente de los populares vascos en alusión a lo que sucedió el año pasado en el Congreso de los diputados.

Arnaldo Otegi, por su parte, recordó otros procesos como «Osakidetza, Margüello, Getaria, Alonsotegi, Karrantza, Bakio...». «Nadie nos puede convencer ya de que esto es una excepción y no la regla», apuntó el coordinador general de EH Bildu. A un año de las elecciones autonómicas, la veda se ha levantado.

Otra cosa es si tendrá algún coste electoral. Tanto en Sabin Etxea como en Lehendakaritza consideran que, de haberlo, será mínimo.