El regalito

Diez años después de que una empresaria denunciara lo que venía aconteciendo en algunos despachos oficiales ocupados por importantes nombres de la nomenklatura peneuvista, la Audiencia Provincial de Álava ha dictado sentencia. Una sentencia ponderada, contundente pero no demasiada dura, que llevará a varios notables del PNV a la cárcel para cumplir largas penas de prisión. Si el Supremo no la enmienda, claro, porque aún no es firme.

Según el fallo, la trama mafiosa existió. Al frente de ella, Alfredo 'Txitxo' De Miguel, nada menos que el por entonces todopoderoso 'número dos' de la Diputación y del PNV en Álava, que en pocos meses estaba previsto fuera designado presidente del Araba buru batzar (ABB). A su lado otros exburukides, como Koldo Ochandiano o Aitor Tellería, que le acompañarán en prisión. Y cargos públicos como un exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, o un exconcejal peneuvista vizcaíno, Iñaki San Juan.

La condena constituye todo un regalito. Para el PNV, que recibe un contundente varapalo y ve manchado su buen nombre por un reprobable escándalo de corrupción. Y del propio partido de Andoni Ortuzar a la sociedad vasca, por haberle obligado a soportar las prácticas mafiosos de varios de los suyos. Y no precisamente de unos cualquiera.

Hace una década, cuando estalló el escándalo, la dirección jeltzale entonces encabezada por el lehendakari Iñigo Urkullu, reaccionó con prontitud y contundencia, a diferencia de lo que había sido habitual en otros partidos. Forzó de inmediato la salida de De Miguel de la Diputación alavesa y reclamó el carné a los tres principales encausados, condenados a largas penas de cárcel. Tardó seis meses en conseguirlo, y 'gracias' a la mediación de Joseba Egibar, a cuyo sector pertenecían.

De Miguel puso una condición al partido antes de entregar el carné: que no les abandonara. Y el PNV ha cumplido. De la tolerancia cero inicial, los jeltzales han pasado en estos años a defender la presunción de inocencia de sus compañeros, a cargar contra la Fiscalía por cualquier motivo y a acusar a algunos medios de comunicación y periodistas de orquestar un linchamiento. Amén de encargarse de que los encausados no tuvieran problemas económicos.

Ortuzar y Urkullu se han apresurado a rechazar lo sucedido. A pedir disculpas a la sociedad porque los culpables fueran compañeros de partido. Y a prometer que el PNV intentará mejorar los mecanismos internos de control para tratar que tales hechos no vuelvan a repetirse.

Inteligente e inhabitual respuesta de los máximos dirigentes de un partido tras la condena de varios de los suyos por corrupción. Lástima que resulte tan difícilmente creíble que nadie se enteró de nada cuando hubo decisiones en las que participaron decenas y decenas de personas. Y más aún todo lo que se ha deslizado desde ámbitos jeltzales contra el trabajo de la Fiscalía y del Periodismo.

Ni durante la instrucción del caso ni tras el juicio, el escándalo De Miguel no ha debilitado electoralmente al PNV. Al contrario. Perfecto si ello es consecuencia de que los ciudadanos han pensado que el trabajo realizado por los peneuvistas está muy por encima de este caso. Lo triste sería que se haya minusvalorado, o peor aún ignorado, un escándalo grave. Esas actitudes son las que contribuyen a que la corrupción sea un problema presente, y no pasado.