La red aprovechó su «gran influencia» en el PNV para obtener contratos

Su 'modus operandi' era similar en cada una de las once ramificaciones de la trama corrupta, y así lo certifican los tres magistrados (Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria) en base a múltiples correos electrónicos, informes económicos, trabajos, testimonios y los registros realizados por la Ertzaintza en los domicilios de los principales implicados. Las actuaciones policiales, muy criticadas por los encausados, son validadas en el fallo, incluidos los cuadernos que Ochandiano guardaba en el trastero de su casa y donde aparecían anotaciones de ingresos «en negro».

El 'negocio' en el caso del parque tecnológico de Miñano arrancó cuando Alfonso Arriola, entonces gerente del centro de empresas y alcaldable de PNV en Vitoria, recurrió a De Miguel en busca de indicaciones para ampliar sus instalaciones. ¿Por qué? «Por resultar una persona de confianza por su afinidad política», describen los jueces en el apartado de hechos probados de la sentencia que ocupa más de mil folios. De Miguel, en connivencia con Tellería, contactaron con Jon Iñaki Echaburu para ejecutar la ampliación de Miñano. Ambos conocía a este constructor «al militar en el mismo partido desde hacía tiempo». Estaba asociado con la abogada Ainhoa Alberdi (posterior denunciante del caso) en la empresa Urbanorma Consulting.

Los burukides hicieron «uso de sus relaciones personales y su posición en el mundo de la política» para interceder ante los funcionarios del Parque Tecnológico de Álava y adjudicar el contrato a Urbanorma, mantienen los magistrados. Echaburu se comprometió a entregar a cambio «una cantidad acorde» con el precio de la operación (600.000 euros) como pago por «la intervención» de De Miguel y Tellería «en la ilícita adjudicación».

La terna de magistrados ve evidente que los contratos no cumplieron ni con la ley ni con las normas internas del propio centro empresarial. Ninguno de los máximos responsables de la red de parques tecnológicos, tanto Arriola como Julian Sánchez Alegría, jamás pusieron en duda el contrato por la «influencia política» de 'Txitxo', como todo el mundo conoce al principal encausado en este proceso.

La errante trayectoria de la constructora Urbanorma desembocó en un concurso de acreedores, con Ainhoa Alberdi asumiendo todas las responsabilidades empresariales. Entre ellas, el pago de la mordida que el tribunal estima que ella desconocía. En total, 100.000 euros que Alfredo de Miguel, ya como diputado foral de Administración Local, no dudó en reclamarle en una reunión en el mismísimo Palacio de la Provincia, sede de la Diputación alavesa, y a través de su propia cuenta de correo institucional, demostrando una sensación de impunidad casi absoluta. Ella no accedió, compró una grabadora para registrar sus encuentros posteriores y acabó denunciando esa situación ante la Fiscalía Provincial de Álava, dirigida por Josu Izaguirre.

La sentencia remacha que en los últimos años «desgraciadamente» se observa «un vínculo entre la política y los empresarios particulares, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y este caso no es una excepción».

El poder de la 'trama De Miguel' no se ciñó de forma exclusiva a Vitoria. Los jueces consideran probado que De Miguel, Tellería y Ochandiano extendieron sus tentáculos a la zona rural con el «ánimo de obtener un beneficio económico» a través de la adjudicación de obras en municipios entonces gobernados por alcaldes del PNV. Intercedieron en localidades como Zigoitia y Lapuebla de Labarca para lograr obras para su amigo Echaburu. La remodelación de un vial y la construcción de una piscina pública estaban presupuestados en 426.750,39 euros, de los que un 4% finalmente acabaron en el bolsillo de los líderes de la red corrupta.

Los cerca de 17.000 euros que obtuvieron en Zigoitia y Lapuebla podrían parecer calderilla si se comparan con el 'macropelotazo' millonario que idearon para el pequeño pueblo de Zambrana y que frenaron ante la llegada del socialista Patxi López al Palacio de Ajuria Enea. Alfredo de Miguel y el promotor Josu Arruti -íntimo amigo desde su época de EGI, las juventudes del PNV- exigieron una comisión de 322.000 euros a unos empresarios catalanes por «impulsar el proyecto y remover los obstáculos que pudieran ir surgiendo» en este proceso, dicen los jueces. También dan por bueno que las empresas de la trama se reservaron el derecho a participar en el futuro desarrollo del polígono industrial de 120 hectáreas entre la AP-68 y la N-124, a orillas del río Ebro.

Un compromiso que De Miguel ni siquiera rompió cuando se convirtió en máximo responsable del Departamento foral de Administración Local, equivalente al de Urbanismo. La terna de magistrados considera que «influyó directamente» sobre sus directores de departamento para que en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco apoyasen las modificaciones necesarias para desarrollar esta operación industrial, pese a no existir informes de impacto ambiental que respaldasen la modificación urbanística propuesta. «No obedecía a criterios técnicos o jurídicos, sino a intereses de De Miguel», subraya el fallo.

Como en el resto de casos, 'Txitxo' no fue en busca de la operación, sino que ésta llegó a sus manos gracias a otros compañeros peneuvistas. «Dado que militaban en el mismo partido y se conocían», argumenta el dictamen, la alcaldesa de Zambrana, Justina Angulo, se puso en contacto con Alfredo de Miguel para buscar su apoyo al proyecto de recalificación de terrenos para tratar de atraer industria a la zona. Él intermedió para 'colocar' el plan a Sprilur -sociedad pública dependiente del Departamento vasco de Industria- y a un empresario navarro-aragonés, pero ninguno prosperó. Al final, toparon con un grupo de empresarios catalanes, capitaneado por Francesc Fernández Joval, que en base a su confesión accedió a pagar una comisión para no perder esta oportunidad empresarial.

La sentencia también responsabiliza hasta cierto punto a la alcaldesa de intermediar a favor de la trama. «Dictó decretos que se apartaban de forma manifiesta de la legalidad vigente y de los intereses públicos que tenía encomendados», sostiene el documento redactado por la juez Elena Cabero. Angulo ha sido inhabilitada 9 años para cargo público.

Más allá del sector del ladrillo, las empresas investigadas también probaron suerte en el área de Juventud. Con el Departamento de Cultura del Gobierno vasco suscribieron una veintena de contratos menores -sin necesidad de convocar un concurso público- con mercantiles relacionadas con la red de empresas diseñadas por los principales inculpados. Si bien durante el juicio todo el mundo trató de autoexculparse, los jueces señalan directamente al director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, de facilitar la adjudicación irregular de contratos mediante el fraccionamiento de tareas, sin comprobar la capacidad de las empresas adjudicatarias. Incluso se abonaron cantidades «sin comprobar si los trabajos habían sido adjudicados».

Autorizó contratos «a sabiendas de que la prestación sería realizada por empresas distintas a las que figuraban como contratante», evidencian los tres magistrados. Además sostienen que Sánchez Robles daba «contratos a dedo por mera conveniencia personal por encima de intereses públicos». El tribunal exculpa a su superior, el antiguo viceconsejero Gurutz Larrañaga, que daba el 'visto bueno' a los informes de sus técnicos.

Cinco cuadrillas -mancomunidades de ayuntamientos- de Álava coincidieron a la hora de contratar a dedo a la empresa Errexal, que formaba parte de la 'trama De Miguel', para el desarrollo de su Plan Joven en 2005. Sus antiguos responsables no acertaron a la hora de explicar quién les había informado sobre la existencia de una compañía recién constituida y que en dicha fecha ni siquiera contaba con empleados en nómina. La sentencia mantiene que la pertenencia de todos ellos al PNV y «la relación de los presidentes de las cuadrillas con el Araba buru batzar, del que eran principales figuras Tellería, De Miguel y Ochandiano» puede explicar esta coincidencia de criterio.