Los 'topos' de ETA

«Tú has venido aquí entrenado». Un agente de la primera promoción de la Ertzaintza le dice estas palabras al ganador de un concurso de tiro organizado en la academia de Arkaute a principios de julio de 1982, pocos días antes de que los policías terminaran su formación y fueran destinados a custodiar instituciones y al servicio de tráfico. Era una broma que resulta ser cierta. El ganador ha sido un agente cuyo nombre se hará famoso más tarde: Iñaki de Juana Chaos.

La primera promoción de ertzainas entró en la academia el 8 de febrero de 1982 y terminó su formación el 29 de julio. A De Juana Chaos lo destinaron a custodiar la Diputación de Gipuzkoa donde la Policía vasca tenía unas dependencias en las que guardaba armamento. El 28 de febrero de 1983 diez miembros de ETA asaltan las instalaciones, neutralizan a los diez agentes que custodian la sede oficial y se apoderan de 114 pistolas y algunos uniformes. Luego huyen sin ningún problema con el arsenal.

De inmediato, los periódicos sacan el nombre de un ertzaina como sospechoso de estar implicado en el robo. Es Juan Manuel Pumar. Integrante también de la primera promoción, a la que pertenecieron la mayor parte de los ertzainas que colaboraron con ETA, el policía había desarrollado su trabajo con normalidad durante cinco meses, hasta que el 30 de diciembre de 1982 agentes de la Guardia Civil entraron en una cabaña situada en un monte de la localidad navarra de Santesteban y descubrieron a dos miembros de ETA político militar VIII Asamblea que mantenían secuestrado al empresario Saturnino Orbegozo. Apenas se difunde la noticia, Pumar abandona su domicilio y huye a Francia. Poco después se conocerá que él había alquilado la borda. Incluso, había invitado a compañeros del trabajo a visitarla en varias ocasiones.

Sin embargo, Pumar no tiene nada que ver con el robo de las armas. Las investigaciones no tardan en descubrir la implicación en el robo de otro agente destinado también en la Diputación. Es Iñaki de Juana Chaos quien pasa a ETA la información sobre la existencia del armero y las medidas de seguridad del edificio oficial. Cuando sus compañeros van a buscarlo a su domicilio, en la calle Carlos I, de San Sebastián. De Juana ya está al otro lado de la frontera, donde Txomin Iturbe le propone encuadrarse en el comando Madrid de ETA.

Pocas semanas después del robo de las armas, la Ertzaintza recibe una información confidencial según la cual las pistolas están escondidas en un caserío cercano a Beasain, en el Goierri. La policía vasca da credibilidad a la información recibida y prepara un plan para intervenir. El superintendente Carlos Díaz Arcocha reúne en la vivienda que tiene dentro de la academia planos del caserío y de la zona con el dispositivo policial que se ha elaborado para actuar. Los responsables de Interior deciden que sean los berrocis los que hagan la intervención. Sus miembros tienen la preparación adecuada para una operación de ese tipo, pero hay un problema: no son policías. Su situación legal en aquel momento es algo confusa. El Cuerpo Especial de Seguridad fue creado en 1980, pero hasta mayo de 1984 no fue integrado en la Ertzaintza, por lo que en hasta entonces no tenían la consideración legal de policías. Actuaban como escoltas de los miembros del Gobierno vasco. «Que abran el almacén de ropa para que los berrocis recojan uniformes». Es la orden que llega a la academia de Arkaute en abril de 1983. No son agentes, pero harán la intervención en el caserío de Beasain como si fueran ertzainas.

La operación de Beasain se prepara para el 13 de abril. Veinticuatro horas antes, una persona con acceso a la vivienda del superintendente Díaz Arcocha encuentra los documentos de la operación y los fotocopia. Luego los enseña a numerosas personas en la academia. Alguno de los agentes que pudieron ver aquellos papeles recuerda que media academia estaba enterada de los planes de intervención.

Cuando los berrocis llegan al caserío sospechoso la vivienda está abandonada. No encuentran a nadie y tampoco encuentran armas. Localizan en cambio 676 kilos de cannabis empaquetados en fardos y cubiertos con un plástico como si fuera forraje. Sobre el plástico, un rótulo: «Canadá export mall. Vía Maracaibo». Una fuente de la CIA manifiesta a la agencia norteamericana que ETA era propietaria de la droga y que con esas casi siete toneladas hubiera podido financiar el mantenimiento de 500 miembros de la banda y sus familias residentes en Francia. El informe de la CIA, identificado con la signatura NIE 1-8-85 y fechado en noviembre de 1985, oculta el nombre de la fuente que ha facilitado esos datos o esas suposiciones.

Tal vez la pista de las armas fuera falsa y las pistolas robadas nunca pasaron por el caserío. O tal vez sí y la filtración de los planes de intervención de manera indiscriminada en la academia permitió que la noticia llegara hasta ETA. Las armas, en todo caso, llegaron a los arsenales de ETA en Francia, al igual que los uniformes robados, aunque estos fueron recuperados tres años más tarde. Estaban escondidos en el zulo de la empresa Sokoa, en Hendaya, junto con un misil de origen ruso.

Juan Manuel Pumar e Iñaki de Juana fueron los primeros miembros de la policía vasca vinculados a ETA, pero no los únicos. En 1982 José María Lizarraga Goicoechea y Jesús María Bastarrica Munduate constituyeron el comando Axio de ETA. Por indicación de sus jefes en la banda terrorista, los dos ingresaron en la Policía vasca y se mantuvieron activos durante varios años. Bastarrica hasta que murió en un accidente de tráfico y Lizarraga hasta la desarticulación del comando en 1985.

El camino de ETA a la Ertzaintza fue recorrido también por Pedro María Briones Goicoechea. Sus primeros vínculos con la organización terrorista se remontan a 1979, aunque ingresó formalmente en la banda en 1983 para constituir el comando Bianditz con el que participaría en el asesinato de un policía nacional en San Sebastián. Dos años después de cometer el asesinato dejó ETA para ingresar en la Policía autonómica en la que apenas permaneció un año ya que fue detenido en 1986. Tras su arresto se reinsertó y gracias a ello le fue concedido el tercer grado penitenciario en 1990.

La segunda oleada de infiltrados en ETA se produce en la segunda mitad de los años ochenta y está focalizada en Álava. En torno al comando Araba, más exactamente. En octubre de 1987, a raíz de la captura del dirigente etarra Santi Potros, la policía francesa se incauta de una copia de la documentación de un ertzaina destinado en la Brigada Móvil. Domiciliado en Rentería, el agente tenía alquilado un piso en la calle Médico Tornay, de Vitoria, que estaba al servicio del comando Araba.

El policía, captado por Francisco Múgica, 'Pakito', pasó a la organización terrorista información sobre dos coroneles y otros militares, además de alquilar la vivienda en la que se encontraron armas de la banda terrorista. Fue condenado a siete años de cárcel.

La red de ertzainas al servicio del comando Araba comenzó a tejerse en 1984 a partir de la iniciativa de un etarra huido en Francia y apodado 'Navarro el loco'. Un día invitó al agente José Miguel Suescun a visitarle. En ese viaje, además de reunirse con el miembro de ETA, el policía se reúne con Ángel Iturbe, hermano del máximo dirigente de la banda. Cuando vuelve a casa lo hace con el compromiso de colaborar con el comando Araba que en aquellas fechas estaba integrado por los liberados José Javier Arizkuren y Soledad Iparragirre.

A partir de febrero de 1985, los dos etarras pasan a menudo por la vivienda de Suescun en la capital alavesa. Este policía, además, recluta a varios compañeros suyos. El primero de ellos es el sargento Josu Guergue Gómez, originario de la localidad navarra de Aguilar de Codés, cercana a Estella. Procede de una familia con destacados militares entre sus antepasados. Uno de ellos es el general carlista Juan Antonio Guergue que fue fusilado en Estella por el también general Maroto junto a otros cuatro líderes militares tradicionalistas que se oponían a las negociaciones de paz abiertas con los isabelinos.

Guergue ocupa el puesto número 9 en el escalafón de sargentos de la Ertzaintza. Salido de la academia como responsable de la sección de Tráfico en Álava, fue uno de los fundadores y dirigentes del sindicato policial ERNE. Junto al sargento, Suescun recluta a otros dos compañeros, Santos Berganza Cendegui y Federico Fernández de Jáuregui. Todos de la primera promoción de la Ertzaintza.

Este grupo de policías celebra reuniones con miembros de ETA, proporcionan información para atentados, facilitan transporte o alojamiento. Hacen lo que cualquier colaborador de ETA de paisano. Con la salvedad de Iñaki de Juana, la organización terrorista no es capaz de sacar más partido a sus policías que el que sacaría a un reponedor de supermercado o a un portero de discoteca.

En febrero de 1985, Guergue, Berganza y Fernández de Jáuregui viajan a Francia y, en un piso de la localidad de Anglet, celebran una reunión con el jefe de los comandos de ETA, Santi Potros, quien, además de pedirles información, les aconseja que fomenten el antimilitarismo. Curiosa petición para proceder de un líder de ETA militar.

La trama de infiltrados está en su momento de mayor actividad cuando se produce el primer atentado contra un mando de la policía vasca. Ocurre el 7 de marzo de 1985 en la gasolinera de Elorriaga, cerca de Vitoria y de la academia de la Ertzaintza. La víctima es el teniente coronel Carlos Díaz Arcocha, el máximo jefe de la policía vasca. Esa mañana, como otras muchas, ha salido de la academia a primera hora para desayunar en el bar de la gasolinera. Mientras lo hace, miembros de ETA colocan una bomba lapa bajo su coche. Cuando el militar regresa al vehículo y lo intenta poner en marcha se produce la explosión de la bomba y el superintendente resulta mortalmente herido. El atentado sigue sin esclarecer todavía. Los autores están en libertad.

Tras el atentado, como reveló EL CORREO el 3 de marzo de 2018, la Consejería de Interior encarga la investigación del asesinato al sargento Josu Guergue que elige para ayudarle a dos ertzainas, uno de ellos Federico Fernández de Jáuregui. Difícilmente podría haber encontrado el Gobierno vasco mejor equipo de investigación para ese atentado. Dos de los tres policías encargados del trabajo eran colaboradores de ETA con acceso directo al jefe del aparato militar de la banda terrorista. Para averiguar la autoría del crimen les bastaba con volver a Francia y preguntarle a Santi Potros.

Nunca en una investigación sobre un acto terrorista han estado los policías tan cerca de los criminales como en esta ocasión. Claro que los resultados no estuvieron a la altura de las posibilidades. Los investigadores se dedicaron a realizar viajes por el País Vasco que terminaron con un pleito judicial con la Consejería de Interior por las dietas de viaje y los gastos de comida. Ese fue el único resultado de la investigación: una disputa judicial por un gasto de 5.295 pesetas en tres comidas y 27.000 pesetas más correspondientes a kilometraje no justificado.

La existencia de este grupo de ertzainas que apoyaban a ETA en Álava no se conoció hasta que la Guardia Civil desarticuló al comando Araba en septiembre de 1989. La investigación llevaría a identificar la red de colaboradores y a desmantelar la trama de infiltrados en la Ertzaintza. Los 'topos' etarras fueron detenidos por sus propios compañeros.

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