Del Concierto Económico al Concierto Político

El 11 de septiembre de 2008, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminaba que las haciendas forales vascas podían fijar un Impuesto de Sociedades diferente al del Estado ya que disponían «de suficiente autonomía en el ejercicio de sus competencias legislativas en materia tributaria». Así, los órganos jurisdiccionales europeos certificaban la legalidad y legitimidad del Concierto Económico vasco en el marco comunitario.

Rescato tal pronunciamiento ante la constante apelación que desde diversos ámbitos de la política y opinión publicada españolas se hacen del sistema de relaciones económico-financieras existente entre las comunidades vasca y navarra y el Estado español. No hay momento ni oportunidad en la que, por desconocimiento o mala fe, no se califique el Concierto Económico y su consecuente Cupo como un «privilegio», una prerrogativa «insolidaria» y «caduca», cuando no «un atentado» contra la igualdad de la ciudadanía. Quienes pregonan tales discursos olvidan que el sistema de Concierto-Convenio está amparado en la disposición adicional primera de la Constitución española; que su desarrollo está contemplado por una ley orgánica sometida a referéndum, el Estatuto de Gernika; y que su legitimidad y validez en el ámbito europeo está blindado por la sentencia anteriormente citada.

El Concierto Económico es el principal pilar del autogobierno vasco. No sólo porque es nuestra herramienta fundamental de política económica, la que nos permite administrar los recursos financieros necesarios para que el país funcione. También porque su naturaleza de pacto nos hace concebir una relación de convivencia pactada con el Estado. Es el único punto de soldadura en una relación inestable y que debiera fortalecerse si pretende proyectarse a futuro.

Hace ya 140 años del primer Concierto Económico. Salvo durante la dictadura, nos ha permitido construir un país avanzado, competitivo y cohesionado socialmente y crecer como sociedad en un mundo abierto. Nuestra intención es trasladar esta relación económico-financiera con el Estado al terreno jurídico-político. Recuperar la esencia del ‘pacto foral’, de las soberanías compartidas, del reconocimiento y respeto recíproco. Su consecución, a través de un nuevo estatus, sería una garantía de concordia y conciliación para las generaciones venideras.