Ertzainas defienden su actuación en los registros del ‘caso De Miguel’

Los ertzainas, alguno de ellos ya jubilados, fueron interrogados sobre cuándo se enteraron de la redada, de dónde venían aquella mañana del 17 de marzo de 2010, qué material incautaron, cómo lo empaquetaron antes de trasladarlo al juzgado de instrucción, por qué recogieron todos los soportes informáticos en las casas de los implicados y quién les dio permiso para recoger estas pruebas. Unas preguntas realizadas sobre todo por el letrado del antiguo ‘burukide’ (al que todos llamaban ‘Txitxo’) que, en cierta manera, buscaban sembrar dudas sobre la actuación de la policía autonómica, que en el prólogo de este ‘macroproceso’ llegó a catalogar de «indiscriminada» y no dudó en acusarles de manipular pruebas.

Los agentes –miembros de la Unidad de Delitos Económicos y la Sección de Delitos Informáticos– han recalcado que la recogida de las pruebas incautadas se ajustó a lo fijado por el juez instructor de la causa, Roberto Ramos, quien seguía estas declaraciones desde otra sala del Palacio de Justicia de Vitoria. Quienes han testificado hoy participaron en el registro del txoko del barrio vitoriano de Ariznabarra donde Kataia –una de las empresas de este complejo entramado societario–, el parque tecnológico de Miñano y los domicilios de Alfredo De Miguel y Aitor Telleria, antiguo miembro del Araba buru batzar. Uno de los que han participado en la vista de este lunes fue quien dirigió todo el operativo de las detenciones y registros, quien recordó cómo tras la lectura del auto del magistrado instructor, el objetivo era recabar todas las pruebas relacionadas con la empresa Kataia y cualquier documentación vinculada con la actividad y flujos económicos, lo que incluía material informático.

Porque el abogado de quien en su día fue diputado foral de Administración Local –la cartera encargada de ‘mimar’ a los pueblos del territorio histórico, el principal caladero de votos del Partido Nacionalista Vasco– dudaba sobre la legalidad de incautar todo el material informático (que, además de ordenadores, incluía discos duros, pinchos USB, cedés, deuvedés, un terminal de punto de venta...). Varios agentes han coincidido en que, en base a su experiencia investigando este tipo de delitos, la contabilidad de una empresa se realiza «desde hace 15 años» –ha calculado uno de ellos– a través de ordenadores, así que la orden judicial no sólo afecta a los archivos y expedientes en papel. Todos estos dipositivos se trasladaron al Palacio de Justicia de Vitoria para su posterior clonado.

Además, han recordado cómo no hubo quejas del secretario judicial ni de los abogados de los detenidos durante los registros. Estos han recordado cómo las pruebas precintadas y los acusados no pasaron por dependencias de la Ertzaintza, ya que era el juzgado de instrucción quien llevaba el mando de estas actuaciones y ellos actuaban como policía judicial.

El proceso tendrá sendas vistas el martes y el jueves de esta misma semana. Un juicio que se alargará –por lo menos– hasta finales de octubre, según los cálculos del tribunal que preside el juez Jaime Tapia, aunque nadie descarta que se pueda alargar aún más. Este lunes tan sólo han estado presentes en la sala cuatro de 26 los imputados en este caso (Justi Angulo, Prudencio Hierro, Xabier Sánchez Robles y Josu Arruti), ya que todos ellos (en su mayoría cargos, militantes y ‘fontaneros’ del sector más soberanista del PNV) tienen derecho a no estar presentes hasta que arranque la fase de testificación.