Las defensas se alinean para pedir la nulidad del 'caso de Miguel'

Los encausados llegaron a pie, uno a uno, hasta el Palacio de Justicia ubicado en la Avenida de Gasteiz de la capital alavesa tratando de evitar los flashes. Uno de los últimos en personarse en el lugar fue el propio Alfredo de Miguel, quien era diputado foral de Administración Local del Gabinete del jeltzale Xabier Agirre hasta que fue arrestado en marzo de 2010. El considerado líder de esta trama se fundió en un fuerte abrazo con otros encausados a las puertas de la sala, que está presidida por el magistrado Jaime Tapia junto a Elena Cabero (ponente y futura redactora de la sentencia) y Raúl Aztiria.

De Miguel era el 'hombre fuerte' del Araba buru batzar (ABB) y estaba llamado a suceder a Iñaki Gerenabarrena al frente del partido en este territorio. Junto a él, en la primera fila de la sala, se sentaron los antiguos burukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, así como sus mujeres (Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu y Araceli Bajo), además de la hermana del antiguo diputado foral, Aintzane de Miguel. Detrás de ellos, tomaron asiento una veintena de encausados que, en su mayoría, están relacionados con el PNV, entre ellos el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, y el director de su departamento, Xabier Sánchez Robles; la que fuese alcaldesa del municipio alavés de Zambrana, Justi Angulo y el antiguo edil de Leioa Iñaki San Juan. Altos cargos, militantes y 'fontaneros' de la formación nacionalista relacionados sobre todo con el sector más soberanista del partido.

La estrategia que comparten los abogados de los principales acusados del 'caso de Miguel' coincide. Su objetivo es que se anule la apertura de juicio oral contra los 26 cargos, militantes y 'fontaneros' del PNV, incluidos el antiguo diputado foral de Administración Local y supuesto cabecilla de la trama, Alfredo de Miguel. Su abogado, Gonzalo Susaeta, consideró que la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza se «extralimitó» a la hora de actuar con una incautación «indiscriminada» e «ilegal» de pruebas durante los registros que inicialmente se hicieron. Desde su punto de vista, se recogieron pruebas físicas y digitales que iban más allá de la causa de la investigación que entonces se ceñía al cobro de comisiones ilegales por parte de la sociedad Kataia Consulting como se le reclamó a la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, quien fue la primera que denunció esta práctica y así descubrió la punta del 'iceberg' de lo que se tradujo en 21.000 folios de sumario de este proceso.

Además de la defensa del antiguo diputado foral, los abogados de Koldo Ochandiano y Aitor Tellería (ambos miembros del Partido Nacionalista) y sus respectivas mujeres tomaron esta misma línea de argumentación.

Pero Susaeta fue mucho más allá y puso en duda la cadena de custodia de los diferentes productos digitales que se les retiraron a las acusados (portátiles, DVD, memorias USB o CD-Rom). Incluso denunció las irregularidades que se registraron con la grabadora en la que Ainhoa Alberdi acumuló conversaciones con diferentes cargos que en cierta medida evidenciaban el pago de mordidas. Desde su punto de vista, en ningún caso los ertzainas apuntaron el número de serie por lo que pudo haber «varias grabadoras» y se «manipularon» algunas de las pistas de audio, algo en lo que coincidió con el letrado de Julián Sánchez Alegría, expresidente de los parques tecnológicos de Euskadi.

Consciente de las suspicacias que puede suponer la prueba de la grabadora de la marca Olympus, el fiscal jefe de Álava Josu Izaguirre había solicitado previamente la presencia de un agente de la policía autonómica para explicar cómo fue la custodia. El Ministerio Público también ha pedido la presencia del notario José María de la Peña, quien participó en el registro de varias sociedades.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Álava, presidido por Jaime Tapia junto a Elena Cabero -ponente- y Raúl Aztiria, se posicionará sobre este asunto en las próximas jornadas del caso que busca poner luz sobre esta supuesta red creada para conseguir contratos públicos de manera irregular y recibir a cambio comisiones. Los magistrados también tendrán que decidir sobre la petición de muchos de los abogados de que la declaración de los acusados se retrase hasta el final del proceso, como recientemente ha sucedido con alguna de las piezas del 'caso Gürtel' o el juicio contra la denominada 'Manada' por una violación en los Sanfermines de 2016.

El juicio se celebra en una sala que se ha tenido que reformar para este proceso habida cuenta del abultado número de abogados, procuradores y las 150 personas que, entre testigos y peritos, tendrán que prestar declaración. Este lunes se han tratado las cuestiones previas y no será hasta el 19 de febrero cuando comiencen a declarar ante el tribunal los testigos en un juicio que se alargará previsiblemente hasta el 25 de octubre tras la celebración de un centenar de sesiones con el objetivo de desenredar la compleja telaraña de sociedades, entre la que constan nombres como Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga, Eskalmelo y Ezkibel.

En la primera vista, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha solicitado la aportación de nuevas pruebas sobre Urbanorma (que se encargaba de la ampliación del centro tecnológico de Miñano), así como la presencia de nuevos testigos -entre ellos- un agente de la Ertzaintza, un inspector de la Hacienda de la Diputación de Bizkaia, el notario José María de la Peña y el antiguo técnico foral alavés José María de la Peña Cadenato. La defensa de Jesús Arruti, empresario que junto a su hijo Josu está acusado de captar a la compañía Riera Urbanizer para la adquisición de opciones de compra por 100 hectáreas de suelo rústico por cinco millones que el entramado quería recalificar para su uso industrial, también ha presentado diversos informes para intentar que no tenga que testificar por razones de salud. Cuestiones sobre las que el tribunal dará respuesta en los próximos días.

La Fiscalía mantiene que De Miguel, para quien pide más de 54 años de cárcel, lideraba un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas» y que para ello se valió de las responsabilidades que tenía por su pertenencia al PNV. La punta del 'iceberg' de esta trama fue Kataia Consulting, una mercantil con domicilio social en un txoko de Vitoria desde la que supuestamente se cobraban comisiones del 4%.

El extensísimo sumario del 'caso de Miguel' está compuesto por cerca de 21.000 folios e implica a otros 25 antiguos altos cargos, militantes y ‘fontaneros’ relacionados en su mayoría con el sector más soberanista del PNV. Todos ellos se enfrentan a penas que, como mínimo, supondrían 7 años y medio de cárcel.

El destape de esta presunta trama supuso un duro golpe para el PNV. Conscientes de la gravedad de la investigación, reclamaron incluso a los imputados que entregaran sus carnés del partido. Tuvieron que esperar seis meses, en lo que se interpretó como un pulso al EBB. De ahí, que la dirección nacionalista tratara de reducir el caso a Álava y a unos comportamientos personales, que nada tenían que ver con el PNV.

Los jeltzales siempre han intentado evitar que se les relacionase con la corrupción. En los años en que los escándalos urbanísticos golpeaban a PP y PSOE, los nacionalistas llegaron a presumir de no tener mancha alguna. En 2014, Urkullu, ya investido lehendakari, aseguró en el Parlamento vasco que la corrupción «no encaja con nuestra cultura y nuestros valores políticos y sociales».

Respondía así al titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Roberto Ramos, y al fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que poco a poco fueron descubriendo una maraña de firmas constituidas «precisamente» -según el auto- para la consecución de manera irregular de contratos en administraciones controladas por el PNV y la supuesta solicitud de comisiones «en base a negocios jurídicos o contratos simulados».

Este escándalo fue descubierto a raíz de una denuncia de Ainhoa Alberdi, abogada encargada de la gestión de la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Alberdi no accedió al pago de una comisión de 100.000 euros que le reclamaba desde su correo electrónico institucional De Miguel, entonces diputado foral del Gabinete de Xabier Agirre.

En la telaraña de sociedades que se descubrió quedaron atrapados familiares y amigos de los tres principales implicados, además de otras personas afines al PNV. Entre ellos, el viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, y su director, Xabier Sánchez Robles. El juez Ramos concluyó que el abono de comisiones del 4% era una práctica habitual y señaló cómo una de las empresas implicadas, Construcciones Loizate, accedió a ese pago a través de la firma Errexal, cuyo gerente era Iñaki San Juan, exconcejal de Leioa, por unas obras en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia.

El antiguo edil también era administrador de Ortzi Muga, que aparece junto a Eskalmelo y Ezkibel entre las compañías que se vieron implicadas en las numerosas derivadas de esta compleja trama que también se extendió a Bizkaia con la compra de unos terrenos rústicos en Frúniz y la construcción de un chalé en Gorliz para la familia del entonces diputado foral.

La ramificación más enrevesada se localizó en Zambrana, donde este ayuntamiento alavés quiso apostar por el desarrollo industrial. De Miguel puso en contacto a la alcaldesa Justi Angulo con los empresarios Jesús y Josu Arruti, quienes captaron a Riera Urbanizer -cuatro de sus integrantes están encausados- como posibles inversores. De hecho, esta empresa catalana desembolsó 5 millones de euros en opciones de compra de 100 hectáreas entre el río Ebro, la AP-68 y la N-124. Una operación que arrancó en 2004 y que siguió adelante pese a los informes contrarios de los técnicos. Sólo la llegada de Patxi López a Ajuria Enea en 2009 paralizó una operación por la que se habían firmado una veintena de contratos por valor de 300.000 euros.

150 personas van a prestar declaración en la Audiencia de Álava durante una macrocausa que se va a prolongar hasta el 25 de octubre. Estos son los acusados más relevantes.

Principal imputado. Cuando estalló el caso era diputado foral de Administración Local en la Diputación de Álava. También fue miembro del Araba buru batzar (ABB), la ejecutiva del PNV del territorio. La Fiscalía considera que lideró un entramado societario dirigido a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de comisiones ilegales.

Exburukide del ABB, exprocurador en las Juntas Generales de Álava y exconcejal del Ayuntamiento de Vitoria. Responsable del Centro de Empresas e Innovación de Álava localizado en el Parque Tecnológico de Álava hasta su detención.

Miembro del Araba buru batzar, exgerente del instituto alavés de Bienestar Social y supuesto promotor de algunas de las sociedades investigadas. En un cuaderno suyo aparecieron las anotaciones que demostrarían el pago de comisiones tras contratos ‘a dedo’.

Bilbao, Bajo y Gaztelu son las esposas de De Miguel, Tellería y Ochandiano, respectivamente. Eran socias y titulares de un tercio de las participaciones de Kataia Consulting, la empresa sobre la que supuestamente pivotó el entramado delictivo. Aintzane De Miguel, hermana de ‘Txitxo’, se encargaba de llevar la contabilidad, crear las «facturas falsas que justificasen los ilícitos cobros» y controlar las cuentas del resto de sociedades «satélites».

Fue el gérmen del ‘caso De Miguel’. El constructor Jon Iñaki Echaburu, dueño del Grupo Loizate, constituyó junto a la abogada y empresaria vizcaína Ainhoa Alberdi -la mujer que destapó el caso- la mercantil Urbanorma Consulting. Esta empresa fue adjudicataria, sin que mediara concurso público, del contrato para gestionar la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

Hay imputados cuatro miembros de una misma familia. Iosu Arruti era administrador único y socio junto a su padre, Jesús Arruti Odriozola, de la mercantil Sidepur, empresa contratada por el Ayuntamiento de Zambrana para impulsar el desarrollo industrial del municipio. Iosu Arruti captó supuestamente a un grupo de inversores catalanes para liderar el proyecto y cobró presuntamente por trabajos que no han sido documentados desviando parte de esos fondos a sociedades de su amigo De Miguel.

Otras cinco personas vinculadas con la trama de Zambrana, destapada en su día por EL CORREO, figuran en la lista de imputados. Una es Justi Angulo, alcaldesa del municipio alavés por el PNV desde 1995 hasta junio de 2007. Se le acusa de contratar a Sidepur para impulsar una fallida macrorrecalificación de más de 1,2 millones de metros cuadrados y levantar un polígono industrial en el pueblo sin haber cumplido supuestamente con la legalidad vigente. En este bloque, se incluye a los socios catalanes captados por Iosu Arruti para liderar la operación.

El magistrado señala a Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno vasco desde 2003 a 2009. Presuntamente firmó adjudicaciones injustificadas a Kataia Consulting, Errexal y Ortiz Muga, pero no fue él quien las concertó supuestamente, sino Xabier Sánchez Robles, director de Juventud y Acción Comunitaria.

Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa, era administrador de las mercantiles Errexal y Ortzi Muga. Recibió una veintena de contratos sospechosos del Departamento vasco de Cultura. Por su parte, Prudencio Hierro ejercía como gerente de Ezkibel y de Gestión de Recursos Baio, empresa relacionada con el pago de unas obras realizadas en el piso de Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel, en la localidad vizcaína de Gorliz.