El tribunal del 'caso de Miguel' no ve necesario citar como testigo a la exconsejera Miren Azkarate

La Sección Segunda de la Audiencia alavesa ha hecho público este miércoles un auto en el que da respuesta a las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía y las defensas de los 26 acusados, en el que es el mayor caso de presunta corrupción juzgado en Euskadi. Entre esas cuestiones, estaba la petición hecha por el abogado del que fuera director de Juventud del Gobierno vasco entre 2003 y 2009, Francisco Javier Sánchez Robles, de que declarase en el procedimiento la entonces consejera de Cultura con el objetivo de que diera cuenta de la política de subvenciones y el funcionamiento del Departamento.

Según el escrito de la Fiscalía, la presunta trama liderada por el que fuera número dos del PNV en Álava Alfredo de Miguel logró contratos a dedo de la consejería dirigida entonces por Azkarate, que actualmente es concejala en el Ayuntamiento de San Sebastián. El tribunal considera que no es necesario oírla en el juicio, ya que en la causa existen otros testigos de su Departamento que tuvieron «un trabajo menos institucional y más conectado con la problemática de los citados contratos»".

Por estos contratos también está imputado el exviceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno Vasco Gurutz Larrañaga, cuya defensa ha negado una actuación irregular de su defendido y ha dejado claro que en el funcionamiento del Ejecutivo el viceconsejero autoriza esos contratos a propuesta de un director.

Durante las cuestiones previas del juicio por el 'caso de Miguel' algunos de los abogados también criticaron las acusaciones genéricas de la Fiscalía al imputarles algunos delitos y entre ellos pedían la exclusión del de asociación ilícita al considerar que no pueden ser acusados del mismo según los hechos reflejados en el auto de final de instrucción y del escrito de acusación.

Ahora el tribunal rechaza esta petición de las defensas pero reconoce que «puede haber alguna cierta falta de concreción en las acusaciones, o dicho de otra manera, se podría haber realizado de una forma más clara y precisa». Incluso al hablar de la asociación ilícita admite que el juzgado «no reflejó este delito en la parte dispositiva», lo que «puede ser tal vez una debilidad de la propia acusación».

«La concreta conexión de cada una de las personas con los demás encausados y con esa asociación depende fundamentalmente de elementos subjetivos que han de ser aclarados» en el juicio, por lo que el tribunal dice que no se puede excluir la acusación formal de este delito.

Las defensas de todos los acusados pidieron asimismo la nulidad del todo el procedimiento y la prescripción de varios delitos, cuestiones estas que el tribunal ya anunció que iba a resolver en sentencia y que ahora reitera en el auto hecho público este miércoles. La Sección Segunda de la Audiencia alavesa ratifica además su decisión de dejar que los acusados declaren al final del proceso, algo aceptado por la Fiscalía.

Tras este auto, el juicio se retomará el próximo 19 de febrero con los primeros testigos.