Piden que la exconsejera Miren Azkarate testifique por el 'caso De Miguel'

El objetivo del letrado es que la entonces portavoz del Gobierno vasco ponga cierta luz sobre cómo funciona la Administración autonómica y respaldar así los contratos que se suscribieron con empresas de la presunta trama corrupta liderada por Alfredo de Miguel, antiguo ‘número dos’ del PNV en Álava y del Gabinete foral de Xabier Aguirre. «Puede que sea tirar por alto, pero es por si otros que están en medio no han oído nada», lanzó el defensor de Sánchez Robles después de que el representante legal del exviceconsejero Gurutz Larrañaga descargase toda la responsabilidad al respecto sobre los hombros de los técnicos.

El abogado de Larrañaga consideró que está en la causa por el cargo que ocupaba, «no porque exista ninguna irregularidad y mucho menos penal achacable a él. No hay ninguna prueba de cargo contra él». Éste respaldó que sobre los veinte contratos sobre los que se le interrogó en la fase de instrucción «no ha existido ninguna deuda de los sucesivos controles que tiene el Gobierno vasco», aunque a continuación explicó que si bien son los viceconsejeros quienes autorizan los contratos que le son planteados por los técnicos. Un claro desmarque respecto al director del área de Juventud, Sánchez Robles.

El tribunal presidido por Jaime Tapia tendrá que decidir en las próximas jornadas del ‘macrojuicio’ si Azkarate y otra media docena de personas –sobre todo responsables del Gabinete Ibarretxe– tienen que acudir al Palacio de Justicia. De momento, la terna de magistrados ha dado el ‘visto bueno’ a absolutamente todas las solicitudes de testigos en esta trama que salpica a cargos, militantes y ‘fontaneros’ del Partido Nacionalista Vasco.

Si bien las defensas de los implicados con la ramificación del ‘caso De Miguel’ relacionada con el parque tecnológico de Álava han mantenido un discurso coincidente con el objetivo de que ni siquiera se abra el juicio oral porque -bajo su punto de vista- la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza se «extralimitó» con la incautación «ilegal» de pruebas, en lo relacionado con los contratos del Departamento de Cultura se han apreciado mayores discrepancias.

El exviceconsejero Gurutz Larrañaga se enfrenta a una condena de 17 años y el director Xabier Sánchez Robles, a 18 años y 4 meses. El abogado de Larrañaga ha alegado que existe una estructura interna muy limitada en el Departamento. «El viceconsejero tenía una administrativa que sólo se encargaba de llevarle la agenda», ha subrayado antes de evidenciar que es el organigrama que heredó y que todavía se mantiene, lo que se ha interpretado como una descarga de responsabilidades. «No hay conversaciones telefónicas, ni datos obtenidos, ni ningún escrito que relacione a Gurutz Larrañaga con algún tipo de asociación ilícita», ha insistido.

Como ya sucedió en la primera jornada del proceso, los diferentes letrados han criticado el sumario de 21.000 folios que respaldan los 450 años de cárcel para los 26 imputados y sobre los que destaca De Miguel, para quien la fiscalía reclama una pena de 54 años de prisión. Los letrados han denunciado «deficiencias» e «irregularidades» en la obtención de pruebas. Varios han arremetido contra el escrito de acusaciones por la imputación genérica de delitos, como la asociación ilícita, tras una instrucción «sin garantías» donde se ha buscado «blanquear» y «meter en la causa» lo obtenido de forma «no confesable».

La segunda vista del juicio -que se ha iniciado con un notable retraso- se ha visto interrumpida en varias ocasiones. Primero porque Jesús Arruti, empresario que participó en la captación de unos inversores catalanes para la compra multimillonaria de unos terrenos ‘recalificables’ en la localidad alavesa de Zambrana, se ha sentido indispuesto. Más tarde, el sistema de transmisión del proceso ha fallado por lo que apenas se ha podido oír los argumentos de la letrada de Iñaki San Juan, antiguo concejal del PNV en el Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia).

Tras la enorme atención mediática que se registró en la primera sesión de este ‘macroproceso’, este martes se respiraba un ambiente más tranquilo. Alfredo de Miguel -a quien todos siguen llamando ‘Txitxo’- ha llegado al Palacio de Justicia de Vitoria junto a su mujer, Ainhoa Bilbao, y sus amigos Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, que pertenecieron al Araba buru batzar hasta que fueron detenidos en 2010.