Urkullu busca amparo legal para mantener las restricciones vigentes si acaba la alarma

Solo quedan cinco días para alcanzar ese horizonte. Poco tiempo en el que, sin embargo, puede pasar de todo. Algo que seguro ocurrirá, salvo que Sánchez rectifique, es que el lehendakari firmará el viernes un nuevo decreto con todo aquello que el Ejecutivo autonómico considere que se podrá y no se podrá hacer desde el domingo en suelo vasco, algo que hoy por hoy ignora. Los contenidos se decidirán en una reunión del Comité Asesor del LABI que se celebrará bien el jueves por la tarde o bien el mismo viernes por la mañana. Para entonces, Lakua espera conocer cuál es el margen de maniobra del que disponen las comunidades en esa nueva normalidad legal.

A día de hoy el limbo es total. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco trabajan contrarreloj y prácticamente sin red. La intención, proclamada ayer por el propio Urkullu, es mantener entre «cuatro y seis semanas» más el mayor número de las restricciones que hay ahora en vigor. Las principales son los cierres perimetrales, el toque de queda y la limitación de grupos, pero son recortes a derechos fundamentales en los que las autonomías a priori no pueden meter mano; al menos si no hay cambios. Lo que sí pueden es restringir aforos y horarios, por ejemplo, en bares y comercios.

Las miradas se dirigen a Moncloa, toda vez que los líderes territoriales asumen ya que no habrá marcha atrás en el último momento. Actores de diferente signo político aguardan a que pasen las elecciones madrileñas de hoy para que Sánchez salga a desplegar algún tipo de colchón jurídico que sirva como alternativa a la alarma. La esperanza se vio acrecentada ayer después de que varios presidentes autonómicos del PSOE abogaran en público por conservar el toque de queda, una de las medidas que están en el alero. Sin embargo, esos mismos barones −los de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares− sí apuestan por desactivar los confinamientos territoriales a las puertas de la campaña turística del verano.

Las restricciones más duras, en todo caso, precisarían de un amparo legal que el fin de la alarma arrancará de cuajo «a las 00.00 horas del domingo». A partir de ahí, cualquier limitación a un derecho fundamental necesitará ratificación judicial. Y la hemeroteca recuerda que los tribunales se han pronunciado de forma bien diferente en cada comunidad. Mientras en Navarra los jueces permitieron los cierres perimetrales incluso antes de que se reactivara la excepcionalidad legal el pasado octubre, en Euskadi se mostraron contrarios a permitir una limitación del derecho de reunión a seis personas. Interpretaciones discrepantes que se añaden, por si fuera poco, a las nada desdeñables diferencias en la situación sanitaria de cada región. El País Vasco, por ejemplo, tiene una incidencia de 515 puntos frente a los 43 de la Comunidad Valenciana.

Una de las opciones que cobra fuerza es la de establecer un sistema que unifique los criterios en toda España. Esta alternativa pasaría por activar un recurso de casación exprés al Supremo una vez que los tribunales superiores autonómicos se hubieran pronunciado en contra de autorizar una restricción a un derecho fundamental. El primer problema, apuntan juristas consultados por EL CORREO, es que no hay tiempo material para abordar una reforma legal. Y hacerlo de forma inmediata vía decreto, advierten, es «posible, pero plantea muchas dudas jurídicas». Por otra parte, recuerdan que lo recurrible sería en todo caso la sentencia, no el auto que previamente suele aceptar o desestimar las medidas cautelares solicitadas.