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Una enmienda a la totalidad de la política energética europea que no es «ni buena, ni mala, es que no la hay y se ha ... subsumido en eso que se ha dado en llamar transición ecológica». Es uno de los elementos centrales de la intervención del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en lo que podría constituirse como el 'decálogo del Euskalduna'. Una apasionada defensa de la industria y del empresario, así como de su aportación al estado de bienestar y a la calidad de los puestos de trabajo en la que Imaz ha destacado la necesidad de huir de «peronismos fiscales que castigan a quien crea empleo», además de denunciar «discursos y políticas populistas contra empresarios con nombres y apellidos» que «van a pagar los jóvenes con la pérdida de oportunidades». Respecto a la prohibición en Europa de los motores de combustión en 2035 lo tiene claro: «Es tal el daño que estoy convencido de que no llegará».
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El foro 'Objetivo Actualidad' organizado por EL CORREO y Petronor ha entrado de lleno en el debate energético que atraviesa Europa y una declaración de intenciones del primer directivo de Repsol en la que ha reclamado «menos ideología y más tecnología» en la transición energética.
En el acto, celebrado este jueves con la asistencia de más de dos centenares de personas en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Imaz ha reclamado una política sobre energía «que garantice el suministro y el precio» por encima de apriorismos ideológicos que condenan la competitividad de las empresas, ahogan el gasto de los hogares y tampoco terminan de resolver la reducción de gases de efecto invernadero.
A su juicio, las actuales directrices políticas comunitarias en este campo «someten la política energética con una falsa sostenibilidad que eleva los precios perjudicando a las familias y echando a las industrias a China». Imaz ha denunciado la «hipocresía» de unas medidas, que «además de debilitar a nuestra industria, aumentan las emisiones en el mundo«. »Y sin embargo estamos contentos porque aquí no están en Europa», ha ironizado.
En esta misma línea, y ante la demanda creciente de gas natural a raíz de la guerra en Ucrania, el consejero delegado de Repsol ha recordado que es «antisocial prohibir explorar y explotar el gas en España a la vez que lo compramos en Estados Unidos con muchas emisiones de CO2 asociadas a su transporte y su extracción». «Y eso es una ley que hemos aprobado en el Congreso de los Diputados de este país», ha remarcado.
El primer punto del decálogo desarrollado por Imaz y que «tiene a su disposición el Gobierno que salga de las urnas» (no quiso meterse en harina política) es el coste. «El precio debe ser la clave de cada medida energética», ha subrayado. Por eso ha reclamado que se valore el impacto económico de cada política porque «debe decirse». Además, ha pedido «frenar el afán abolicionista de las tecnologías» para permitir que haya una competencia entre las diferentes alternativas para descarbonizar y no jugándolo todo a la electrificación. En este sentido, ha defendido la importancia de los combustibles sintéticos -neutros en emisiones- que Repsol impulsa en la planta que proyecta Petronor y que será la primera en España en estar en funcionamiento antes de 2026.
El motor de combustible ha sido otro de los puntos reivindicados por el responsable de la petrolera española. Para Imaz, en 2035 no será posible su prohibición como ha planteado Bruselas, «estoy convencido de que no se prohibirán« porque «daña a la economía y a la sociedad, además de que no soluciona las emisiones» porque un coche eléctrico en Alemania cargado en un sistema de generación que se apoya en un 50% sobre el carbón, supone más CO2 que el de un diésel híbrido.
Y es que, para Imaz, es necesario «abandonar el mantra de que hay que electrificar más la economía». En este sentido, ha señalado que el mayor emisor de CO2 mundial es la generación eléctrica y que si se sustituyera el carbón que emplea por gas natural se reducirían las emisiones en 6.000 millones de toneladas, que es más que lo que emite todo el parque móvil del mundo.
El aprovechamiento de infraestructuras, como las centrales nucleares «siempre que cuenten con todas las garantías del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) es de «sentido común», ha insistido, porque al cerrarlas se genera «una factura que pagarán las familias y la industria».
Sobre el Impuesto a las energéticas impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el primer ejecutivo de Repsol se ha mostrado contundente, «se anulará en los tribunales» porque «es injusto, ilegal e inconstitucionl». Imaz ha insistido en que el gravamen tuvo que ajustarse formalmente porque no es impuesto y grava los ingresos, no los beneficios, dañando a compañías que, como Repsol, perdió 7.200 millones entre 2019 y 2020.
A pesar de todo, Imaz ha reivindicado «el compromiso absoluto» de Repsol por seguir en España y con que Petronor en Euskadi. Un mensaje que ha reivindicado tras el debate abierto por el cambio de sede Ferrovial.
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