Arriola dice que «no había indicio alguno» de que pudiera producirse el colapso

Arriola ha enumerado una serie de incumplimientos que Verter Recycling cometió durante los nueve años de su actividad. También ha desvelado que el vertedero tenía un problema con los gases y que la empresa fue sancionada con 33.000 euros en 2012 por almacenar residuos peligrosos (en concreto PCBs). Pese a todo ello, el consejero ha desvinculado el colapso de «la acumulación» de irregularidades detectadas (un total de 23, aunque «ninguna de ellas grave»).

En una intervención ya escrita de antemano, Arriola no ha aclarado muchas de las dudas existentes. Ha confirmado las informaciones publicadas por este diario de que se cambió en varias ocasiones el proyecto que había servido para obtener el visto bueno medioambiental, aunque no le ha dado importancia y ha sostenido que fueron comunicados y admitidos. También ha reconocido que los trabajadores habían detectado la presencia de grietas en los días previos a la catástrofe.

El exalcalde de Eibar no ha aportado información precisa, por ejemplo, sobre cómo el amianto terminó mezclado con todos los residuos, cuando la normativa obligaba a Verter Recycling a ubicar los materiales de fibrocemento «en una celda separada del vertedero suficientemente estanca». Arriola dijo que los materiales con amianto se habían depositado en la parte alta del vertedero, pero también en las cercanías del dique. Todo ello, según el consejero, está documentado mediante un plano, aunque no ha especificado si se sabe ahora qué parte de la instalación está afectada por amianto. Según lo que se deduce de su relato, el deslizamiento habría roto estas celdas.

Sí ha puesto luz sobre el número de toneladas de este residuo potencialmente nocivo se han despositado: 16.148 toneladas, experimentando un crecimiento constante en los últimos años.

Buena parte de la intervención del consejero de Medio Ambiente ha estado dedicada a la estabilidad del vertedero. Si bien ha dicho que no «había indicio alguno» de que hubiera problemas, «y si se hubiesen encontrado, se habrían tomado las medidas adecuadas con la urgencia debida», también ha asegurado que había referencias «vagas y muy inespecíficas» en los controles topográficos de 2017 y 2018. Unos estudios «que no motivaron ulteriores actuaciones por parte de la empresa». Arriola ha recordado que este control geológico lo lleva a cabo la propia Verter Recycling, a través de otras compañías especializadas subcontratadas, y cuyos resultados deben ser remitidos anualmente a su departamento.

Ha explicado también Arriola que el pasado 21 de enero se celebró una reunión con la promotora del vertedero para avanzar en «la corrección de los aspectos relativos al proyecto de desgasificación y sellado de la zona inactiva de la instalación». En el marco de este encuentro, la mercantil «aportó el estudio de estabilidad firmado por la ingeniería Lurtek y elaborado en mayo». En este sentido, el consejero ha destacado que nadie traslada entonces a la consejería que dirige que haya «problema alguno de estabilidad, existencia de grietas o fisuras».

Arriola ha anunciado la apertura de un expendiente sancionador por el colapso del vertedero, al tiempo que ha reconocido que el Gobierno vasco no tomó formalmente la responsabilidad sobre el vertedero hasta cinco días después de la catástrofe, desplazando a la empresa, aunque los equipos y técnicos estaban desde el primer momento trabajando.

El consejero ha querido llamar la atención también sobre el problema de los residuos. Ha aportado datos sobre el volumen de generación y reciclaje: 6,3 millones de toneladas anuales y un 58% de valorización. En esta línea, ha reconocido la contingencia que supone para el sistema de vertederos el colapso del de Zaldibar. «Este episodio ha desencadenado un problema latente en Euskadi», ha advertido. Y ha avanzado que trabaja «en buscar soluciones y alternativas entre las empresas generadoras de residuos industriales y los vertederos«.