Urkullu eleva el tono y acusa a Sánchez de «haber roto la lealtad y todas las normas»

Hay lío. La titular de Sanidad del Ejecutivo de Sánchez ha respondido así a los presidentes autonómicos que han mostrado su desacuerdo con las decisiones adoptadas en la Interterritorial porque consideran que invaden sus competencias. Son un grupo en el que, además de Euskadi y Madrid, están Galicia, Castilla y León y Andalucía. «Siempre voy a estar por el diálogo y el consenso. Once comunidades han propuesto esto», ha subrayado Darias en una entrevista en la Cadena Ser.

Preguntada sobre si el Gobierno tiene mecanismos para obligar a las autonomías a acatar el documento, la ministraha señalado que serán los «servicios jurídicos» los encargados de dictaminarlo. En cualquier caso, ha recordado que la Comunidad de Madrid ya alertó de que no cumpliría con el acuerdo que restringía la movilidad en Semana Santa y finalmente si lo hizo.

La cogobernanza, cada vez más una entelequia que un concepto real, ha vuelto a saltar por los aires. Y de qué manera. No es la primera vez que la gestión de la pandemia provoca un conato de rebelión autonómica contra La Moncloa, y es probable que no sea la última, pero la de este jueves sí ha sido una de las más ruidosas y, sobre todo, de las más inesperadas.

Entre otras cosas, porque la decisión firme de no prorrogar el estado de alarma que expiró el pasado 9 de mayo hacía presuponer que Pedro Sánchez había delegado definitivamente en las comunidades autónomas el peso de las restricciones anticovid mientras él se dedicaba a recoger los frutos de la campaña de vacunación, pese a las turbulencias provocadas por el culebrón de la segunda dosis de los esenciales, y a esperar la llegada del maná europeo. Sin embargo, el plan de medidas –«de obligado cumplimiento», según el Gobierno– aprobado el miércoles por la tarde en el Consejo Interterritorial encendió una chispa que pronto se convirtió en incendio, azuzado, entre otros, por el lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dejaron claro ayer que no acatarán las nuevas restricciones.

Un paquete de normas –a las puertas del verano y cuando ya se veía la luz al final del túnel– que prevé la apertura del ocio nocturno en aquellos territorios con mejores perspectivas epidemiológicas pero también contempla limitaciones a la hostelería en función de los datos de incidencia acumulada. En el caso de Euskadi, por ejemplo –actualmente con una tasa de 207,75 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días–, supondría cerrar el interior de los bares y restaurantes. «Da la sensación de que no han sido conscientes de lo que implicaba. Pensemos lo que supondría ahora ese golpe a la hostelería», subrayaban, sin ocultar su perplejidad, fuentes del Gobierno vasco.

De hecho, y pese a que los datos de Euskadi son peores a la media nacional (el Ejecutivo de Vitoria defiende que es porque se hacen más test), el lehendakari y el PNV se pusieron a la cabeza de la rebelión, a la que, además de Euskadi y Madrid, se sumaron también Galicia, Castilla y León, y Andalucía. En la reunión del consejo del miércoles, de la que la consejera vasca Gotzone Sagardui se salió directamente al ver que la cosa se ponía «fea», también votaron en contra Cataluña y Murcia, y Melilla se abstuvo. En resumidas cuentas, el plan gubernamental, sostenido solo por las comunidades gobernadas por el PSOE –alguna, como Baleares, incluso fue más lejos y anunció que aplicarán una desescalada más lenta y no abrirá aún los locales de copas– se topó con el rechazo de comunidades que suman juntas a más del 65% de la población española y a casi 30 millones de habitantes.

Urkullu, visiblemente enojado, dejó claro que seguirá aplicando las directrices del LABI. «Tenemos nuestra propia 'hoja de ruta', que se ha demostrado eficaz», aseguró, tras denunciar la «invasión de competencias» que supone el documento. De «café para todos» habló también Andoni Ortuzar, que lamentó que Moncloa «no esté haciendo las cosas bien» y luego sean las instituciones «más cercanas» las que paguen el pato.

Ayuso, muy dura, dejó claro que Madrid no se plegará a lo que considera una «imposición política arbitraria» que además no puede resultar vinculante, en su opinión, porque no se aprobó por unanimidad. «Conmigo que no cuenten para arruinar a más ciudadanos», zanjó, convencida de que tras la decisión del Gobierno se oculta la intención de «tapar» la subida de la factura de la luz o la polvareda que han levantado los indultos a los líderes del 1-O. Una sospecha que, 'sotto voce', comparten otras comunidades, incluida Euskadi, que no alcanzan a entender por qué, si no, intenta tomar Sánchez otra vez las riendas de la pandemia.

El Gobierno activó a gran parte de sus ministros para llamar al orden a los rebeldes, con poco éxito. Miquel Iceta y Carmen Calvo insistieron en la obligatoriedad de las medidas; Nadia Calviño pidió «solidaridad» a todos para no perjudicar al turismo internacional, y la titular de Sanidad, Carolina Darias, confió en evitar la «judicialización» de la polémica. Las comunidades tienden a pensar también que no habrá consecuencias y que, tras la tormenta, cada uno podrá seguir «a su ritmo» con la desescalada.