La red vasca para acoger refugiados roza su máxima ocupación y hay lista de espera

El sistema de atención a refugiados lleva años en marcha pero fue hace un lustro, a raíz de la crisis migratoria con el desembarco de centenares de pateras en las costas canaria y andaluza, cuando Euskadi se vio también desbordada. De 2018, precisamente, son dos de los centros que el Ejecutivo autónomo abrió para la acogida -en Oñati con capacidad para 80 personas y en Berriz para 50- y de 2019 es el tercero -en Tolosa para 40-. Su gestión depende actualmente de un par de entidades sociales, Suspergintza y Zehar Errefuxiatuekin, la antigua CEAR Euskadi -ya era un ente independiente de CEAR pero el nombre generaba «confusión», aclaran- que cambió «de marca» poco antes de que estallara la guerra en Ucrania. En ninguna de esas tres instalaciones puestas en marcha por el Gobierno vasco queda hueco ahora para nadie más. Tampoco en el resto de recursos que ofrece Euskadi, y que se trata de pisos, hay sitio. En total, 275 plazas y «todas están cubiertas». «Tenemos lista de espera, por eso es tan importante que funcione el proceso de integración», explica Xabier Legarreta, al frente de Migración y Asilo en el Ejecutivo autónomo, una dirección creada esta misma legislatura. Si no sale uno, no puede entrar otro y las necesidades no dejan de crecer aunque la pandemia frenara las peticiones de asilo en 2020 (3.085 en esta comunidad) y 2021 (1.724) por el cierre de fronteras.

Las plazas donde el Ejecutivo autónomo da un techo a los refugiados, eso sí, suponen apenas una cuarta parte del total que suma Euskadi. El Gobierno central tutela el grueso, más de un millar, a través de cinco asociaciones (CEAR como entidad de cabecera con 755 y al 90% hoy de su capacidad, Cruz Roja, Accem, Movimiento por la paz y Nueva Vida) que operan en viviendas, albergues, hostales... Y, sobre todo, insisten desde el Ministerio de Inclusión a este medio, es la única institución «con competencia» en materia de Extranjería y Asilo en España. «No hay ningún modelo vasco de acogida», respondía la directora general de gestión del Sistema de Acogida en Materia de Protección Internacional y Temporal integrado en esta cartera, Amapola Blasco, consciente de que la polémica abierta por el centro previsto en Vitoria, con fecha de inauguración para 2024, bebe también del discurso jeltzale sobre la existencia de dos sistemas. Por un lado, el basado en recintos «pequeños y medianos» que el Gabinete Urkullu y el PNV dicen que ofrece Euskadi y, por otro, el de los «macrocentros» que achacan al equipo de Pedro Sánchez y que, además de en la capital alavesa, están proyectados en Soria, Mérida y Valladolid. Los nacionalistas ven ahí «guetos», mientras que los socialistas observan en sus socios de gobierno «xenofobia», tal y como calificó Eneko Andueza, el secretario general de los socialistas vascos.

La consejera Beatriz Artolazabal aseguraba hace unos días que lo que «falta» es que «se haga efectiva la transferencia de competencias en materia de Extranjería para poder dar una forma definitiva al modelo vasco de acogida». Pero lo cierto es que hoy, y así lo asegura su director de Migración y Asilo, el Ejecutivo autónomo actúa sólo «con voluntad de complementar el sistema estatal» aunque la aspiración, no lo niega, sea «crear el nuestro propio». Mientras tanto, la puerta de entrada de la inmensa mayoría de los refugiados a Euskadi es en 2023 el Ministerio de Inclusión, que pone la maquinaria de acogida en marcha cuando una de estas personas aterriza en el país. Y no cualquiera puede cargar con la dramática etiqueta de refugiado. Se trata de extranjeros que escapan de situaciones delicadísimas, con su vida en riesgo, que se presentan sin recursos, en situación de vulnerabilidad, con una solicitud de asilo en la mano y otra de acceso al proceso de acogida. «Todas huyen de violencias, de la falta de protección y de una persecución continuada», retrata Arantza Chacón, directora de Zehar Errefuxiatuekin. Con esa enorme mochila a sus espaldas son entrevistados por profesionales, como psicólogos y trabajadores sociales, para conocer sus características y decidir a qué punto de España derivarles. No pueden elegir destino y sólo si muestran cierta probabilidad de arraigo futuro en algún lugar -donde, por ejemplo, tienen familia o amigos- hacen la maleta hacia allí. Siempre que exista alguna plaza libre, claro. Y en Euskadi apenas queda un centenar disponible a la espera de que se construya el centro de Vitoria, una decisión que Blasco da por «definitiva» desde el Gobierno central pese al rechazo del Ayuntamiento de la ciudad, a cuya Alcaldía aspira Artolazabal. «Prácticamente siempre las tenemos cubiertas, van rotando. Salen unos y entran otros», constatan desde Cruz Roja, con 216 plazas repartidas en pisos.

El objetivo, reconocen también desde el ejecutivo de Pedro Sánchez, es que «salgan cuanto antes del sistema» para llevar una vida autónoma tras pasar por estos recursos de acogida que, con independencia de la institución o la ONG que los tutele, se sustentan sobre los mismos pilares. Desde asesoramiento jurídico a clases de castellano, asistencia sanitaria, programas de formación... o un equipo de fútbol donde desconectar de su complicada realidad y comenzar a tejer sus propios vínculos sociales. No hay un plazo máximo de estancia para la acogida aunque en los tres centros vascos suelen permanecer una media de ocho o nueve meses aunque algunos «tenían red o enseguida la consiguen y se marchan al de poco tiempo», apunta Chacón.