«Yo metí la pata, pero es un abuso», dice el vizcaíno al que cobraron 510 euros por no acudir a un restaurante donostiarra

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Los hechos ocurrieron en julio de 2021. El notario –que prefiere no intervenir en la polémica pública con su nombre y apellido– y sus dos acompañantes iban a desplazarse a San Sebastián para asistir a un concierto de la Quincena Musical donostiarra. Diez días antes y a través de la web, reservaron mesa para cenar el viernes 16 en el restaurante Amelia, situado en el edificio del hotel en el que iban a alojarse, en plena Concha. Las dificultades de uno de los acompañantes para viajar ese día les llevaron a aplazar la reserva al sábado, pero solo lo comunicaron al hotel y no al restaurante. «Se me olvidó por completo y, de hecho, llegué el sábado con la idea de que tenía la reserva para esa noche, pero en realidad a las nueve y media del viernes ya me habían cobrado los 510 euros», explica el notario, condenado además a abonar las costas del juicio.

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El vizcaíno decidió pleitear, convencido de que la Justicia le daría la razón. «En el derecho de este país, para poder reclamar unos daños, tienes que acreditarlos. Han dicho que tenían preparados bogavante de Escocia y productos japoneses, pero deben demostrar que era así y que los tuvieron que tirar. Porque la comida se aprovecha, nadie tira un bogavante de un día para otro. De hecho, ni siquiera han acreditado que mi mesa quedase sin cubrir», argumenta el afectado. Sobre la cuantía, tacha de «barbaridad» que «una de las partes pueda fijar el daño en un 60%». También discrepa del argumento de que él mismo aceptó la política de cancelación al clicar en la casilla correspondiente del formulario online: «Eso es inadmisible desde un punto de vista jurídico, hasta me sorprende que se esgrima. Entonces, ¡no habría cláusulas abusivas! Todos sabemos que se han anulado cientos de cláusulas suelo en hipotecas donde se firmaba ante notario, y eso no ha impedido al Supremo declarar su nulidad».

A posteriori, el vizcaíno ha examinado detenidamente esa política, que establecía la correspondiente penalización si se cancelaba la reserva a menos de 72 horas de la cita. En aquel momento, cuando el restaurante contaba con una estrella Michelin, la cantidad establecida eran 170 euros; actualmente, ya con dos estrellas, ha subido a 291, el precio completo del menú, y el plazo se ha extendido hasta 96 horas. «Estamos hablando de una ciudad eminentemente turística. Viene un santanderino, o un señor de Biarritz, y tiene un pinchazo, por ejemplo. O le detectan covid por la mañana. ¿De dónde sale esa exigencia de antelación de 72 horas, sin contemplar ninguna causa de fuerza mayor? Es un clarísimo fraude a los derechos del consumidor. Eso no te sucederá si pides cita con un dentista y no te presentas: ¿qué privilegio especial tiene el restaurador que no tiene ningún otro gremio, por qué esa patente de corso?», cuestiona. Y añade: «Creo que lo normal, en esa situación, habría sido llamar por teléfono al cliente cuando ves que no se presenta. A mí nadie me llamó».

Al tratarse de una cantidad inferior a los 3.000 euros, la sentencia de primera instancia se considera firme. «Es irrecurrible y esto traslada a la población el mensaje de que no merece la pena protestar por menos de esa cantidad. Pero, aunque haya perdido el primer asalto, yo pienso seguir dando guerra», declara el notario. ¿Y el concierto? ¿Qué tal estuvo? «El concierto y la ciudad, maravillosos. Volveré muchas veces, pero daré un rodeo al pasar por ese restaurante».