Los centros religiosos advierten de que el fin de las cuotas no llegará «de un día para otro»

Iparragirre ha comparecido para presentar las alegaciones de Kristau Eskola al proyecto de Ley de Educación. Una iniciativa que ha calificado de «apuesta valiente» y de «oportunidad única» para responder a los retos del sistema educativo.

La gratuidad real de la enseñanza es un tema recurrente. No sólo en Euskadi, también en España. En el País Vasco, la legislación contempla el fin de cobro de cuotas desde 1987, cuando se aprobaron los decretos de concertación. Las sucesivas leyes estatales también han incidido en esta cuestión, sin que haya sido posible su desaparición. Según ha señalado Iparragirre, sólo será posible «con la financiación plena y real, con la debida transparencia, de los centros concertados» por parte de la Administración. Un proceso que ya se ha iniciado este mismo curso pero que está lejos de concluir.

Es una preocupación que también comparte, entre otros, la segunda gran patronal de la red concertada, Ikastolen Elkartea. En sus alegaciones al proyecto de ley, ha pedido que se constituya un grupo de trabajo específico para determinar el coste de la plaza escolar y así fijar un calendario para alcanzar la gratuidad real y efectiva.

Kristau Eskola también ha hecho alegaciones acerca de otros aspectos. Por ejemplo, solicita «recursos económicos» «para conseguir dar un tratamiento inclusivo y adecuado a la diversidad cultural y lingüística de las familias», ya que «no todos los centros tienen el mismo punto de partida, ni las mismas características sociolingüísticas y socioeconómicas en su entorno».

Asimismo, respecto a la laicidad del sistema educativo que prevé la futura norma, Iparragirre ha señalado que la laicidad «positiva» es fundamental para «una educación más humanista, integradora e inclusiva», que contemple «todas las dimensiones de la persona». En este sentido, ha indicado que «la enseñanza religiosa no resulta un adoctrinamiento, sino un enriquecimiento fundamental de la persona, a distintos niveles, porque se sitúa dentro del marco competencial y curricular».

Previamente han comparecido representantes de Ehige, la federación de Ampas de la red pública, y de Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea. Ambas entidades se muestran contrarias al proyecto de ley. Entre otras razones, señalan al actual sistema dual (el alumnado se reparte prácticamente al 50% entre los centros públicos y concertados) como causa principal de la segregación escolar. Por ello, apuestan por un proceso de «publificación» de los centros de titularidad privada.

Respecto al tema lingüístico, consideran que establecer un «sistema plurilingüe» no supondrá «ningún avance» para la situación del euskera. Esta tarde hay convocadas manifestaciones en las tres capitales vascas para protestar contra la nueva Ley de Educación.