El Gobierno vasco lanza guiños a la oposición con Podemos como prioridad para un acuerdo

El Ejecutivo autonómico diagnostica que un entendimiento en materia presupuestaria, la ley más importante que se promulga cada año y un instrumento que va mucho más de lo económico, le proporcionaría el activo ideal para neutralizar las insistentes críticas por «pasar el rodillo». Acuerdos ya ha habido en cuestiones sectoriales, como la 'ley antipandemia' con Podemos o una norma medioambiental con EH Bildu y PP+Cs. Una suerte de geometría variable que, en cambio, es difícilmente extrapolable a una parcela como las Cuentas. Y será algo cada vez más complejo a medida que la legislatura avance y se vaya acercando el ciclo electoral de 2023 y 2024.

«Por ingenuidad o porque creemos que hay que hacerlo así», el consejero Pedro Azpiazu aseguró este martes que ve «posible» un acuerdo con todos excepto con Vox. «No tiene sentido que me reúna a explicar un Presupuesto con un partido que no quiere hablar con el lehendakari, que da la espalda a este Gobierno y con posiciones políticas tan antagónicas. No estamos para perder el tiempo», explicó. A partir de ahí, el titular de Economía y Hacienda dejó la puerta abierta al resto. Eso sí, fijando dos límites: la capacidad de endeudamiento ya está tasada y tampoco entrará a abordar cuestiones que traspasen la capacidad competencial del Ejecutivo autonómico.

Esta última advertencia choca con una de las principales pretensiones de Elkarrekin Podemos-IU, que volverá a plantear su aspiración de impulsar una reforma fiscal de calado. La coalición morada es perfectamente consciente de que la pelota está en el tejado de las diputaciones, pero se aferra al precedente de 2017, cuando PNV y PSE pactaron con el PP una rebaja del Impuesto de Sociedades que puso la alfombra para el acuerdo de las Cuentas en Vitoria. No será, en todo caso, su única demanda extrapresupuestaria.

Otra de las claves estará en materia de vivienda. Una vez conocido que las ayudas incrementarán su importe por primera vez en diez años -de 250 a 275 euros mensuales-, los de Miren Gorrotxategi también quieren arrancar el compromiso de que Euskadi aplicará la regulación del precio del alquiler que la nueva ley estatal deja en manos de las comunidades. Por ahora el Gobierno vasco no ha desvelado cuáles son sus planes al respecto, aunque el lehendakari sí que invitó a la coalición morada a tratar esta cuestión en las negociaciones de los Presupuestos. Un guante que sus interlocutores no dudarán en recoger.

En lo que se refiere estrictamente al proyecto, los grandes titulares no suenan mal para los intereses de la alianza de Podemos y Ezker Anitza: mayor endeudamiento, más inversión, 8 de cada 10 euros para gasto social, mantenimiento del 100% del programa covid para Salud y Educación, y la perspectiva de género presente en el 16,5% del montante. Sin embargo, las conversaciones se abrirán en un momento en el que el partido de Ione Belarra ha desplegado una intensa campaña para situar al PNV como defensor de los intereses del «oligopolio eléctrico» en plena crisis de la luz por sus casos de «puertas giratorias».