La denunciante que nadie vio llegar

Pese al empeño de algunas defensas en presionarla en busca de alguna contradicción, la abogada urbanista corroboró ante los jueces lo mismo que le trasladó el 2 de diciembre de 2009 al fiscal jefe Josu Izaguirre. «Tengo la sensación de que se me está juzgando a mí ahora mismo», se quejó con ímpetu en un momento de su declaración ante las insistentes preguntas del abogado de Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga. Precisamente, conocer a Echaburu en un curso en Málaga fue lo que provocó la constitución de Urbanorma Consulting, la empresa que se hizo con el contrato para la ampliación del parque tecnológico de Miñano que –siempre según su versión– originó la exigencia de una comisión por parte de Alfredo de Miguel, entonces diputado de Administración Local, en la Casa Palacio de la Provincia de Vitoria durante una tarde de nieve.

A Izaguirre le entregó copia de correos electrónicos y, sobre todo, una grabadora Olympus VN-5500 que había adquirido para registrar las supuestas presiones. Un dispositivo donde también quedaron registrados episodios de su vida personal como una visita al veterinario o paseos por el barrio bilbaíno de Rekalde junto a su socia, Beatriz Vicinay, que se pudieron escuchar durante el juicio. «No valgo para espía», ironizó desde el estrado. En todo caso, muy proto le quedó claro que aquello iba a cambiar su vida laboral y así se lo constató un político vizcaíno cuando le avisó que «durante años» se iba a encontrar cerradas las puertas de las administraciones vascas.

Cuando Ainhoa Alberdi registró la denuncia que destaparía el caso que ahora se resuelve tenía tan sólo 30 años y decidió dejar al margen de esta situación a su padre, un reconocido militante del PNV de Bilbao, pese a que De Miguel supuestamente le había avisado del «lío» en el que se estaba metiendo. «A mi padre le oculto información desde hace tiempo, pero la relación con él no es objeto de este proceso ni parte de los precedentes», zanjó ella en el juicio.