Interior defiende el acercamiento de presos de ETA

Así lo certifica un informe del Ministerio del Interior remitido al Consejo de Europa y que tiene datos actualizados hasta el pasado junio. El escrito es la respuesta del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a las recomendaciones que le hizo llegar el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa tras la visita que realizó a España en septiembre de 2020.

La falta de contrapartidas tras el cese del terrorismo había generado importantes tensiones internas y había dado alas a los grupos disidentes de la izquierda abertzale. La dirección se tuvo que emplear a fondo para evitar que el incendio se propagase. Convirtió a Antton López 'Kubati' en una especie de emisario que recorrió cárceles y asambleas para convencer a presos y familiares de que la estrategia era la correcta. En ese sentido, la salida de cerca de 60 reclusos tras la derogación de la 'doctrina Parot' supuso un balón de oxígeno para la dirección de Sortu. La crisis se recondujo, pero seguía sin haber movimientos. Y ahí es cuando entra en escena Pedro Sánchez. Cuando éste apostó por la moción de censura, Arnaldo Otegi y los suyos lo vieron claro.

En el momento que el PSOE alcanzó el poder en las cárceles españolas había algo más de 230 presos. El ritmo de excarcelaciones ha sido el habitual. La gran novedad ha sido el fin de la política de dispersión. Ahora, el Ministerio del Interior señala en su escrito que «tras anunciar la banda terrorista ETA el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la lucha armada y el de su autodisolución el 3 de mayo de 2018, el Gobierno de España ha considerado adecuado un cambio en la política penitenciaria respecto a sus miembros».

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska afirma que las decisiones sobre etarras «parten del principio de individualización científica en la ejecución de las penas privativas de libertad», lo que afecta «en materia de clasificación y destino respecto a estas personas que han supuesto un cambio sustancial en su distribución geográfica y régimen de vida».

Interior detalla este cambio en la distribución geográfica de los 192 presos de ETA -a esos hay que añadir en torno a media docena que no forman parte del colectivo; en total, son unos 200- que continuaban cumpliendo condena a fecha de 17 de junio de 2021, de ellos 166 hombres y 26 mujeres.

El 25 de junio de 2018, tras la moción de censura ganada por Sánchez, había 241 presos de ETA en las cárceles españolas, de los que 8 estaban en prisiones vascas (3,3%), frente a los 48 (25%) en el País Vasco, a fecha de 17 de junio de 2021 -la cifra ha aumentado en estos cinco meses y ya son más de 70 en la actualidad-. A más de 200 kilómetros de Euskadi había 209 internos y ahora 19.

Lo mismo ocurre con la clasificación. En 2018, había en primer grado o régimen cerrado -el más estricto- 212 presos etarras (88%), 28 estaban en segundo grado (11,6%) y sólo uno en tercer grado o régimen abierto (0,4%). A mediados de 2021, un total de 170 dirigentes de la banda terrorista está ya en segundo grado, el 88,5%, por los 14 presos (7,3%) en régimen abierto y sólo ocho (4,2%) en el régimen cerrado del primer grado.

En su petición, el CPT del Consejo de Europa se interesó por el «internamiento de presos afiliados a ETA», sosteniendo que habían sido «generalmente asignados a prisiones muy alejadas del País Vasco». «Muchos de ellos llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado», advertía.

Asimismo, mostraba su preocupación porque el «buen comportamiento» de los reclusos de la banda «no cambia su categorización». «A la luz de la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011, hay motivos para que estos presos sean ubicados, en base a una adecuada evaluación de riesgos, más cerca de sus familias, ya sea en el País Vasco o en otro lugar de España», consideraba el comité del Consejo de Europa.