El Consejo de Europa solicita a España más medidas para erradicar maltratos en las cárceles

En este sentido, el CPT habla de «un gran número de denuncias consistentes y creíbles de malos tratos recientes por parte del personal», con alusión expresa a golpes en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras e incluso en las plantas de los pies. «En unos pocos casos», se añade, las denuncias de malos tratos fueron respaldadas por lesiones físicas observadas por la delegación o anotadas en los registros médicos.

«En general los resultados demuestran que todavía existe un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como una reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos», se plantea en el documento emitido por este comité vinculado al Consejo de Europa, un organismo supranacional ajeno a las instituciones de la UE. «El carácter generalizado de las denuncias de malos tratos en las cárceles visitadas es motivo de grave preocupación para el Comité», se apostilla.

En términos generales, el comité «observa positivamente» la continua reducción de la tasa de población carcelaria general de 133 a 117 internos por cada 100.000 habitantes entre 2016 y 2020, principalmente debido al aumento de las sanciones no privativas de la libertad y la reducción de la duración de las penas por determinados delitos. También destaca que las condiciones materiales en las cárceles visitadas podrían considerarse «adecuadas en los módulos de régimen ordinario y buenas» en los módulos de «respeto».

Pero también expone en sus conclusiones que las autoridades españolas deberían «proceder de inmediato» a la preparación del traslado de la atención sanitaria penitenciaria al servicio nacional de salud según lo previsto en la Ley 16/2003. La transferencia, entre otras cosas, «reforzaría la atención continua con la comunidad y garantizaría la independencia del personal sanitario», se asegura.

La delegación del comité entiende que «la prestación de servicios de atención de la salud en las cárceles visitadas fue en general de un nivel aceptable». Así las cosas «persisten una serie de desafíos que deben abordarse», como la falta de personal de enfermería, la escasez de médicos, «una insuficiencia psiquiátrica y presencia de psicólogos clínicos o malas condiciones laborales».

En concreto, el estudio refleja que «el tratamiento de los presos con enfermedades mentales en los centros penitenciarios de Castellón II y Valencia (Picassent) fue totalmente inadecuado». Y se refiere al uso de los medios de contención como la reclusión y la fijación mecánica en Sevilla PPH. Muy crítico, «en particular» con las «restricciones prolongadas de la libertad impuestas a los pacientes hasta por cuatro meses sin las debidas garantías legales y una revisión judicial inadecuada».

El CPT, asegura haber obtenido «una impresión positiva de la actitud solidaria del personal» del Centro de Detención de Menores «La Marchenilla», en Algeciras; tanto por sus instalaciones como por «su compromiso con la justicia restaurativa». Dicho esto, se refiere al caso de varios menores «de los que se consideró que habían alterado el orden del centro», que se quejaron del «comportamiento rudo del personal de seguridad» en sus ataduras y esposas apretadas. «Debe transmitirse al personal de seguridad un mensaje claro sobre el uso de la fuerza mínima, combinado con una formación adecuada sobre medidas de moderación y moderación».

En cuanto a las condiciones materiales, el centro se encontraba en buen estado de conservación e higiene, según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, «el entorno carcelario general y el diseño de los módulos residenciales (rejas metálicas horizontales en las ventanas, puertas metálicas reforzadas y portones corredizos con barrotes) no es apropiado para un centro de rehabilitación para menores. Dichos elementos deben eliminarse y reemplazarse adecuadamente para que el centro sea menos carcelario».