El PNV reitera su petición de perdón y subraya que el fallo desvincula al partido del caso

Casi trece años después de que estallase la tormenta con la detención por parte de la Ertzaintza de un grupo de dirigentes y militantes jeltzales por su implicación en una trama que exigía comisiones a empresas a cambio de contratos públicos, Sabin Etxea quiere levantar un enorme cortafuegos que evite que, a cuatro meses de las elecciones municipales y forales, se propague el incendio desatado tras avalar el Tribunal Supremo el grueso de las condenas.

Es la misma estrategia que ha mantenido a lo largo de estos años: tratar de poner distancia con un escándalo que amenazaba con erosionar su imagen y que, internamente, ha generado profundas heridas y mucha tensión. Durante una década, el PNV ha realizado equilibrios para situar el proceso penal en el ámbito personal y condenar sus acciones sin romper del todo con De Miguel, con grandes apoyos dentro del partido, sobre todo en Álava y en Gipuzkoa. Durante los últimos años no sólo ha seguido trabajando en la Fundación Hazi -plaza que tenía en excedencia-, sino que ha ido adquiriendo un papel destacado y representando al Gobierno vasco en otras autonomías sin que nadie viese ningún problema.

«Reprobable»

El argumento al que se volvió a aferrar el PNV es que aunque la sentencia del Supremo señala que De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano se valieron de sus puestos en el Araba buru batzar para levantar toda una red corrupta, los magistrados en ningún momento aluden a que el partido conociese o se beneficiase de la trama. «Ni en el auto de apertura de juicio oral, ni en la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, ni en el fallo del Tribunal Supremo había ni hay una sola referencia», señaló el PNV.

Los jeltzales, de hecho, recalcaron que «cualquier práctica éticamente reprobable, contraria a la vocación de servicio público que debe tener la acción política, está reñida y fuera de la práctica y del ejercicio del Partido Nacionalista Vasco».

La resolución del Supremo hará también que el partido expulse definitivamente del partido a los condenados. «Durante todo este tiempo», tal y como señaló el PNV, «han tenido suspendida cautelarmente su afiliación».

Su continuidad como militantes fue el principal obstáculo con el que se encontró en un primer momento el PNV para tratar de crear un cordón sanitario que no afectase a la formación. Nada más ser detenidos, a todos se les obligó a dejar sus cargos. Sin embargo, se negaron a entregar sus carnés de afiliados.

Urkullu, por aquel entonces presidente del PNV, les instó a hacerlo de forma pública en julio de 2010, cuatro meses después de las detenciones. Una decisión que el ahora lehendakari siempre ha considerado «ejemplarizante». Pero hay un matiz importante. Los aludidos no lo hicieron hasta enero de 2011, entre otros motivos porque parte del partido consideraba que no tenían que hacerlo y que lo que se estaba produciendo era una «cacería» y una «injusticia».

Cuando De Miguel y el resto de militantes jeltzales finalmente dieron sus carnés, tampoco lo hicieron de forma pacífica. Lanzaron todo un órdago al Euzkadi buru batzar al exigirle que defendiese «a sus afiliados con mayor convencimiento».

El abrazo en el Parlamento

El mensaje enviado por De Miguel, Tellería y Otxandiano formaba parte también del conflicto interno que se había abierto en el PNV por este caso. De Miguel era uno de los hombres de confianza de Iñaki Gerenabarrena -entonces presidente del Araba buru batzar- y este a su vez de Joseba Egibar, líder del partido en Gipuzkoa. Mientras desde la dirección nacional, con Urkullu al frente, se exigía a los implicados que diesen un paso atrás, Gerenabarrena y Egibar escenificaban gestos de apoyo.

El punto de inflexión se produjo en abril de 2011, cuando De Miguel acudió al Parlamento a declarar en la comisión de investigación que se había abierto. Egibar le recibió a las puertas de la Cámara y ambos se fundieron en un abrazo ante todos los medios.

Doce años después, Sabin Etxea puso en valor «la honestidad» de sus militantes. También denunció la «excesiva dilación de este proceso», una queja que ha sido habitual durante estos años por parte de diferentes dirigentes jeltzales, incluido Iñigo Urkullu. El Supremo admite que ha habido una «dilación extraordinaria», pero aclara el porqué: por la complejidad, la investigación, el gran número de testigos y «el esfuerzo de ocultación que desplegaron los responsables» de la trama.