Urkullu «respeta» el fallo y muestra su «rechazo» ante la corrupción probada

El dictamen definitivo del alto tribunal ha llegado en plena reunión del Consejo de Gobierno, donde el lehendakari reúne semanalmente a todos sus consejeros. Lo hacía, además, mientras aún se escuchan los ecos de la profunda polémica política suscitada al desvelarse que el principal condenado, el exdirigente del PNV Alfredo de Miguel, ha sido promocionado en la entidad pública en la que trabaja, la Fundación Hazi, hasta el punto de representar oficialmente al Ejecutivo autonómico. La oposición viene exigiendo explicaciones y hasta el PSE-EE, socio minoritario de la coalición, reclamó que se le apartara de dichas tareas.

Al salir a la habitual rueda de prensa tras el encuentro, Zupiria ha tratado de amortiguar las preguntas de los periodistas asegurando que el Gobierno vasco aún desconocía los términos exactos de la sentencia, conocida apenas una hora antes. «Lo primero es conocerlo y analizarlo en detalle», ha antepuesto. En todo caso, el portavoz, acompañado en la comparecencia por la consejera Beatriz Artolazabal –miembro del PNV alavés y candidata a la Alcaldía de Vitoria–, ha querido dejar clara la «intención» de la Administración autonómica de «respetar, acatar y cumplir» la decisión del Supremo, que ratifica a la instancia previa.

Minutos después, a través de sus redes sociales, Urkullu ha rememorado las palabras que pronunció primero en 2010, tras las detenciones, en calidad de presidente del EBB del PNV, y después, en 2019, ya como lehendakari, tras la sentencia de la Audencia de Álava, que consideró demostrada la existencia de una red corrupta por la que los principales acusados se beneficiaban de sus cargos políticos y su influencia para adjudicar contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. En la primera ocasión, reprobó «todo caso de corrupción», y en la segunda, manifestó su «respeto» a las decisiones judiciales, algo que ahora reitera.

El lehendakari dice ratificar ahora su «más firme rechazo a unos hechos que son contrarios al ideario y a los valores éticos que defendemos y por los que queremos significarnos». Una tesis que también ha defendido previamente Zupiria, que como portavoz ha dicho asumir «la responsabilidad de quienes constituimos este Ejecutivo y nuestro compromiso con los valores éticos y con la transparencia, algo que intentamos demostrar cada día y damos cuenta a través de los controles a los que nos vemos sometidos como los medios de comunicación, los órganos parlamentarios y los compromisos éticos que asumimos».

Interpelado directamente por la situación laboral de De Miguel, que mantiene un puesto en la Fundación Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, el portavoz ha deslizado que se tomarán decisiones en «pocos días», una vez que quede claro el carácter firme de la resolución judicial. «El Gobierno vasco no decide el momento en que se cumplen las medidas falladas», ha subrayado Zupiria, quien en todo caso ha prometido que el Ejecutivo autonómico y sus entes públicos actuarán «en consecuencia», según lo fijado en la ley y en los convenios laborales correspondientes.