Cinco ex altos cargos del PNV ingresarán en prisión

Xabier Garmendia

Martes, 10 de enero 2023 | Actualizado 11/01/2023 12:14h.

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Catorce años después de la denuncia con la que empezó todo, el mayor escándalo de corrupción política de Euskadi firmó este martes su desenlace judicial con un severo castigo a la codicia. En una sentencia largamente esperada, el Tribunal Supremo ratificó las principales condenas impuestas por la Audiencia de Álava a los exdirigentes del PNV implicados en el 'caso De Miguel', que deberán ingresar en prisión al quedar acreditado que se aprovecharon de «la gran influencia» de sus cargos para enriquecerse. Con rebajas técnicas respecto a la instancia previa, el alto tribunal establece una pena de 12 años y 4 meses de cárcel para el cabecilla de la trama, el exdiputado foral Alfredo de Miguel, quien en todo caso cumplirá un máximo de 9 años privado de libertad. A Koldo Ochandiano se le imponen 7 años y medio, mientras que a Aitor Telleria se le condena a 5 años y un mes.

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El Supremo avala el grueso del contenido del fallo emitido en diciembre de 2019 por los jueces Jaime Tapia (ahora asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria), Elena Cabero y Raúl Aztiria tras la instrucción de Roberto Ramos y el trabajo de los fiscales Josu Izaguirre y Manu Pedreira. Una vez analizados los recursos de las defensas, la Sala de lo Penal corrobora que los tres principales acusados se prevalieron de «su posición política» en la ejecutiva del Araba buru batzar (ABB) para organizar una red en la que se adjudicaban contratos en organismos públicos -entre ellos, el Parque Tecnológico de Miñano, el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y varios ayuntamientos alaveses- a cambio de comisiones ilegales. Para encubrir esos cobros, constituyeron, a través de testaferros como sus propias esposas, varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados.

En un dictamen de 344 páginas cuyo ponente ha sido Pablo Llarena, la Sala presidida por Manuel Marchena apenas realiza matizaciones a la sentencia de hace tres años y derriba algunas de las principales pretensiones de los recurrentes. No aprecia la ruptura de la cadena de custodia de las evidencias recogidas por la Ertzaintza durante las detenciones, en 2010, y deniega la consideración de dilación extraordinaria del proceso que habría supuesto una rebaja de las penas. En este punto, el tribunal sí asume que se produjo una «inasumible paralización» de un año en la fase intermedia, pero alega que no fue un tiempo «radicalmente descomedido» si se tiene en cuenta la complejidad del caso, máxime por «el esfuerzo de ocultación de la responsabilidad» que desplegaron los acusados.

De esta forma, el Supremo descarta cambios sustanciales e introduce retoques mínimos en la lista de penas. El principal condenado, el propio De Miguel, ve ligeramente reducido su castigo -concretamente, en once meses- al ser absuelto del delito de tráfico de influencias por el que había sido condenado en el caso particular de una adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Zambrana. El resto de cargos (también la multa de 351.690 euros) se mantienen y le llevarán a cumplir un máximo de nueve años encarcelado al acogerse al artículo 76.1 del Código Penal, que neutraliza las condenas menores -las inferiores a dos años y un día- a cambio de multiplicar por tres el mayor de los castigos; en este caso, el de asociación ilícita, penado con tres años.

Al hacerse firme el fallo, el ex 'número dos' del PNV alavés será despedido de la sociedad pública Hazi, en la que había sido promocionado en los últimos años y cuyas labores de representación oficial habían generado una intensa tormenta política entre acusaciones de «amiguismo» al PNV por parte de la oposición y críticas de su socio, el PSE-EE. El Gobierno vasco ha ordenado lo propio con Koldo Ochandiano, que continúa trabajando en el Parque Tecnológico de Miñano del que fue contable. El exburukide del ABB mantiene su condena de 7 años y medio. Sí ve reducida su condena el tercero de los principales implicados, el exconcejal de Vitoria Aitor Telleria: un año y cinco meses menos tras ser absuelto como cooperador necesario de un delito de tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato de Miñano. Su estado de salud es delicado, una condición que podría alegar para tratar de evitar su ingreso en la cárcel.

Empresarios y familiares

Junto a los principales artífices, el Supremo también ratifica penas de prisión a otros responsables de la trama. En concreto, la sentencia confirma los siete años de cárcel para Xabier Sánchez Robles, cualificado militante del PNV que ejerció de director de Juventud del Gobierno vasco presidido por Juan José Ibarretxe. A los empresarios culturales Josu Azkarraga e Iñaki San Juan -este último, exconcejal del partido jeltzale en Leioa- se les condena a más de cuatro años cada uno. Con castigos inferiores a los dos años, con los que podrán eludir su encarcelamiento, se sitúan las esposas de De Miguel y Ochandiano, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia, respectivamente, así como los empresarios Sergio Fernández y Jon Iñaki Echaburu.

No por esperada la publicación del fallo definitivo causó menos reacciones en la esfera política. Aunque sin la solemnidad empleada en 2019, cuando tanto Iñigo Urkullu como Andoni Ortuzar comparecieron públicamente para pedir «perdón» a la sociedad vasca, el Gobierno vasco y el PNV reiteraron las disculpas, así como su «respeto» a la decisión judicial y su «rechazo» a la corrupción probada. Los jeltzales, en cualquier caso, se esforzaron por marcar distancias con los condenados, a los que expulsarán de manera definitiva. En un comunicado, Sabin Etxea hizo hincapié en que «el caso no afecta al PNV como partido ni a su financiación», si bien el dictamen nombra a la formación en un centenar de ocasiones. La oposición, en cambio, estima insuficientes las explicaciones y se dispone a hurgar en la herida en un clima preelectoral por la cercanía de las municipales y forales de mayo.