Fue un 'sí pero no' de manual. Muevo ficha para calmar las aguas de los gabinetes autonómicos, pero ni mucho menos la ficha que muchos de ellos querían, con Euskadi a la cabeza. El Gobierno, en plena jornada de votación del 4-M madrileño, ... confirmó que el estado de alarma acabará, «como estaba previsto», a las 00.00 horas del 9 de mayo (a medianoche del sábado) y anunció que las comunidades tendrán un nuevo paraguas legal, vía real decreto, que les permita sacar adelante sus restricciones de derechos fundamentales para poder combatir la pandemia. Un mecanismo que permitirá a las autonomías recurrir en casación al Tribunal Supremo si antes el Tribunal Superior de turno tumba sus medidas. ¿Y si el Supremo tampoco les da la razón? Aquí es cuando se hace el silencio. «El Gobierno no prejuzga nada», dijo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
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¿Podrá seguir vigente el toque de queda, el confinamiento perimetral o la limitación de las reuniones cuando el estado de alarma decaiga este domingo? Depende. La pregunta sigue sin respuesta. Depende de lo que diga, en un primer momento, el Tribunal Superior vasco y, en su caso, el Supremo, que tendrá «cinco días hábiles» para confirmar o rectificar el fallo inicial. «Lo hará en tiempo récord», apuntó Calvo antes de asegurar que la Abogacía del Estado se pondrá la camiseta de los gobiernos autonómicos si se ven en la tesitura de tener que recurrir al Supremo. «El nuevo escenario que se abre es mejor, más garantista, protector, razonable, modulado y ponderado», ensalzó.
Incertidumbre «Nos tememos que los próximos días y semanas van a ser de gestión complicada», advierte Bingen Zupiria
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Preguntada expresamente sobre si las comunidades podrán mantener los toques de queda, recalcó que pueden hacerlo, sí, pero luego deberán contar con un plácet judicial improbable ya que el consenso de los juristas advierte de que no es posible sin el estado de alarma en vigor. Es, en definitiva, la misma moneda al aire que Iñigo Urkullu quería evitar, sobre todo después de los continuos varapalos judiciales que ha sufrido. «Nos tememos que los próximos días y semanas van a ser de gestión complicada», advirtió este martes el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria.
La vicepresidenta, pese a todo, se mostró más que satisfecha y recalcó que las autonomías tienen margen suficiente para combatir la pandemia desde la legislación ordinaria. Interpelada sobre la petición del lehendakari de mantener la alarma al menos un mes más, señaló que la situación es muy dispar en las comunidades autónomas y que hubiera sido injusto igualar a todas a través del máximo nivel de restricción. «Es difícil de entender en términos de proporcionalidad que se mantengan para todos decisiones tan drásticas como el decreto del estado de alarma, someterles a los mismos rigores», zanjó.
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Lo que el Gobierno central busca, 'grosso modo', es que haya una unificación de criterios, que exista una doctrina común porque no tiene mucho sentido que las mismas restricciones tengan cobertura legal en Cantabria y no, por ejemplo, en el País Vasco. Era, sin duda, la gran disfunción que se había manifestado en los últimos meses y que acabará con la aprobación de este real decreto. El Tribunal Supremo marcará el camino a seguir. El problema es que nadie sabe cuál será este camino. No hay que olvidar que cuando están en juego derechos fundamentales, los tribunales suelen pecar de garantistas.
«Haremos todo lo que esté en nuestras manos», recalcó Zupiria. Aunque conocían los planes del Gobierno desde el pasado lunes, el portavoz no ha querido mojarse. «Hasta no conocer el contenido, no podemos hacer una valoración. Primero debemos leerlo y luego opinar», matizó. Eso sí, admitió que esto no era lo que ellos se esperaban. La solicitud que el lehendakari hizo formalmente por carta era prorrogar el estado de alarma. «Esa era la petición. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es otra cosa», lamentó. El también consejero de Cultura evitó confirmar si el documento contemplará el mantenimiento del toque de queda. Si Urkullu decide mantenerlo, tendrá que esperar a que lo avalen los jueces.
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