Euskadi inicia la tramitación del Estatuto con un Parlamento dividido que mira a las elecciones

A tenor del resultado de horas y horas de discusión de los juristas, la tarea se presenta muy complicada para los políticos en una futura búsqueda de consensos. El jeltzale Mikel Legarda, Arantxa Elizondo, elegida por Elkarrekin Podemos, y Alberto López Basaguren, designado por el PSE-EE, han presentado un texto conjunto, desvelado en exclusiva por EL CORREO, con votos particulares en temas identitarios. Iñigo Urrutia, nombrado por EH Bildu, ha redactado un texto propio, mientras que Jaime Ignacio del Burgo, escogido por el PP, ha desarrollado una suerte de 'enmienda a la totalidad' sin aportar propuestas concretas de reforma al considerar válida la actual Carta de Gernika. Los cinco celebraron ayer su última reunión antes de cerrar sus carpetas para siempre en este asunto. Duró apenas una hora porque todo el pescado estaba ya vendido.

La existencia de tres borradores diferentes corrobora lo que ya se intuía desde que los partidos encomendaron a los juristas la misión casi imposible de convalidar un articulado sustentado en las bases acordadas el pasado año por PNV y EH Bildu, con una elevada dosis soberanista. Desde entonces se han producido acercamientos, pero las discrepancias sobre el derecho a decidir, uno de los karmas de las fuerzas abertzales, o cómo debe ser la relación entre Euskadi y el Estado han abierto una sima entre los grupos que ahora mismo se presenta insalvable.

Los jeltzales han atemperado su mensaje con el paso del tiempo -de hecho, el pacto inicial con EH Bildu se ha roto en las últimas semanas-, pero han utilizado la letra pequeña para mantener su versión más soberanista en reivindicaciones para ellos irrenunciables, como una consulta previa al eventual debate del texto en el Congreso.

Estos planteamientos han hecho imposible un acuerdo con el PSE y obstaculizan una firma conjunta con Podemos. El acercamiento a los socialistas se antoja determinante porque cualquier documento sobre el nuevo estatus que salga del Parlamento debe ser ratificado por la Cámara baja. Un escenario de disenso como el actual condenaría la reforma al fracaso, como ocurrió con el plan Ibarretxe.

Lo cierto es que para conocer el recorrido de la propuesta habrá que esperar a la próxima legislatura vasca, que arrancará a principios del verano o en otoño, en función de cuándo decida el lehendakari, Iñigo Urkullu, convocar las elecciones. La división en la Cámara de Vitoria es patente y la aparición de unos comicios a la vuelta de la esquina va a condicionar sobremanera lo que ocurra a medio plazo, pero todos los partidos asumen que cualquier propuesta que incluya el derecho a decidir será borrada de un plumazo en Madrid. El documento consensuado por los expertos del PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE demuestra hasta qué punto es un escollo para cerrar un pacto transversal.

A pesar de que la reforma de la Carta de Gernika tiene claramente establecidos los pasos a seguir, su futuro más allá de este mes de diciembre es una incógnita. El proceso de tramitación parlamentaria se verá interrumpido en 2020, cuando acabe la legislatura, y se recuperará cuando se vuelva a constituir la Cámara. Si siguen representadas las mismas formaciones, bastará con que la ley vuelva a registrarse; pero si entra alguna nueva, habrá que abrir un plazo para que haga sus propias aportaciones. Calcular cuándo podría someterse a la votación definitiva en el Legislativo es una quimera, pero no será antes de dos años. Después, habría que conseguir el visto bueno del Congreso. Vox ya ha advertido de que recurrirá al Tribunal Constitucional cualquier texto estatutario que llegue a la Cámara baja.