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Era ya públicamente conocida la postura crítica y contraria del PP a la propuesta pactada por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE para reforma el Estatuto de Gernika. Pero el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, no ahorró ayer calificativos para definir los trabajos ... presentados en el Parlamento: «inconstitucionales», «inaceptables», «sin encaje legal», «fracaso»... «No han servido para ensanchar el consenso, sino para ampliar las grietas ya existentes y generar más confusión. Marcan una posición de imposible acuerdo y consenso», advirtió el líder conservador.
Los populares creen que si los trabajos en el Parlamento continúan sobre los textos registrados ayer, nos situaremos ante un nuevo plan Ibarretxe condenado a «chocar contra el muro de la legalidad y el sentido común». De ahí que pidiera al PNV que no lleve a Euskadi a un «callejón sin salida», similar al de Cataluña, y deje a un lado las «mentiras» sobre que sus propuestas tienen encaje en la Constitución. «No es cierto. Eso nos aboca a la división y el conflicto», censuró.
Ante este escenario, Alonso anunció que su grupo parlamentario pedirá que se «archiven» los documentos presentados por los expertos, lo que supondría, de facto, la «liquidación» del proceso abierto para la actualización del autogobierno. «El consenso está en el Estatuto de Gernika. Si quieren reformarlo, pero partiendo de otras bases, estamos dispuestos a hacerlo. Pero de verdad, no para liquidarlo», apuntó.
Futuro de la propuesta
La posición política fijada por Alonso tiene su fiel reflejo en el voto particular presentado Jaime Ignacio del Burgo al texto consensuado por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE, así como a las aportaciones individuales de los juristas de esos tres partidos y EH Bildu. Su texto supone una enmienda a la totalidad a esos trabajos, al menos en los puntos más conflictos o, como señaló ayer Alonso, «elementos de discordia». El especialista designado por los populares carga a lo largo de 58 páginas contra los principales planteamientos soberanistas incluidos en las propuestas de sus compañeros. No presenta un texto propio con las mejoras concretas que él incluiría en el actual texto articulado, sino que, una a una, aporta su argumentación contra las ideas más rupturistas que él considera un «atropello radicalmente contrario a la Constitución».
A su entender, el trabajo de la comisión de expertos partió de unas bases pactadas entre PNV y EH Bildu que «llevan en sí mismas el germen de la división y la confrontación», por lo que seguir adelante con la reforma tal cual está ahora planteada supondría el «comienzo de un grave conflicto con el Estado».
«Está condenado al fracaso un proyecto político basado en la concepción maximalista del nacionalismo vasco que pretende decretar la defunción del Estatuto de Guernica (sic) y convertir a Euskadi en un Sujeto Jurídico-Político soberano», reflexiona Del Burgo.
Acusación contra el PNV
Según el experto, el PNV basa todo su armazón argumentativo en la «foralización» de los derechos históricos de los tres territorios, lo que supone una «interpretación torticera». «Nunca el Pueblo Vasco como tal fue titular de Derechos históricos (...) y el PNV quiere ahora atribuirlos al nuevo ente en un proceso de centralización interna absolutamente contrario a la tradición foral vasca», asegura el jurista.
Tanto Alonso como Del Burgo consideran que todos esos elementos de discordia «están viciados de inconstitucionalidad». Por ejemplo, la reivindicación del «derecho de autodeterminación». «No hay una nación vasca que pueda reivindicar el derecho a decidir, porque la Comunidad Autónoma Vasca, aunque se defina estatutariamente como nacionalidad, dicho término sólo incluye por decisión democrática del pueblo español y del propio pueblo vasco el derecho a la autonomía».
Del Burgo también apunta en su voto particular que «la única nacionalidad de la ciudadanía vasca es la española» y acusa a los expertos de PNV y EH Bildu de «vulnerar la Constitución al tratar de conseguir, aun por vías diferentes, una relación confederal con el Estado, al que expulsan en la práctica del País Vasco».
Sobre el 'Concierto político' que plantean los jeltzales, asegura que es una «creación artificial que carece de encaje jurídico». «Los conflictos sobre las competencias tienen su cauce de resolución por vía jurisdiccional, bien ante los tribunales ordinarios o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional», advierte.
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