Así funcionaba una trama con «gran influencia política»

Su 'modus operandi' era similar en cada una de las once ramificaciones de la trama corrupta, y así lo certifican los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Álava (Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria) en base a múltiples correos electrónicos, informes económicos, trabajos, testimonios y los registros realizados por la Ertzaintza en los domicilios de los principales implicados. Las actuaciones policiales, muy criticadas por los encausados, son validadas en el fallo, incluidos los cuadernos que Ochandiano guardaba en el trastero de su casa y donde aparecían anotaciones de ingresos «en negro».

«El negocio» en el caso del parque tecnológico de Miñano arrancó cuando Alfonso Arriola, entonces gerente del centro de empresas y alcaldable de PNV en Vitoria, recurrió a De Miguel en busca de indicaciones para ampliar sus instalaciones. ¿Por qué? «Por resultar una persona de confianza por su afinidad política», describen los jueces en el apartado de hechos probados.

De Miguel, en connivencia con Tellería, contactaron con Jon Iñaki Echaburu para ejecutar la ampliación de Miñano. Ambos conocían a este constructor «al militar en el mismo partido desde hacía tiempo». Estaba asociado con la abogada Ainhoa Alberdi (posterior denunciante del caso) en la empresa Urbanorma Consulting.

Los burukides hicieron «uso de sus relaciones personales y su posición en el mundo de la política» para interceder ante los funcionarios del Parque Tecnológico de Álava y adjudicar el contrato a Urbanorma, mantienen los magistrados. Echaburu se comprometió a entregar a cambio «una cantidad acorde» con el precio de la operación (600.000 euros) como pago por «la intervención» de De Miguel y Tellería «en la ilícita adjudicación».

La errante trayectoria de la constructora Urbanorma desembocó en un concurso de acreedores, con Ainhoa Alberdi asumiendo todas las responsabilidades empresariales. Entre ellas, el pago de la mordida que el tribunal estima que ella desconocía. En total, 100.000 euros que Alfredo de Miguel, ya como diputado foral de Administración Local, no dudó en reclamarle en una reunión en el mismísimo Palacio de la Provincia, sede de la Diputación alavesa, y a través de su propia cuenta de correo institucional, demostrando una sensación de impunidad casi absoluta. Ella no accedió, compró una grabadora para registrar sus encuentros posteriores y acabó denunciando la situación ante la Fiscalía.

Fue una macrooperación millonaria ideada en la localidad alavesa de Zambrana que frenaron ante la llegada del socialista Patxi López al Palacio de Ajuria Enea. Alfredo de Miguel, que ayer fue absuelto del delito de tráfico de influencias pero no de cohecho pasivo, y el promotor Josu Arruti -íntimo amigo desde su época en EGI, las juventudes del PNV- exigieron una comisión de 322.000 euros a unos empresarios catalanes por «impulsar el proyecto y remover los obstáculos que pudieran ir surgiendo», dicen los jueces. También dan por bueno que las empresas de la trama se reservaron el derecho a participar en el futuro desarrollo del polígono industrial de 120 hectáreas entre la AP-68 y la N-124, a orillas del río Ebro.

Un compromiso que De Miguel ni siquiera rompió cuando se convirtió en máximo responsable del Departamento foral de Administración Local, equivalente al de Urbanismo. La terna de magistrados considera que «influyó directamente» sobre sus directores de departamento para que en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco apoyasen las modificaciones necesarias para desarrollar esta operación industrial, pese a no existir informes de impacto ambiental que respaldasen la modificación urbanística propuesta. «No obedecía a criterios técnicos o jurídicos, sino a intereses de De Miguel», se subraya en el fallo.

Como en el resto de casos, 'Txitxo' no fue en busca de la operación, sino que ésta llegó a sus manos gracias a otros compañeros peneuvistas. «Dado que militaban en el mismo partido y se conocían», argumenta el dictamen, la alcaldesa de Zambrana, Justina Angulo, se puso en contacto con Alfredo de Miguel para buscar su apoyo al proyecto de recalificación de terrenos para tratar de atraer industria a la zona. Al final, toparon con un grupo de empresarios catalanes, capitaneado por Francesc Fernández Joval, que en base a su confesión accedió a pagar una comisión para no perder esta oportunidad empresarial.

Más allá del sector del ladrillo, las empresas investigadas también probaron suerte en el área de Juventud. Con el Departamento de Cultura del Gobierno vasco suscribieron una veintena de contratos menores -sin necesidad de convocar un concurso público- con mercantiles relacionadas con la red de empresas diseñadas por los principales inculpados. Si bien durante el juicio todo el mundo trató de autoexculparse, los jueces señalan directamente al exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, de facilitar la adjudicación irregular de contratos mediante el fraccionamiento de tareas, sin comprobar la capacidad de las empresas adjudicatarias. Incluso se abonaron cantidades «sin comprobar si los trabajos habían sido adjudicados».