El Gobierno vasco da orden para que se despida a De Miguel como trabajador de Hazi

De Miguel había mantenido su puesto en Hazi durante estos años. El Gobierno vasco argumentaba que no podía despedirle porque la sentencia no era firme. La semana pasada se desveló que no solo mantiene su puesto, sino que ha representado a Euskadi en otras autonomías y que ha sido presentado como gerente.

La reacción del departamento liderado por Arantxa Tapia llegaba casi de forma simultánea a la del lehendakari. A través de sus redes sociales, Iñigo Urkullu rememoró las palabras que pronunció primero en 2010, tras las detenciones, en calidad de presidente del EBB del PNV, y después, en 2019, ya como lehendakari, tras la sentencia de la Audiencia de Álava, que consideró demostrada la existencia de una red corrupta por la que los principales acusados se beneficiaban de sus cargos políticos y su influencia para adjudicar contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. En la primera ocasión, reprobó «todo caso de corrupción», y en la segunda, manifestó su «respeto» a las decisiones judiciales, algo que ahora reitera.

El lehendakari dice ratificar ahora su «más firme rechazo a unos hechos que son contrarios al ideario y a los valores éticos que defendemos y por los que queremos significarnos». Una tesis que también defendió previamente Zupiria, que como portavoz dijo asumir «la responsabilidad de quienes constituimos este Ejecutivo y nuestro compromiso con los valores éticos y con la transparencia, algo que intentamos demostrar cada día y damos cuenta a través de los controles a los que nos vemos sometidos como los medios de comunicación, los órganos parlamentarios y los compromisos éticos que asumimos».

Interpelado directamente por la situación laboral de De Miguel, que mantiene un puesto en la Fundación Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, el portavoz deslizó que se tomarán decisiones en «pocos días», una vez que quede claro el carácter firme de la resolución judicial. «El Gobierno vasco no decide el momento en que se cumplen las medidas falladas», subrayó Zupiria, quien en todo caso prometió que el Ejecutivo autonómico y sus entes públicos actuarán «en consecuencia». Horas después llegaba el anuncio del despido.