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La vivienda es una de las tres principales preocupaciones de los vascos junto al trabajo y a la sanidad. El último Sociómetro del Ejecutivo autonómico señala que el 25% de la sociedad tiene problemas para disponer de un hogar. El debate electoral de EL CORREO ... entre los candidatos a lehendakari se ha planteado a partir de cómo puede combatir Euskadi este asunto.
Quien más ganas ha demostrado que tenía de hablar sobre ello fue Eneko Andueza (PSE). Ni siquiera ha hecho falta que las moderadoras hayan planteado este punto y desde el principio del debate ha intentado colar mensajes para destacar las políticas de su partido en las diferentes instituciones. Ha sacado pecho por las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez y por la gestión de su compañero de partido Iñaki Arriola como consejero del Gobierno vasco. El socialista ha indicado que más de 17.000 jóvenes han echado mano de estas ayudas y que una de cada tres VPO de España se levanta en Euskadi. «Pero no es suficiente», ha añadido Andueza y ha prometido que en las viviendas de alquiler protegido se priorice a los menores de 36 años. «Para garantizar las políticas progresistas de vivienda, nosotros debemos estar en el gobierno», ha subrayado.
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El tema que ha ocupado la mayoría del tiempo en este punto son los posibles efectos que tiene la ley estatal de Vivienda en Euskadi. Imanol Pradales (PNV) ha reiterado el rechazo de su partido -que ya ha llevado este asunto ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade las competencias de ámbito autonómico- y, antes incluso de que entren en vigor la categoría de 'zonas tensionadas', la medida 'estrella' que podría limitar el precio de las rentas, cree que ya ha deparado «menos alquiler y más caro» como consecuencia de la «turistificación» del sector. «Nosotros hemos plantado construir 7.000 nuevas viviendas de protección. La propuesta de EH Bildu ha llevado a construir menos y más caro», ha dicho centrando su ataque en la izquierda abertzale, pese a que el PSE y otras fuerzas de izquierda también votasen a favor de esta medida.
Ese recurso ante el Constitucional sobre todo ha despertado las críticas de Elkarrekin y Sumar. Ambas formaciones no han dudado a la hora de solicitar que directamente se «intervenga» en el mercado para poner «el interés general por encima de los intereses de los especuladores». «El derecho a la vivienda es incompatible con la especulación inmobiliaria. Los fondos buitre están penetrando en Euskadi con su lógica de mercado y con ello están expulsando a la gente de sus barrios, impiden hacer que la juventud pueda emanciparse o que tengas que dejarte la mitad del salario alquilando una casa», ha considerado la aspirante de la coalición morada, Miren Gorrotxategi. «No puede aceptarse que sea más rentable alquilar viviendas que montar una empresa o abrir un negocio», ha expuesto, por su parte, la candidata de Sumar, Alba García.
El debate se había planteado inicialmente sobre la retirada, o no, de las deducciones fiscales para la compra de viviendas que se debería abordar en la reforma tributaria que las tres diputaciones tienen prevista para este mismo ejercicio. Todos los partidos, salvo el PNV y EH Bildu, han preferido obviar este asunto. «Hay que incentivar la compra y el alquiler. Yo no les digo lo que elegir, como Bildu, pero sí les pregunto ahora que estamos con la declaración de la Renta: ¿quieren que la vivienda les salga 36.000 euros más cara si se retira la deducción a la compra?», ha preguntado el jeltzale mirando a cámara. «No vamos a quitársela a las 300.000 familias que ya la tienen, pero hay que darle una vuelta», ha aclarado el abertzale Pello Otxandiano.
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Otxandiano ha reconocido que Euskadi es donde más viviendas de protección oficial (VPO) se construye, pero aún «no es suficientemente extenso para regular de forma estructural los precios». Y puso a Austria y Países Bajos como ejemplos a seguir.
«Somos la comunidad en la que es más difícil empanciparse y nos cuesta siete años de ingresos íntegros poder pagar una vivienda. Esto no pasa en ningún otro lugar de España, y es por el modelo intervencionista que han hecho ustedes (refiréndose al PNV y PSE). Faltan 104.000 viviendas y eso hace que crezcan los precios. Esa es su política. Debemos construir más vivienda», le ha respondido Javier de Andrés (PP), quien ha apostado por facilitar la iniciativa privada del sector del 'ladrillo'. El popular también ha planteado el riesgo que corren los arrendadores con la okupación y como «una persona que pone su vivienda en alquiler se arriesga a tener un inquilino que pueda estar uno o dos años sin pagarle».
«Los inscritos en Etxebide triplican el parque de viviendas que tenemos. Hay que liberar el suelo 'secuestrado' por las administraciones, apostar por más vivienda pública», ha aportado Amaia Martínez (Vox). «La intervención sobre una propiedad privada tampoco creemos que sea la solución -ha dicho como respuesta a Elkarrekin y Sumar-, nosotros consideramos que hay que aumentar el parque público de vivienda y, por supuesto, tenemos que bajar todos aquellos impuestos que castigan al sector», ha concluido Martínez.
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