Las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la subida de la luz

La nueva factura de la luz se ha estrenado en un muy mal momento al coincidir con un aumento sostenido del precio de la electricidad desde hace unos meses. Esto puede hacer pensar que la recién implantada tarificación es la culpable de que paguemos más, pero en realidad la tarifa eléctrica y el precio de la luz son dos cosas distintas. Con la primera el Gobierno afirma que racionalicemos nuestro consumo, pero independientemente de los hábitos que adoptemos en casa el coste del suministro viene determinado por otros factores sobre los que también quiere actuar el Ejecutivo. De hecho, el Consejo de Ministros ya trabaja en dos cambios normativos pensados para reducir la factura casi un 15% en 5 años para los consumidores domésticos, según sus cálculos.

El primer paso ha sido la iniciar la tramitación del anteproyecto de ley para intervenir sobre los llamados beneficios caídos del cielo ('windfall profits'). Actualmente el precio de la luz se establece en subastas diarias en las que se tiene en cuenta la demanda y el origen de la energía. Las primeras fuentes que entran en la subasta son la nuclear y la hidráulica, que son más baratas, las que menos cuesta producir. Después, y hasta cubrir la demanda del día, entran en el pool las más caras, que son las tecnologías térmicas, básicamente ciclos combinados. El coste de producción de éstas recoge, entre otros, el precio del gas y el pago de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).

Desde 2005, estos últimos se subastan cada día; las empresas tienen unos derechos de emisión asignados pero si emiten más gases de efecto invernadero de lo que esos derechos propios les permiten han de comprar los que otras empresas no emplean en el mercado. Esta es una aplicación del principio de que quien contamina paga que la UE quiere revisar para evitar la acción de especuladores, que logran un margen de beneficio generando burbujas que encarecen el precio final de la producción de energía.

Todo esto es importante porque el mercado eléctrico es marginalista y, por tanto, es el último precio que entra en la subasta, en el pool, el que establece la retribución del día para toda la energía. Es decir, que los productores de la energía barata que entra en primer lugar cobran por ella lo mismo que quienes la producen más cara con la ventaja añadida de que ellos no sólo no compran derechos de C02 sino que además venden parte de los suyos a los productores de la energía más cara que no cubren sus emisiones con los propios.

El Gobierno asegura que eso supone una sobreretribución injustificada ya que las inversiones para hacer que las centrales nucleares e hidroeléctricas no emitan CO2 ya están amortizadas y ha anunciado un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las compañías por su mantenimiento. El objetivo de la medida, que podría ser recurrida judicialmente por las eléctricas, es abaratar la factura entre un 4,8% para los clientes domésticos y un 1,5% para la gran industria.

Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó el Proyecto de Ley del Fondo de Sostenibilidad Energética, que propone la creación un fondo gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) que cubrirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos.

Estos costes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros al año, recaen actualmente en los consumidores finales ya que se incluyen en la parte fija del recibo de la luz. La idea es sacarlos de la factura gradualmente en el plazo de cinco años traspasando el pago que hacen los consumidores a las comercializadoras de gas natural y electricidad y los operadores de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo al por mayor. Esto supondría un recorte del 13% en la factura. Junto con las aportaciones de las comercializadoras, el fondo se nutriría de la recaudación de tributos de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética y los ingresos procedentes de las subastas de CO2 que ya no se pagarán a las centrales nucleares e hidráulicas.