Los cambios que planea el Gobierno en el sistema de pensiones

De modo que para averiguar cómo será esa reforma hay que recurrir al documento (muy generalista) que el Ejecutivo ya ha remitido a Bruselas y que, fundamentalmente, pretende endurecer las condiciones para acceder a la pensión pública completa y que recoge la mayor parte de las propuestas planteadas por el Pacto de Toledo.

El Gobierno quiere penalizar aún más el retiro anticipado. Todavía será posible jubilarse dos años antes de la edad vigente en ese momento pero el Ejecutivo aboga por «racionalizar el recurso esa modalidad». Dicho de otro modo, se establecerán cambios en los coeficientes reductores (penalizadores) «para eliminar distorsiones».

Por otro lado, el Ejecutivo también quiere aumentar el número de cotizantes que decide seguir trabajando una vez alcanzada la edad de jubilación. Así, estudia establecer un incentivo del 4% por cada año de retraso aunque con ello se supere la pensión máxima establecida por ley. Este incentivo podrá cobrarse como un porcentaje adicional de por vida o en un pago único al jubilarse.

Para evitar que las empresas recurran a las jubilaciones anticipadas, se establecerán también beneficios para las que conserven en sus plantillas los trabajadores de mayor edad.

Se anuncia la sustitución del actual índice de revalorización de las pensiones por un nuevo mecanismo (que aún se está negociando con los agentes sociales) que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los mayores. La base del nuevo cálculo estará «vinculado al IPC».

Aunque los famosos 35 años han sido negados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sí se incrementará el período de cotización en el cálculo de la pensión más allá de los 25 años en que se situará ya el año que viene. Por otro lado, para «adecuar las carreras de cotización a la realidad laboral», se dará opción a escoger qué años se incluyen en ese cómputo, por lo que se podrán descartar los peores aunque sean los más cercanos al retiro.

El documento establece la implantación «gradual» de un nuevo sistema de cotización para los autónomos que atienda a los ingresos reales.

Tras el rechazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al actual complemento de maternidad, el Gobierno plantea un nuevo mecanismo que partirá «del análisis de las trayectorias de cotización para identificar cuál de los dos progenitores se vio más perjudicado en su carrera contributiva por el nacimiento de cada uno de los hijos, previéndose que en caso de no existir un progenitor particularmente perjudicado se reconozca el complemento a la madre».