Rolls adjudica ITP al fondo Bain y ahora hay diez meses para buscar socios españoles

Bain ha conseguido el respaldo de dos socios nacionales -la empresa guipuzcoana SAPA, propiedad de la familia Aperribay y dedicada a equipamiento de Defensa, y el fondo de inversión JB Capital, liderado por Javier Botín-, pero tienen un carácter testimonial. Su participación apenas llegará a un 6%. De ahí que Bain anunciase este lunes que se da de plazo hasta junio de 2022 para negociar nuevas incorporaciones. En ese tiempo, además, el fondo norteamericano debe gestionar la autorización por parte del Gobierno español al cambio de dueños, ya que es una empresa ligada a la industria militar: fabrica componentes de los motores que equipan el avión de combate Eurofighter; participará en el futuro programa militar EFCAS y realiza el mantenimiento de los motores de la Fuerza Aérea Española. El Gobierno central se conforma con que haya un 30% de capital en manos españolas.

El Ejecutivo vasco, que se había mostrado dispuesto a invertir una cantidad cercana a los 60 millones de euros para tener una participación ligeramente superior al 3%, no ha logrado cerrar un acuerdo completo pero sí ha conseguido algunas cosas que perseguía en esta operación. El mensaje del lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado sábado, en el que mostraba su preocupación por la «deriva en la venta de ITP», surtió un efecto parcial. Una oposición frontal del Gobierno vasco amenazaba con desbaratar la operación, de ahí que los representantes de Bain realizasen durante el fin de semana un esfuerzo de acercamiento al Ejecutivo de Vitoria. Fruto de ello ha sido un memorándum en el que Bain asume algunos compromisos reclamados por el gabinete de Urkullu. En especial, garantías del mantenimiento del empleo de ITP en Euskadi; voluntad incluso de que haya crecimiento; así como el compromiso de mantener la sede social y el centro de decisiones en Zamudio. «Es un punto de partida interesante», dijo este lunes la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien valoró de forma positiva el cambio de actitud del fondo norteamericano. Pese a ello, Tapia reconoció que aún hay discrepancias -al parecer Bain no acepta todavía que el Ejecutivo vasco se siente en el consejo de administración-, aunque confió en que la prórroga que se ha abierto permita alcanzar un acuerdo pleno. También lanzó un mensaje claro al señalar que «los compromisos en un memorándum están bien, pero queremos documentos más robustos». Esto es, quiere que Bain firme un acuerdo de accionistas, que tiene fuerza de obligación legal, para garantizar que no habrá despidos en Euskadi y que no se deslocalizará el centro de decisión.

Por su parte, el Ministerio de Industria mostró su «confianza» en que «esta operación aporte a ITP Aero certeza, estabilidad y un horizonte de crecimiento». El Gobierno recuerda también que tiene ahora que decidir si autoriza o no la operación, al tiempo que señala que «ha actuado y lo seguirá haciendo como garante de los intereses nacionales, por tratarse ITP de una empresa estratégica a nivel tecnológico, de la Defensa y la seguridad nacional». Un mensaje nítido de que no se da por satisfecho y puede demorar la autorización a la venta.

Bain utilizará una forma mixta para hacer frente a su desembolso. La mitad de esa cantidad la abonará con recursos propios, al tiempo que se endeudará en 850 millones de euros para hacerse con las acciones de la empresa vasca. Su intención inicial es instrumentar la compra mediante una sociedad que tendría su sede en Luxemburgo, con el objetivo de abonar menos impuestos en España. Sin embargo, Tapia desveló este lunes que Bain ha aceptado discutir con la Diputación de Bizkaia una fórmula que no cause daño a las arcas públicas vascas. En el caso de la empresa guipuzcoana SAPA, que ha mostrado su intención de tomar una participación inferior al 3%, algunas fuentes aseguran que será el propio Bain quien le prestará los fondos para que pueda cubrir este desembolso.