Urkullu muestra su «preocupación por la deriva en la venta de ITP»

Urkullu ha desgranado en su mensaje las condiciones que el Gobierno había puesto para apoyar el futuro de la empresa mediante una toma de participación en su accionariado. El Ejecutivo vasco estaba dispuesto a invertir unos 60 millones de euros, que le hubiesen situado como propietario de algo menos del 4% de ITP. Bain, por su parte, quiere instrumentar la compra a través de una sociedad instrumental situada en algún país con fiscalidad baja para eludir el pago de impuestos. Así, el lehendakari apunta que el Gobierno ha participado de forma intensa en las últimas semanas en las negociaciones y ha desvelado sus condiciones. En síntesis, garantías de que se mantendrá el cuartel general de la compañía en el País Vasco y también su sede social. «Será necesaria la definición de un proyecto industrial sólido con músculo financiero, en el que se mantenga la inversión, la apuesta por la I+D y por el empleo», ha señalado el lehendakari como elementos claves para que el Gobierno vasco apoye la operación. En las condiciones que Bain ha puesto en las negociaciones a sus potenciales accionistas figura la posibilidad de realizar un ajuste de plantilla cercano a los 200 empleos en los próximos 18 meses. El fondo, además, no tiene intención de perpetuarse en la empresa vasca y ya ha anunciado que su deseo es sacarla a Bolsa en cinco años, recoger los beneficios y salir de su accionariado.

Pero no es suficiente con esos compromisos. A cambio de su participación, el Ejecutivo vasco reclama la presencia de un representante en el consejo de administración. Fuentes del Gobierno vasco han señalado a EL CORREO que Bain se niega a esa petición, ya que quiere aplicar reglas estrictas para que la representación sea proporcional al capital invertido. «Harán falta medidas de control para el cumplimiento de las condiciones acordadas y el Gobierno vasco tendría un representante en el consejo de administración de la sociedad matriz», ha indicado Urkullu al matizar las condiciones que ha puesto su Ejecutivo.Al parecer, Sidenor tampoco ha alcanzado un acuerdo con Bain ya que han exigido tener capacidad de influencia sobre el futuro industrial de la compañía, así como derecho de veto sobre cualquier decisión que suponga una deslocalización del centro decisión de la compañía. El empresario José Antonio Jainaga también ha reclamado el mismo derecho de veto sobre las hipotéticas reestructuraciones de plantilla en el País Vasco.

Como ya es conocido, el Gobierno central tiene en su mano la llave de esta venta ya que al estar ITP entre las empresas con intereses en defensa, necesita una autorización especial para cambiar de propietarios. En su comunicación, Iñigo Urkullu muestra su confianza en que Bain de un giro a sus planteamientos y en que «todos los agentes implicados mantengan el pulso por un futuro para ITP anclada en Euakadi». Toda una apelación a la postura que puedan adoptar los potenciales accionistas vascos que están en las negociaciones –las empresas Sapa y Sidenor-, así como al papel que pueda jugar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.