Tramitar el cobro de la primera pensión llega a demorarse hasta más de dos meses en Euskadi

En Balmaseda, Gotzone, una mujer de 92 años, sufre una situación similar. Su marido falleció el pasado 10 de diciembre y la funeraria se encargó de solicitar su pensión de viudedad, como parte de los servicios cubiertos por el seguro de decesos. Pero tampoco tiene noticias del trámite y, lógicamente, no ha ingresado nada desde entonces.

Benito Gallo, responsable en Comisiones Obreras-Euskadi de la sección sindical de la Seguridad Social, asegura que estos dos casos son excepcionales. Pero reconoce que la celeridad en las gestiones en el organismo público se ha deteriorado notablemente. Y las estadísticas lo corroboran: en 2015, tanto las solicitudes de jubilación como las de prestaciones por muerte y supervivencia se resolvían en un plazo medio de 6 días; entre enero y septiembre del año pasado, ese período se había casi triplicado hasta alcanzar los 19,97 días. Eso sí, es algo menos del tiempo récord de 21,34 días registrado en 2020 para las jubilaciones. Por su parte, las prestaciones por viudedad se demoraron 15,87 días, más del doble de lo que tardaban en 2015.

Aunque la Seguridad Social no difunde un histórico de esta variable, la revisión de las memorias estadísticas que publica anualmente evidencia tanto la degradación del servicio al ciudadano como el elemento que Gallo menciona como su principal motivo: la reducción de la plantilla. Entre 2010 y 2018, el número de trabajadores en las direcciones provinciales y oficinas de atención al ciudadano cayó un 15,16%, de 12.499 a 10.603. Actualmente son poco más de 10.100. Pero, en ese período, las solicitudes de prestaciones aumentaron un 17,5%, lo cual se traduce en un incremento de la carga de trabajo de los funcionarios del 46%. Ante la inminente jubilación del 'baby boom', todo apunta a que la situación continuará empeorando.

«Se pierde una plantilla que no se repone, y la que queda suma tareas y es cada vez más mayor. Porque, durante la pandemia, en el Estado han tenido que gestionar el Ingreso Mínimo Vital», comenta Gallo, que también dirige sus críticas hacia un proceso de digitalización que ha provocado «un desorden organizativo» dentro de la Seguridad Social y dificultades en la atención al ciudadano; sobre todo, al que sufre la brecha digital.

«Internamente, y ya antes de la pandemia, se han intentado paliar esas carencias con aplicaciones informáticas. Con el teletrabajo se han complicado aún más trámites que requieren una asistencia personal, como la incapacitación laboral, y la Seguridad Social está aprovechando esta coyuntura para convertir un canal que iba a ser temporal, el telemático, en la principal forma de relacionarse con el ciudadano. Y no funciona», sentencia.

Si en 2010 la Seguridad Social atendió presencialmente más de 17 millones de consultas, en 2020 esa cifra había caído a poco más de tres millones. Las consultas telefónicas también se han reducido a la mitad, y lo único que aumenta es la suma de las realizadas a través del registro electrónico y del buzón de la página web, que en 2020 superaron los 2 millones. En total, en una década la Seguridad Social atiende 12,5 millones de consultas menos.

En cualquier caso, al consultar con el asesor de la funeraria, los familiares de Gotzone se sorprendieron al descubrir que la Seguridad Social tiene un plazo legal de hasta 90 días para resolver las solicitudes. Así que aún está muy lejos de alcanzarlo. «Nos hemos acostumbrado a trámites rápidos y sin errores. Además, antes se daban adelantos de las prestaciones mientras se tramitaban para evitar una pérdida de renta en ese tiempo; algo a lo que, si llegamos, puede ser grave», denuncia Gallo.