Así serán las pensiones tras el acuerdo entre Gobierno y agentes sociales

La reforma del sistema de pensiones del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ya está en marcha, al menos en una primera fase, la consensuada definitivamente ayer con sindicatos y empresarios. Un acuerdo que aclara cómo se revalorizarán las prestaciones (con el IPC) o cuál será el sistema de jubilaciones anticipadas (con unos recortes más suavizados por meses).

Sin embargo, los integrantes de la mesa del diálogo social han dejado sin definir una de las cuestiones más espinosas, la vinculada a la propia sostenibilidad del sistema, con un factor «de equidad» del que sólo se sabe que sustituirá al de «sostenibilidad»: ajustes de las nuevas pensiones en función de determinadas circunstancias. Se deroga el factor en vigor (el que ligaba la prestación a la esperanza de vida), incluido en la anterior reforma de 2013, aunque nunca se puso en marcha. Será sustituido por otro que ahora debe ser negociado y que el Ejecutivo espera tener listo para mediados de noviembre.

La reforma acordada ayer va encaminada a elevar la edad real de jubilación. En concreto, desde el Ministerio de Seguridad Social apuntan al objetivo -planteado ante la Comisión Europea- de elevar en dos años la edad media efectiva de jubilación frente a la actual, que es de 64,5 años, aunque la norma dice que debería ser a los 66. Ese hito supone que para el año 2050 los españoles se jubilen, al menos, con 66,5 años y no antes. Esos dos años suponen un importante impacto para las cuentas de la Seguridad Social y con ellos se podría compensar una de las medidas más importantes incluidas en el pacto de ayer: el blindaje de la revalorización de las pensiones actuales con el IPC.

Las pensiones volverán a revisarse exclusivamente con el IPC medio registrado de cada año, con lo que se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo. El texto incluye una garantía para que la pensión no baje en caso de años con los precios a la baja. Si el IPC es negativo, las pensiones quedarían congeladas.

Para quienes dejen el mercado laboral por voluntad propia para acceder a la jubilación, el Ministerio de Seguridad Social quería acabar con la reducción de la primera pensión por trimestres. El pacto alcanzado establece ese cálculo por meses. La nueva penalización será desde un mínimo del 2,8% hasta un máximo del 21%. Hasta ahora, ese recorte podía acercarse al 30%. En concreto, a quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses les supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes). Y para los que tengan cotizados más de 38 años y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes). Por su parte, el reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.

También se modifican las condiciones de jubilación anticipada forzosa. Las personas empleadas en empresas cuyos centros de trabajo no se consideren móviles o itinerantes, y sean despedidas por rechazar un traslado que implique cambio de residencia, podrán acceder a la jubilación anticipada si cumplen determinados requisitos. También podrán acceder aquellos trabajadores que sean despedidos tras imponerle su empresa una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.

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En estos casos, se aplicarán una serie de coeficientes reductores por cada mes o fracción de mes en la que se adelante la edad legal, que oscilarán desde el 0,50% de reducción por un mes de adelanto si se tienen cotizados 44 años y seis meses o más hasta el 30% de reducción que se aplicará por adelantar la jubilación cuatro años (48 meses) si el periodo de cotización es inferior a 38 años y seis meses. Además, se aplicarán los coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria en aquellos supuestos en los que quien se jubila esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.

En el caso de la jubilación demorada, esto es, trabajadores que continúen en activo más allá de su edad legal, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal por parte de la empresa, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Además, se refuerzan los incentivos con un pago adicional del 4%; una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas; o una combinación de ambas opciones. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.

El pacto de la reforma de las pensiones también incluye un nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores por cuenta ajena. Se trata de que este colectivo (integrado por más de tres millones de profesionales) cotice en función de sus ingresos reales, y no por tramos estancos, como ocurre hasta ahora.

El documento prevé la implantación gradual a partir del 1 de enero de 2022, aunque no tendrá efectos económicos hasta 2023, con un despliegue progresivo durante un máximo de nueve años. Cada tres años, se hará una revisión en la que los interlocutores sociales podrán decidir si aceleran la implantación de este calendario.