«Santurtzi es el epicentro de la okupación ilegal»

Urdiales, que se presenta a las elecciones para recuperar el escaño que perdió en las municipales de 2019, anunció tres medidas a impulsar desde el Ayuntamiento. «Un servicio jurídico de atención a los afectados, crear una brigada especial municipal para localizar casos de okupación e implementar medidas para detectar los contratos fraudulentos de suministro de luz y agua», detalló.

La formación popular resaltó asimismo que «Euskadi alcanza cifras récord de criminalidad, según la Ertzaintza», advirtió Raquel González, candidata foral. Y es que un informe oficial apunta que las tasas de delitos registradas en 2022 (más de 99.999 infracciones penales conocidas por la Policía autonómica) son las más altas de la última década. «Esa criminalidad hay que combatirla, y la okupación está dentro de esa inseguridad». En ese sentido, recalcó que «los municipios grandes tienen capacidad para implantar medidas y acompañar a los propietarios afectados por okupaciones, pero los pequeños no, y ahí entra la Diputación». Así, propuso llevar una «oficina de ventanilla única de todas las gestiones que se puedan hacer en la Diputación a todos esos pueblos pequeños que no la pueden tener de manera municipal». En ella, subrayó, habrá un «apartado específico para apoyo, seguimiento y ayuda jurídica y económica para los propietarios que tengan la vivienda okupada de manera ilegal».

Situaciones como las de Santa Eulalia o Las Viñas, aseguraron desde la formación, se han repetido en Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Trapagaran, Zamudio... «Y ahora Santurtzi es el epicentro de la okupación ilegal», afirmó Iturgaiz, quien enfatizó que «la okupación no es un derecho, es un delito». Por ello, el presidente del PP en Euskadi anunció la presentación en los próximos días en el Parlamento vasco de una «proposición no de ley» contra la ley de vivienda «prookupa» aprobada recientemente por el Gobierno español.

¿Qué medidas proponen? El desalojo de los okupas en un plazo de 24 horas, reforzar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel, mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias, prohibir que un inmueble okupado tenga consideración de morada o domicilio y devolver al propietario el dinero abonado por el IBI en el periodo de okupación, son algunas de ellas.