El escape de propano que nadie detectó

La propia configuración del edificio propició que el gas se acumulara en sus bajos. El colegio Marcelino Ugalde correspondía a un modelo de construcción desarrollado a partir de una orden ministerial de 10 de febrero de 1971. Diseñado para acoger los ocho cursos de la EGB, este tipo de escuela mezclaba las aulas con los espacios comunes.

Estos colegios se construyeron en aplicación de ocho planes educativos de urgencia, correspondientes a otras tantas regiones (Andalucía, Galicia, País Vasco, Canarias, Valencia, Madrid, Cataluña y Asturias), cuyo objetivo era cubrir las necesidades de zonas que habían experimentado un rápido crecimiento demográfico. En Euskadi se levantaron varios colegios siguiendo todos el mismo proyecto arquitectónico. Uno de ellos fue el Marcelino Ugalde.

Este tipo de centro estaba formado «por módulos que se llamaban unidades escolares», explica el arquitecto Joseba Escribano, que fue presidente de la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro y profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián. «El número de estas unidades variaba en función de las necesidades», de a cuántos niños se estimaba que tenían que acoger. El de Ortuella, que era parte del Grupo 4 del Plan de Urgencia de Vizcaya, fue proyectado para acoger 22 aulas, que luego se ampliarían a 28. Empezó a construirse en 1972 y se concluyó, con demoras, en 1973.

«Lo que no recogía este proyecto tipo era dónde se situaba» cada escuela. «Y aquí, en el País Vasco, terrenos planos pocos hay». El Marcelino Ugalde estaba en un punto alto, sobre un desnivel. «Al construirlo, para conseguir la horizontalidad, se creaba un espacio» bajo una parte del edificio. Este espacio o sótano «normalmente se aprovechaba para meter instalaciones de saneamiento, pluviales...». En cualquier caso, «todo se construyó de acuerdo con la legislación vigente entonces», matiza Escribano. La escuela se asentaba sobre pilares y la base estaba cerrada con un grueso muro de hormigón que formaba una cámara ciega o sótano bajo algunas aulas.

El gas propano que alimentaba la caldera de la calefacción del Marcelino Ugalde llegaba por este sótano. «La legislación vigente entonces», el Reglamento público de suministro de gas de 1956, modificado en 1973, «lo único que normalizaba era el suministro del gas. El depósito tenía que cumplir unas condiciones para que funcionase. Pero para toda la instalación interior no había una normativa concreta».

Es en la conducción entre depósito y caldera donde surgió el problema. «La tubería se oxidó. Esa corrosión pudo abrir un agujero o bien una serie de puntitos» por los que escapaba el gas. «El propano es más pesado que el aire. Iba cayendo al suelo y lo iba empapando», y así se fue acumulando en las zonas más bajas del sótano. Es muy posible que en este proceso perdiera el olor que podría haber alertado de su presencia.

«El propano no huele. Se le añade un producto para que te des cuenta de que está», por si hay un escape. Así que «algo tendría que oler». Y de hecho siempre se ha comentado que algunas personas habían notado un mal olor que atribuyeron a un problema de saneamiento. Pero «el fontanero municipal no fue a ver por qué olía mal, sino a arreglar algo de la cocina». En concreto, unos lavabos atascados, según aclaró el Ayuntamiento días después de la catástrofe. El fontanero bajó al sótano «y no se dio cuenta de la presencia del propano. De alguna forma, al bajar se produjo alguna corriente que empujó o expulsó el gas» hacia la parte del sótano que estaba debajo de las aulas de los niños más pequeños. «Al encender el soplete, prendió el gas y explotó». Si lo que cerraba la base del edificio «no hubiera sido un muro de hormigón, sino un tabique», es posible que «hubiese pasado algo menos grave. Porque la detonación habría ido hacia los lados», hacia la calle, reventándolo. Pero las gruesas paredes de la base dirigieron la deflagración hacia arriba, «hacia donde estaban los críos».

La tragedia de Ortuella hizo que muchos centros escolares decidieran revisar y cambiar sus instalaciones de propano por otras de gasóleo y, más adelante, por gas natural, cuyo uso ahora es generalizado. La catástrofe también determinó cómo se iban a montar las instalaciones de gas a partir de entonces con una normativa más estricta. «Ocurre siempre. En temas de seguridad siempre se avanza a partir de un error o una catástrofe», admite Escribano.

El auto que cerró el sumario, dictado en julio de 1983, definía como causa fundamental y determinante de la explosión la falta de un sistema de protección adecuado en las conducciones de gas, señalaba el carácter impreciso de la legislación al respecto y consideraba la urgencia de actualizarla. Ese mismo año entró en vigor la Modificación del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, «la normativa en la que ya se especifica cómo tiene que ser la red interior» y que ya obliga a incluir la protección catódica, un sistema de protección activa –las pasivas son las pinturas y los revestimientos– y que lo hace seguro. En 1980 ya se utilizaba, pero resultaba costoso y no era obligatorio salvo en las instalaciones industriales.