Una fundación catalana compra el palacete de Sopuerta que albergará un centro de menores

La adquisición del Palacio de Quintana, un edificio singular de 850 metros cuadrados repartidos en tres plantas al que rodean 13.000 metros cuadrados de terreno, fue confirmada ayer a este periódico por portavoces de FSC. También la inminente apertura del que será el centro de menores número quince de Bizkaia. La idea es, explicaron las mismas fuentes, que todo esté en marcha «antes de final de mes». Previsiblemente, durante la Semana Santa.

El inmueble fue en sus orígenes la (lujosa) residencia de verano de un indiano y funcionó posteriormente como geriátrico. Desde 2012 permanece cerrado a cal y canto. Y aunque el contrato de venta ya se ha ejecutado, el palacio aún aparecía ayer a la venta en diferentes portales inmobiliarios por 1,3 millones. El precio que va a abonar la fundación catalana no ha trascendido, pero sí una oferta que puso sobre la mesa hace apenas unos días un vecino de Sopuerta -un millón- para intentar frenar el proyecto del centro de menores.

Buscar un inversor ha sido el último intento de un colectivo de residentes en la zona, que se vienen manifestando a las puertas del Palacio de Quintana desde hace semanas para criticar el «oscurantismo» con el que creen que la Diputación ha ido dando pasos en Sopuerta. Advierten de que la localidad encartada «no es idónea» para acoger un centro de este tipo por su falta de recursos sociosanitarios, y temen que la llegada de los menores pueda «alterar» la convivencia. En el recuerdo de algunos de ellos aparecen los graves incidentes registrados a comienzos de siglo en el cercano municipio de Arcentales por los residentes en un servicio idéntico.

Pese a las quejas, la Diputación no va a dar marcha atrás. Lo ratificó ayer la responsable foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, durante una comparecencia en las Juntas Generales en la que, a preguntas del PP, confirmó el proyecto y dio las primeras pinceladas sobre las características del nuevo centro de menores. Desveló su capacidad -de 9 a 30 usuarios- y que los futuros residentes tendrán entre 14 y 18 años. Se tratará de un recurso destinado a la preparación para la emancipación en el que los adolescentes serán educados para «integrarse en el entorno y en el mercado laboral».

Durante semanas la administración vizcaína se había resistido a hablar de sus planes en Sopuerta escudándose en la confidencialidad con la que debe abordar todas las cuestiones relacionadas con la tutela de los menas por su condición de menores. Lo que sí ha venido anunciando desde comienzos de año es que la llegada de adolescentes extranjeros estaba registrando un repunte que obligaba a adoptar medidas «excepcionales». La principal, habilitar nuevos centros para su acogida.

La Diputación, volvió a recalcar ayer Antxustegi, está obligada por ley a atender a estos chicos y apeló a la solidaridad de la sociedad. «No vamos a dejar a ninguno desprotegido en la calle», zanjó después de reclamar «tranquilidad» a los vecinos de Sopuerta y pedirles que «no carguen sobre los menores prejuicios y estereotipos». Sobre la ubicación de la residencia, defendió que en Bizkaia hay centros de menores «en todas las comarcas, en zonas urbanas y rurales, en ciudades grandes y pequeñas».

El vaivén con los centros de menores es considerable desde el pasado verano. En septiembre, justo cuando bajaba la persiana definitivamente la residencia de El Vivero, en Galdakao, por sus graves problemas estructurales, la Diputación desveló que tenía tutelados a 310 chavales cuando la capacidad de sus servicios de acogida no superaba las 280 plazas. Una saturación que había empezado en junio y que está yendo a más.

La residencia de Aragón

En noviembre la Diputación abrió un recurso «temporal» en Ondarroa, donde ha convertido en centro de menores la Casa del Mar, la histórica residencia para pescadores en tránsito. Allí fueron trasladados una docena de chavales que parecen haberse integrado perfectamente en el entorno. Acción Social tiene pendiente de explicar qué va a hacer con un edificio que compró en diciembre por un millón de euros en Artxanda en el que durante casi 60 años una institución benéfica ha atendido a enfermos y a gente sin recursos.

En Sopuerta el proyecto está lanzado hace semanas. Lo desveló por error el Ayuntamiento en sus redes sociales y por eso los vecinos han empezado a movilizarse. La Fundación Salud y Comunidad empezó en febrero el proceso para contratar personal. La entidad tiene delegaciones en diferentes puntos del país, entre ellos Bizkaia. También en Aragón, donde gestiona una residencia para chavales con trastornos de conducta al que Bizkaia mandó a cuatro menas el año pasado.