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La Diputación abrió el año pasado 136 expedientes a residencias, centros de día y viviendas tuteladas de la red pública y privada de Bizkaia tras detectar irregularidades en sus servicios o instalaciones. Las peticiones de subsanación son fruto de las 536 inspecciones realizadas por los ... técnicos del Departamento foral de Acción Social, la mayoría de oficio. De hecho, apenas el 11% (61) se llevaron a cabo tras registrarse una denuncia de los usuarios o sus familiares.
El balance fue presentado ayer por la responsable foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, durante una sesión de las Juntas Generales a la que acudió, a petición de EH Bildu, para dar cuenta de un caso concreto. La Diputación abrió a finales del año pasado un expediente a la residencia Domus VI de Arrigorriaga tras una queja de los familiares de algunos usuarios por la «falta de personal, comidas de poca calidad y numerosas deficiencias técnicas».
Según los familiares, el equipo médico para atender a los 122 residentes del centro está compuesto por nueve auxiliares, un médico y dos enfermeras, «que solo están de lunes a viernes únicamente por las mañanas». Antxustegi confirmó que se ha pedido al centro que mejore el ratio de sanitarios y que subsane las deficiencias detectadas en varios timbres ubicados en las instalaciones. El requerimiento se hizo en diciembre y el expediente aún no se ha cerrado. «Que hayan pasado tres meses y estemos así debe hacernos reflexionar», lamentó la juntera soberanista Izaskun Duque. Como ella, el resto de fuerzas de la oposición reclamaron «que se escuche más a las familias».
Las 536 inspecciones suponen un incremento del 3% respecto al año anterior (517). De ellas, 225 fueron en residencias (204 el curso anterior), 63 en centros de día y 71 en viviendas comunitarias y apartamentos tutelados, «todas ellas con visita presencial». Del total de controles, 61 se llevaron a cabo como consecuencia de una denuncia previa y el resto se cursaron de oficio.
En estas inspecciones, los servicios forales detectaron 136 vulneraciones de la normativa vigente, que afectaban fundamentalmente a los requisitos materiales que deben cumplir los centros. Estos incumplimientos se localizaron en 72 residencias para personas con dependencia, 25 en viviendas comunitarias y nueve en centros de día.
Antxustegi defendió que «todos y cada uno» de los centros de servicios sociales «sin excepción», tienen que recibir la autorización de la Diputación para empezar a prestar servicio y se inspeccionan de forma periódica también por parte de la institución foral. «Inspeccionar es un ejercicio de responsabilidad en la prestación de los recursos públicos, y de garantía y protección de las personas usuarias».
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