Bilbao suspende la concesión de nuevas licencias a pisos turísticos en toda la ciudad

Es decir, explican fuentes municipales, hasta que el Consistorio culmine la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar su concentración en ciertos barrios, se suspende la concesión de permisos para poner en marcha estos alojamientos, que suman 1.364 en toda la ciudad (una cantidad que se ha triplicado en los últimos seis años). La normativa fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), por lo que ya es de obligado cumplimiento. El Consistorio también ha comunicado al departamento de Turismo del Gobierno vasco que, por mucho que haya nuevas viviendas que intenten darse de alta en el registro oficial, los servicios municipales no remitirán el informe de conformidad necesario para que comiencen a ejercer la actividad.

El Ayuntamiento busca, de esta manera, impedir la proliferación de pisos turísticos en un momento en el que está estudiando cómo poner coto al fenómeno. El equipo de Gobierno recibió en el pasado mayo el mandato del pleno municipal de modificar el PGOU para limitar la concentración de viviendas y habitaciones de esta tipología «teniendo en consideración los datos del sector por barrios y distritos».

Desde que el Consistorio adquirió este compromiso, los grupos que componen el Gobierno municipal han optado por guardar un perfil bajo en lo que se refiere a las modificaciones la normativa urbanística. En todo este tiempo, ha reinado cierto hermetismo, pues no han querido dar pistas para evitar que posibles interesados se apresuren a pedir licencias sin conocer las posibles cortapisas que les pondrán en el futuro. Solo el alcalde, Juan Mari Aburto, ha roto esta ley del silencio en varias entrevistas radiofónicas al asegurar que apuesta por reducir el número de habitaciones turísticas que puede haber en un edificio (en la actualidad solo están limitadas las viviendas turísticas, que deben estar en un primer piso). También afirmó buscar fórmulas jurídicas para evitar que puedan abrirse más alojamientos de esta tipología en el Casco Viejo, la zona más saturada.

Preguntados de nuevo por esta cuestión, desde el Ayuntamiento prefieren no entrar al detalle sobre cómo la reforma del PGOU afectará a estos. Solo aclaran que afectará tanto a las viviendas como a las habitaciones de piso turístico. Ahora bien, su desarrollo normativo es complejo, ya que debe someterse a un proceso de participación ciudadana y pasar por el Consejo Asesor de Planeamiento.

En este proceso participativo el Ayuntamiento también tendrá en cuenta la opinión de las comisiones técnicas de los Consejos de Distrito de Ibaiondo y Abando, lo que puede dar una pista sobre los barrios en los que se aplicarán restricciones una vez caiga la moratoria. Son las zonas más céntricas de la ciudad y a su vez las que más pisos turísticos concentran.

Con la moratoria a la concesión de licencias mientras se modifica el PGOU, Bilbao sigue los pasos de San Sebastián, que sufre de forma más pronunciada el impacto de este fenómeno. La capital guipuzcoana tomó hace año y medio la decisión de no conceder más permisos a los pisos turístico en el centro de la ciudad. Aunque la previsión inicial era que la moratoria solo estuviera en vigor mientras se elabora la modificación del PGOU y después se caminara hacia otro tipo de restricciones, el alcalde Eneko Goia ya ha mostrado su predisposición por que «no se otorguen más licencias a las viviendas turísticas».

La asociación vecinal Bihotzean, del Casco Viejo, fue la encargada de llevar el asunto al pleno en el que se aprobó revisar la normativa. De hecho, una de sus demandas era poner en marcha una moratoria, pero entonces el Gobierno municipal lo rechazó. La cuestión es que es la zona que sufre de manera más pronunciado la presión de estos pisos: si todas las camas que ofrecen estuvieran llenas, los turistas representarían al 15% de los vecinos del barrio.

Este dato corresponde solo a las viviendas legales. En el caso de las que se anuncian sin estar registradas, algunos estudios apuntan que pueden rondar el 30%. El Gobierno vasco está preparando una normativa que obligará a las plataformas a compartir su ubicación con la Administración, lo que faciliará encontrar a quienes ejercen la actividad de forma irregular. Unos delitos que, sin posibilidad de conseguir una licencia, podrían aumentar.