Bilbao concentra casi la totalidad de la escasa oferta de pisos en alquiler de Bizkaia

Que en Bizkaia cada vez hay menos viviendas arrendables es una realidad innegable. Lo afirman los profesionales del sector, los vecinos que están en búsqueda activa e incluso el Gobierno vasco. Aunque este último matiza que «no es una cuestión exclusiva de Euskadi, sino que ocurre también en otras ciudades de España». Señalan que desde 2021 se «han perdido 300.000 alquileres libres» en todo el territorio nacional. Y esto produce que inevitablemente las rentas se disparen. Y mucho.

Para comprobar esta 'sequía' de alquileres en Bizkaia, basta con bucear unas horas por internet. El pasado viernes, el principal portal inmobiliario del país sólo ofertaba 676 viviendas en todo el territorio. La mayoría (451) se concentraban en Bilbao, sobre todo en los distritos del centro, mientras que en otros municipios apenas se encontraban anuncios activos. De hecho, en Barakaldo sólo había 16 pisos; 5 en Portugalete, 4 en Santurtzi; 11 en Leioa; 3 en Erandio, 1 en Durango y ninguno en Basauri. La excepción se encuentra en Getxo, donde se ofertan 89 inmuebles. Pero si el análisis se hace por barrios la cosa cambia. En Romo, por ejemplo, sólo había dos pisos disponibles. Y ambos para estudiantes. A esta búsqueda habría que sumar los pisos que se arrendan entre particulares, los que manejan las inmobiliarias en sus carteras internas y otros que estén publicados en portales de menor relevancia.

¿Por qué hay tan pocos? Los expertos inmobiliarios consultados por este periódico coinciden en que la nueva Ley de Vivienda ha generado «inseguridad» en los propietarios. Se trata de una medida aprobada la primavera pasada por las Cortes que tiene como objetivo dar una mayor seguridad a los inquilinos y evitar que se disparen los precios al establecer unas ciertas obligaciones a los propietarios. «Es un sentir generalizado de los profesionales del sector. Notamos que hay un cambio en la actitud de los dueños desde el año pasado, con el anteproyecto de la norma. Los propietarios se pusieron en guardia. Temen no poder echar a un inquilino si se declara vulnerable, aunque no les pague la mensualidad. Para muchos es un sustento económico», explica Juan Manuel González, presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Bizkaia. En su opinión, es «responsabilidad de las Administraciones dar seguridad jurídica a los propietarios» para que la cosa cambie. Los agentes explican que el texto podría ser «válido» para grandes tenedores, pero no para aquellas personas que «con sus ahorros han puesto un piso en alquiler con el fin de vivir mejor». Y apuntan que en Bizkaia «el 95%» de los propietarios son precisamente pequeños tenedores.

El Departamento vasco de Vivienda, por contra, cree que es «demasiado pronto» para echar las culpas a la ley, sobre todo «cuando aún no se ha aplicado». ¿Y entonces qué pasa? Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos, alude a dos causas. La primera: la pandemia. «El confinamiento generó un efecto 'boomerang' sobre la demanda. La ciudadanía lo pasó mal y muchos tomaron la decisión de mudarse a otros hogares más cómodos. Así las listas de demandantes se dispararon aunque la oferta seguía siendo igual de escasa».

El segundo motivo: los cambios en las políticas monetarias. «Tras la pandemia llegó la inflación y las guerras, lo que trastocó la economía de la gente. Los bancos tomaron sus medidas y pasamos de tener unos intereses hipotecarios negativos a alcanzar el 4%. Esto hizo desaparecer la financiación bancaria a los que menos ingresos tenían», matiza Yoldi. Este vuelco de tuerca provocó que «los que buscaban una compra se acabaran decantando por el alquiler, como ocurre en jóvenes o inmigrantes».

Según el Departamento de Vivienda, en Bizkaia hay 59.845 personas a la espera de poder emanciparse. En lo que sí coincide Yoldi con el sector es que cree que la única manera de impulsar el mercado es «dando garantías a los propietarios». «A medio y largo plazo hay que construir más, pero a corto, debemos tranquilizar a los arrendadores para que pongan sus pisos en el mercado a través de seguros u otros incentivos fiscales».

Aplicada o no la ley, los profesionales dicen que ya «hay una estampida» de pisos. Confiesan que algunos propietarios han optado por vender, otros han destinado sus pisos a apartamentos turísticos e incluso hay quienes se inclinan por alquilarlos por temporadas a estudiantes o trabajadores para eludir así la ley. «Prefieren no alquilar para quitarse de líos. Piensan que es un riesgo», apunta José Alonso, delegado de la zona norte en Don Piso. Esto ha generado que «cada vez que ponemos un piso en alquiler nos lluevan las llamadas».

Otra razón por la que los propietarios no quieren arrendar es porque ahora la ley dice que son ellos los que tienen que pagar los honorarios y no los arrendatarios. «Si en siete meses se les va un inquilino y lo quieren volver a alquilar, tienen que pagar de nuevo», alude Roberto Serrano, CEO de Quorum. «Aunque aún no han vivido la ley, sólo por lo que oyen les da miedo. Sienten que les quitan el derecho a decidir sobre sus propios pisos», añade el experto.