Los transportistas recurren la orden de Educación que les obliga a prestar el servicio de autobús escolar

La publicación de la orden de ejecución forzosa es una medida extrema adoptada por el departamento que lidera Jokin Bildarratz ante la negativa de los transportistas a poner autobuses escolares para los centros públicos de Álava y Bizkaia por las condiciones «inasumibles» que ofrece Educación. En Gipuzkoa, en cambio, se han cubierto el 98% de la rutas y sólo ha hecho falta 'obligar' a tres empresas a cubrir las rutas que quedaron desiertas.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este martes tras el consejo de Gobierno que la orden pretende «garantizar» el derecho de los alumnos a la enseñanza. En este sentido, ha añadido que el documento persigue «garantizar ese servicio y que las empresas que hasta ahora han tenido la responsabilidad de gestionar el transporte aseguren ese transporte hasta que se resuelva una nueva licitación».

El documento, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, asume que la continuidad en la prestación del servicio «no está garantizada» a dos días del inicio del curso. Por ello, y toda vez que el derecho «fundamental» de 10.000 alumnos de la red pública alavesa y vizcaína está afectado, el Departamento adopta esta medida para «asegurar» el desplazamiento a sus centros educativos.

Educación obligará a las empresas a cubrir los itinerarios y les abonará el coste más un 6% de beneficio industrial. Para determinar cuánto le cuesta a cada compañía poner en marcha un autobús y los gastos que conlleva, la orden explica que el Departamento habilitará un espacio para que las empresas, con una periodicidad mensual, aporten documentación detallando sus costes.

La situación es insólita y arroja varias dudas. Las propias compañías no saben muy bien a qué atenerse. «¿Qué pasa si he vendido autobuses? ¿Qué pasa si quiero cerrar la empresa porque me quiero jubilar? ¿Qué pasa si no tengo a los trabajadores dados de alta?», se preguntaba hace unos días Félix Soleto, gerente de autobuses Soleto, en El Correo. «Nos dicen que hay que hacerlo sí o sí, pero oiga, igual alguien no se ha presentado al concurso porque ya no puede o no quiere hacer el servicio». Sin embargo, Bildarratz fue tajante el viernes: «No concibo que las empresas no acaten la orden de ejecución forzosa».