Educación denuncia en Fiscalía a las empresas de transporte escolar por concertar tarifas e inflar precios

Para garantizar el transporte, «que es lo fundamental», apostilló el dirigente nacionalista, la consejería ha emitido una orden de ejecución forzosa por la que las empresas que prestaron el servicio el año pasado estarán obligadas a cubrir las rutas este nuevo curso. El Gobierno abonará a cada empresa el coste real del servicio -es decir, lo que le cuesta a cada empresa poner en marcha un autobús, pagar un conductor, etc.- y le sumará un 6% de «beneficio industrial» -que es la rentabilidad que saca la compañía-, como marca la legislación en estos casos. Al utilizar esta vía el coste final para el Ejecutivo, apuntan fuentes del Departamento, será «infinitamente inferior» al del año pasado porque los márgenes para las compañías serán mucho menores que si hubieran aceptado la oferta. Un trágala en toda regla.

El choque, escenificado este viernes en una rueda de prensa convocada de urgencia, llega después de una negociación fracasada. El Departamento sacó a licitación 467 rutas de transporte escolar para dar servicio a los colegios públicos. Se ofertaban, en principio, para un periodo de tres años más uno prorrogable. Sin embargo, la inmensa mayoría de las líneas quedaron desiertas. Las empresas argumentaban que las condiciones económicas hacían «insostenible» el servicio, aunque Bildarratz asegura que «hemos subido precios en algunas rutas y no hemos recibido ninguna oferta».

Ante esta situación, Educación convocó a una reunión a representantes de las principales patronales del sector -Direbús, Anetra, Aundi y Asintra- y a otras empresas a título individual. En ese encuentro, y una vez que la mayoría de licitaciones habían quedado desiertas, se les propuso gestionar las mismas rutas que ya tenían en el curso 2022/2023 en las mismas condiciones hasta que los itinerarios saliesen de nuevo a concurso. Hace un año, en otra negociación 'in extremis' (se cerró la última noche antes del inicio de las clases), el Ejecutivo autonómico accedió a incrementar las tarifas en un 24%; y el curso anterior se subieron otro 7%.

La oferta de la consejería convenció a la mayoría de transportistas de Gipuzkoa, que aceptaron la propuesta «sin problema alguno». En Bizkaia y Álava, en cambio, fue rechazada de pleno. De hecho, en Gipuzkoa se han cubierto el 98% de las rutas licitadas; en Álava, el 17%; y en Bizkaia, ninguna, según los datos aportados por el consejero.

Esta diferencia abismal -«ilógica», en palabras de Bildarratz- entre los transportistas guipuzcoanos con los alaveses y vizcaínos habría levantado las «sospechas» del Departamento. Según el relato ofrecido ayer por el consejero, tras recabar información esas dudas «se acrecentaron ante la posibilidad de que algunas empresas pudieran estar actuando de un modo ilícito, activando una posible concertación entre ellas, con el objetivo de obtener un mayor beneficio de la Administración». Ante esta situación Educación no sólo ha denunciado a los transportistas; sino que les ha obligado a operar a un precio inferior al del curso pasado. Cuestionado sobre qué pasará si se niegan, Bildarratz fue tajante: «No lo concibo».

Los roces no son nuevos. Desde el año 2020 las empresas han recurrido hasta en 27 ocasiones los pliegos del Gobierno vasco ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), que resuelve conflictos en materia de contratación pública. Una actitud que Bildarratz calificó de «obstruccionista».

En todas estas ocasiones, detalló, el OARC ha desechado las alegaciones de las compañías contra el presupuesto de los contratos (aunque sí les ha dado la razón en otros aspectos). El consejero afirmó ayer que, en sus últimas resoluciones, el órgano de arbitraje incluso aprecia «mala fe» por parte de las empresas y asociaciones «con una evidente intención de dilatar el proceso», así como «argumentos contradictorios».

El conflicto afecta a los colegios públicos que tienen ruta de autobús. Los centros concertados negocian por su cuenta con las empresas que consideren. El autobús y el comedor son gastos privados que se cobran a las familias y no están cubiertos por Educación, que en la concertada únicamente abona el coste de la educación. Aunque el Gobierno sólo negocia los itinerarios de la red pública, Bildarratz aseguró ayer que «algunos colegios nos han hecho llegar una preocupación similar».