Uno de cada ocho autobuses escolares de Álava no circulará por ser demasiado viejo

El problema es que en muchos casos los recambios no han llegado a tiempo. Desde la pandemia, el sector ha sufrido la crisis de suministros global, agravada con la guerra de Ucrania. Juan Manuel Sierra, director de relaciones institucionales de Direbús, una de las principales asociaciones, explica que, antes de la irrupción del coronavirus, se tardaba «entre tres y cuatro meses» en recibir un autobús. Ahora los plazos se han multiplicado por cinco. «Estamos hablando de entre 16 y 18 meses».

A raíz de la pandemia, el Ministerio de Educación aprobó en septiembre de 2021 una dispensa de dos años que autorizó a los autocares viejos a circular pese a tener más de 16 años. Esa prórroga acaba de finalizar. En julio, representantes del sector se reunieron con el Ministerio para pedir que se alargue, pero no han recibido respuesta. El hecho de que el Gobierno esté en funciones tampoco invita al optimismo. La situación afecta a 3.600 autobuses en toda España. A la incertidumbre sobre cuándo van a llegar los vehículos se suma el incremento de los costes, que Sierra cifra en torno a un 10% más respecto a hace cuatro años.

El sector también soporta la subida del precio del carburante o arrastra deudas de la pandemia. «Muchos empresarios están devolviendo ahora los préstamos ICO», expone Sierra. Y ahora, con la subida de los tipos de interés, es más caro financiar la compra de autocares.

La situación de la flota de autobuses no ha provocado el conflicto entre el sector y el Gobierno vasco a cuenta de la licitación de rutas escolares. Pero, sin duda, ha contribuido a que los transportistas se hayan plantado ante las condiciones que ofrece Educación, ya que consideran que se les obliga a trabajar a pérdidas. Como consecuencia, solo se han cubierto el 17% de las rutas alavesas, mientras que en Bizkaia han quedado desiertas todas. El Ejecutivo obligará a las empresas que prestaron el servicio el año pasado a repetir este curso. Además, ha denunciado a los transportistas ante la Fiscalía por considerar que actúan como un cártel para manipular los precios.

Las acusaciones no sentaron bien entre los empresarios, propietarios en la mayoría de casos de pymes y compañías familiares. La mayoría se muestran «muy molestos», y advierten que «algunos datos» en los que se apoya la decisión de Educación «no son del todo ciertos».

Por todo ello, han convocado hoy una rueda de prensa en la que darán todos los detalles que les han llevado a dejar desiertos los concursos para la adjudicación de las rutas escolares. También buscan defenderse de las graves acusaciones vertidas contra ellos.