Fraude en Euskadi
Adjudicatarios de pisos sociales de Vitoria los realquilan de forma ilegal desde 300 euros

Decenas de beneficiarios de viviendas de Alokabide las subarriendan de forma irregular al mudarse a otras ciudades. El boca a boca y 4 locutorios difunden las 'ofertas'

David González e Ikram El Aarrass Amachraa

Domingo, 3 de marzo 2024, 00:31

«Me divorcié y me vi en la calle porque la casa era de él. Me salió la oportunidad y no lo pensé. Estuve un ... año. Pagaba 300 euros cada mes al titular oficial del alquiler social, que en realidad vivía en otro lugar». Fátima accede a contar su experiencia con una única condición, que le pongamos un nombre ficticio. Esta vecina de Vitoria de mediana edad disfrutó de una vivienda social de Salburua hasta mediados del año pasado. Esa etapa no consta en registro oficial alguno. Ni en el de Alokabide, propietario del inmueble, ni en el padrón municipal, notario de los flujos migratorios. Hay más personas como Fátima.

El CORREO ha constatado que este fraude que apenas sale en las estadísticas oficiales –5 casos detectados desde el 1 de enero de 2023, según la información facilitada por el Gobierno vasco– está más extendido de lo que parece. Y cuenta con engrasados tentáculos. El boca a boca y, al menos, cuatro locutorios distribuidos por distintos barrios de la ciudad ejercen de correa de transmisión.

Previo desembolso de una importante entrada, las tarifas van desde los 300 a los 600 euros mensuales. Depende de si es una sola persona o una familia. Los pagos se hacen en mano. A algún cómplice o cada varios meses, cuando el beneficiario regresa puntualmente a la ciudad. Las modalidades dependen de cada caso, con el nexo común de que no hay transacciones bancarias ni bizums comprometedores.

EN SU CONTEXTO

4.500 viviendas de alquiler social hay en Álava, según los datos facilitados por Alokabide. La gran mayoría se ubica en Vitoria y el resto se reparte por diez municipios, como Llodio,Amurrio o Agurain. El parque en el conjunto del País Vasco supera los 16.000 hogares.
5 expedientes abiertos Alokabide informa de 5 expedientes abiertos en la provincia desde enero de 2023 por «cesión inconsentida por parte de titulares» de viviendas sociales. Dos han llegado a la vía judicial (de los que uno desembocó en desalojo). Otros dos se hallan en «mediación prejudicial». Y el último se abrió «recientemente».
300 euros mensuales es la tarifa mínima para una persona que paga por estos realquileres fraudulentos en viviendas sociales. El precio asciende si se trata de una familia.
«Mira en ese tablón» Cuatro locutorios colaborarían en este fraude, según ha constatado este periódico. El boca a boca es la otra manera de acceder a estos realquileres irregulares de pisos sociales.

Los interesados suelen ser personas con recursos limitados y excluidos del menguante mercado legal de alquileres. Ayer sábado, la oferta más económica en el mercado del alquiler de Vitoria era un estudio de 40 metros cuadrados en el barrio de San Martín por 470 euros. La habitación más asequible se localizaba en la calle Palencia. a 240 euros, y techo compartido con tres inquilinos más.

El tiempo de permanencia lo determina el titular oficial del arrendamiento social. Hay casos puntuales de siete años consecutivos de realquiler fraudulento. El récord detectado por este periódico lo ostenta un exetarra que supuestamente acumula 14 años rentando las habitaciones de su vivienda social.

«Ahora te señalo 50 pisos»

«Tirando por lo bajo, ahora mismo os podría señalar cincuenta ubicaciones donde quienes viven no son las personas que figuran en los ficheros de Alokabide», reta un inquilino legal de estas edificaciones reservadas a personas en riesgo de exclusión social. Se desconoce el alcance real de este engaño. Álava cuenta en la actualidad con 4.500 viviendas protegidas para este fin social. La inmensa mayoría se sitúa en Vitoria, aunque pueden encontrarse en otra decena de municipios.

¿Dónde están los beneficiarios oficiales? «Si te sale un trabajo fuera, por ejemplo en Francia, alquilas la casa a alguien y así no la pierdes cuando vuelves. Vienes puntualmente cuando te toca renovar algo», desvelan fuentes conocedoras de esta picaresca. Por esta razón, las ofertas suelen aumentar en los meses de primavera y verano.

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Estas vacantes se 'ofertan' por el boca a boca y, al menos, a través de cuatro locutorios. EL CORREO ha hecho ruta por esos locales sospechosos. Al principio, los dependientes siempre desconfían del extraño. Basta con insistir un poco y añadir que no hace falta ni padrón ni contrato. La actitud varía. «¿Lo quieres para ti solo?», requiere un comerciante. «Sé de qué me hablas, pero ahora mismo no tenemos ninguno. Déjame un número de contacto y te llamamos», indica otro. «Solemos ponerlos en ese tablón», admiten en uno de esos negocios.

Labores de comprobación

Existe también el caso puntual de un matrimonio que retornó a su país para divorciarse. «Pagaron 500 euros allí por el papel oficial. Volvieron, lo presentaron a Alokabide, que les acabó concediendo un segundo piso. Viven en el de siempre y el otro lo tienen alquilado», revela un convecino de esta pareja oficialmente rota.

Algunos de estos subarrendamientos fraudulentos acaban de manera abrupta y el realquilado sí alerta a Alokabide. EL CORREO ha confirmado las llamadas de tres afectados. Todos cuentan lo mismo; «telefoneé y me dijeron que tomaban nota». Una agrega que «cuando les pedí que tomaran medidas ya, me respondieron que mientras pagara la cuota no podían hacer nada hasta que llegara el momento de renovar o no su contrato».

En Alokabide matizan que «con respecto a los subarriendos, cuando se traslada la existencia de indicios, se realizan labores de comprobación. Y en caso de resultar acreditados, proponemos las acciones judiciales que resulten adecuadas». Desde enero de 2023, esta sociedad pública ha abierto cinco expedientes por «cesión inconsentida».