Uber gana la batalla al Gobierno vasco: la Justicia anula los 30 minutos de espera y el veto a la geolocalización

El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto para regular en Euskadi los VTC, pero apenas estuvo en vigor cuatro horas. Uber lo recurrió y el TSJPV paralizó de forma cautelar sus dos apartados más polémicos. Respecto a la obligación de esperar media hora entre cliente y cliente, la sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo interpreta que esta exigencia «dificulta de forma extraordinaria el acceso al mercado» a los VTC. Los magistrados argumentan que realizan muy pocos servicios, «la mayoría urbanos o interurbanos de corta distancia», e insisten en que esta restricción sería un «impedimento para el desarrollo del principio de libertad de empresa».

Respecto a la geolocalización, los jueces asumen que facilita la llegada del vehículo más cercano al usuario, pero remarcan que no se puede parar un VTC a su paso, «sino que hay que contratarlo previamente» a través de una aplicación, acción que registra el sistema informático de la empresa.

Lo que no pone en duda el TSJPV es la competencia del Gobierno vasco para regular los VTC. Uber pedía que se declarase nula la delegación estatal a las comunidades, pero los magistrados subrayan que estas ya «están habilitadas para modificar las condiciones de explotación» de este servicio. Además señala que, al reclamar la nulidad de un decreto ley, Uber debería haber presentado «una cuestión de inconstitucionalidad», no este recurso.

La plataforma, en cualquier caso, mostró su satisfacción con el veredicto. «Confirma que el tiempo de espera es innecesario para garantizar el requisito de precontratación en los viajes solicitados a través de aplicaciones móviles», declaró el director de Uber en España, Juan Galiardo. Y remarcó que la regulación vasca iba en contra del principio de libertad de empresa, «al limitar de forma extraordinaria el acceso al mercado de las VTC».

Los taxistas, por su parte, recibieron el fallo como un jarro de agua fría. Borja Musons, presidente de la federación vasca del gremio, lo calificó de «disparate». En su opinión, iría «en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de 2018 que sentó jurisprudencia y que dejó claro que los VTC dan una oferta diferenciada de los taxis y que se les pueden restringir funciones para salvaguardar el servicio público que damos nosotros». Desde su perspectiva, por lo tanto, la precontratación «debe existir, y esperar entre servicios también; el tiempo que sea».

El representante de los taxistas aseguró que la geolocalización va igualmente en contra de otra sentencia, en este caso de la Audiencia Nacional, que prohíbe «captar clientes en la vía pública». En la práctica, enfatizó Musons, además de que los apartados anulados ya no se aplicaban al estar suspendidos cautelarmente, «la presencia de los VTC en Euskadi es testimonial». Uber, precisó, solo tiene en las calles «seis de once autorizaciones operativas, y únicamente actúan en el Gran Bilbao».

El consejero de Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, adelantó que ha puesto el dictamen «en manos de los servicios jurídicos» de su departamento, «con vistas a presentar un recurso de casación». A su vez, el concejal de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, insistió en esta posibilidad tras recordar que «la sentencia no es firme». A su juicio, «lo que hizo el Gobierno vasco fue legislar sobre el acuerdo al que llegaron las VTC que existían y todas las asociaciones del taxi. Si eso no le gusta a Uber, tiene un problema. Se puede convivir, pero con unas reglas de juego».